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Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, ed Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de EL Salvador, hospital período 2012-2015.*
Los llamados escuadrones de la muerte creados por el fundador del partido ARENA en 1908, advice el mayor Roberto D’Aubuisson usaron el terror como un arma para impedir las reformas económicas, y una negociación con el frente para poner fin al conflicto armado iniciado a principios de los 80s ; eso mismo ocurre ahora con las Maras y quienes les patrocinan utilizan el terror y el chantaje para intimidar a la población para evitar el desarrollo normal de la gobernabilidad de la izquierda y un mayor desarrollo de las comunidades para superar los males del neoliberalismo impulsado por gobiernos de derecha.
Una pandilla es un grupo de personas que mantienen un vínculo estrecho e intenso. Puede tratarse de un conjunto de amigos cuya relación se basa en el afecto mutuo, pero también de una banda con miembros que se relacionan para realizar actividades delictivas en grupo convirtiéndose en criminales que infunden el terror y asesinatos al estilo Escuadrones de la Muerte.
En América Latina en general y en El Salvador en particular, sobre todo en los últimos años, la noción de pandilla ha adquirido una connotación negativa. La palabra suele utilizarse para nombrar a las bandas y tribus urbanas que mantienen comportamientos violentos y que suelen dominar ciertos territorios donde siembran el terror.
Los pandilleros suelen ser adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, malas relaciones familiares y adicciones. Por lo general se unen a estos grupos en busca de reconocimiento y sentido de pertenencia. Las pandillas pueden dedicarse al narcotráfico o al robo, a las extorciones, amenazas, chantajes, asesinatos entre otras actividades ilegales.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó este lunes 24 de agosto que las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y 18, y cualquier banda criminal que arremeta contra la población salvadoreña sea calificada como grupos terrorista, por sembrar el terror en la población en la población con todo su accionar delictivo. El calificativo se atribuye a estructuras violentas que cometan “atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población”.
A ello se añaden los actos contra autoridades civiles, miembros de partidos políticos, militares, policiales, penitenciarías, propiedades, extorsiones, amenazas, y otros delitos que obliguen a la ciudadanía al abandono del hogar, paros forzosos de transporte público, y otras acciones planificadas que contribuyen a la desestabilización del gobierno y a crear un ambiente de caos.
Se estima que en El Salvador hay de 30.000 a 60.000 pandilleros y cerca de medio millón de personas vinculadas a la estructura criminal de las pandillas. Las dos agrupaciones principales son la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 (que está divida en dos grupos: los Sureños y los Revolucionarios). Este fenómeno hay que enfrentarlo de manera integral y en una misma dirección entre gobierno, partidos políticos, empresa privada, sistema judicial y demás instituciones del estado y ciudadanía en general.
Las pandillas se organizan en clicas que son grupos barriales, de entre 10 y 60 personas, que controlan la actividad criminal en un territorio específico. Las clicas tienen cierta autonomía en el control de su zona, pero las cabecillas responden a liderazgos zonales y nacionales; por lo que se hace necesario que en el territorio haya organización ciudadana muy clara y consciente de trabajar con la familia, las iglesias, la escuela y la comunidad para evitar su desarrollo y expansión.
Hay que tener presente que, la principal fuente de ingresos de las pandillas es la extorsión. Las pandillas le cobran un “impuesto” a los comerciantes y a los transportistas que funcionan en el territorio que “dominan” (la Asociación de Transportistas de El Salvador estima que en 2014 le pagaron $30 millones a los pandilleros). Además, extorsionan mediante llamadas desde la cárcel en que piden una cantidad de dinero a cambio de protección a cualquier persona independientemente de su condición social o nivel de ingreso.
No debemos olvidar que el objetivo fundamental de las pandillas es el control territorial y el manejo de los mercados ilegales con la intención de generar recursos. Además, pretenden estar preparados para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta.
Existen fuertes indicios de que las pandillas colaboran con estructuras de crimen organizado locales y transnacionales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Sin embargo, la participación de las pandillas se da como un tipo de contratación, es decir, las estructuras del crimen organizado utilizan el control que tienen las pandillas de territorio para su beneficio.
Las empresas de seguridad privada y los comerciantes de armas son dos de los grupos que más se benefician con la violencia, dichas compañías son cada vez más rentables en El Salvador. Además, existen grupos informales que han vivido de la violencia desde la guerra de los 80, como escuadrones informales de vigilancia.
Las pandillas son un problema multicausal que no se resolverá en el corto plazo. El fenómeno necesita un trabajo a mediano y largo plazo que incluya al menos los siguientes puntos: planes de reinserción social, combate a la corrupción en el sistema judicial, mejoras en el sistema carcelario, un reenfoque en el modelo de desarrollo para que se preocupe más por los grandes segmentos de la sociedad y la aplicación de la política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia 2014-2019.
Hay que evitar sacar ventaja política en el manejo y tratamiento del problema de seguridad y de las pandillas, tampoco hay que hacer uso de ellos para beneficio personal o político, más bien hay que contribuir a su tratamiento integral ayudando al gobierno y al pueblo a combatir este flagelo de manera inteligente para avanzar en el proceso de cambios con miras a un El Salvador más productivo, educado y seguro hasta alcanzar el buen vivir.
