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*Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Doctor en Ciencias Sociales mención Gerencia y Profesor Universitario
de la UES.
La derecha latinoamericana y particularmente el imperio norteamericano busca detener la instauración y el éxito de los gobiernos progresistas y de izquierda que llegan por la vía de elecciones democráticas, para ello implementan una nueva forma de botar gobiernos a través de la judicialización de la política, que son parte del “golpe suave” como estrategia para salvaguardar y revivir el neoliberalismo en la región y el continente.
El concepto de lawfare fue generado por el general estadounidense, asesor del Pentágono, Charles Dunlap, quien lo definió como la táctica para utilizar la ley como medio para lograr un objetivo militar. Se trata de transformar “códigos legales en balas”.
El lawfare es menos letal, más económico, pero –en muchas oportunidades— más efectivo que acciones militares planificadas. Su principio deviene de tratar de dar una apariencia de legalidad a la excepcionalidad, a la persecución y al hostigamiento. Es ajeno al sistema democrático porque lo sustituye. Elige quién no tiene que participar en él y quién debe ser excluido. Promueve el descrédito mediático a través de la utilización del tiempo jurídico: la condena no es lo importante sino el trayecto; puede resultar inocente pero la instrucción debe ocupar las primeras planas para deslegitimar una carrera y –sobre todo— el vínculo del dirigente con los sectores sociales más desfavorecidos, sobre el que hay que imponer el máximo de inversión comunicacional mediática y de redes sociales.
El lawfare tiene particularidades en relación con la prisión preventiva. La mayoría de las constituciones de América Latina la habilitan –en la etapa de instrucción— tan solo cuando el acusado puede obstruir la investigación de la causa de la que es imputado o si existe una posibilidad de fuga. La supervivencia del neoliberalismo ha necesitado tergiversar esa doctrina para encarcelar preventivamente como mensaje mediático disciplinador (un presidente en pijama y esposado pasa a expresar el éxtasis del lawfare comunicacional). En todos los casos de las detenciones preventivas –incluso la causa por la que está detenido Lula, dado que aún no hay sentencia firme, porque está presentada la apelación— los jueces no han explicado los motivos que justifican dichas detenciones en el marco de los potenciales peligros de fuga u obstrucciones de las investigaciones. Ergo: marche preso (Elbaum, 2018).
El neoliberalismo latinoamericano ha operativizado un nuevo dispositivo orientado a perseguir a los líderes sociales y/o políticos que se oponen al pensamiento único, diseñado en los centros financieros internacionales, como aptos y funcionales para la supervivencia de sus intereses estratégicos. La judicialización de la política se viabiliza y desarrolla en los países cuya cultura política no permite –en la actualidad— la ejecución paramilitar de dichos activistas opositores, como sucede habitualmente en Colombia, México y Honduras, donde semanalmente se asesinan referentes sociales. El lawfare existe –por lo tanto— donde no se puede, aún, desaparecer o asesinar. Es un recurso que suple el exterminio.
Las características de la judicialización política represiva se asientan en una dictadura de los jueces que se asumen a sí mismos como una supra-institución que no puede ser evaluada por la sociedad civil ni rectificada por ninguno de los otros poderes. Esto sucede en El Salvador con la saliente Sala de lo Constitucional y la actuación del fiscal general de la República en el famoso caso Saqueo Público y por supuesto la participación encubierta de la embajadora de EE.UU. acreditada en el país y la complicidad del partido ARENA y la ANEP.
Los socios estratégicos del lawfare son los principales medios de comunicación (generalmente monopólicos, como el Grupo Clarín en Argentina, la Red O‘Globo en Brasil o Televisa en México, Telecorporación en El Salvador), crecientemente articulados con las redes sociales, cuya Big Data es monitoreada por centrales de inteligencia, como queda en evidencia con el escándalo Cambridge Analytica/Facebook. El objetivo es la “desaparición” del enemigo político del neoliberalismo, que se instrumenta –inicialmente— mediante la deslegitimación al interior de la opinión pública, como paso previo a su judicialización.
El sambenito o comodín lingüístico, asociado a la cruzada contra los dirigentes políticos progresistas y de izquierda (que se atreven a enfrentarse a la lógica rentista y especulativa) es la afamada corrupción. Pasan a ser corruptos todos aquellos que demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las empresas o las corporaciones. Son posibles de ser judicializados quienes reivindican lo público por sobre lo mercantil y quienes establecen política de desarrollo productivo como modelos sustitutos a las aperturas comerciales, que tienden a destruir tejidos productivos locales.
Serán víctimas prioritarias del lawfare quienes consideren que hay un territorio de lo político asociado a lo valorativo, superior a la eficiencia y la lógica tecnocrática de los expertos (formados habitualmente en microclimas favorables a intereses transnacionales). Quienes trabajen por los históricamente excluidos y marginados, quienes combatan la pobreza y quienes busquen reivindicar intereses populares.
El lawfare es la superación de la imparcialidad jurídica. Es el estado de excepción al servicio de la lucha contra la centralidad del Estado y la política (equiparables ipso facto a corrupción) y la defensa del sentido común neoliberal, autopercibido como una forma de naturalidad que los gobiernos (progresistas, izquierdistas, justicialistas, keynesianos, etc.) desafían. Para sus detractores –los dirigentes populares— no hay presunción de inocencia porque los medios se encargan de instalar la culpabilidad con insistencia diaria y sistemática. Eso permite encarcelar preventivamente o instruir una causa simplemente con la denuncia testimonial de cualquier ciudadano, testigos criteriados, e imponer jueces ad hoc destruyendo todo protocolo de jurisdicción.
En Brasil, Lula fue condenado a 13 años de prisión en el marco de una causa conocida como Lava Jato; en Argentina, la dirigente social Milagro Sala permanece detenida hace tres años por una causa que juzga el lanzamiento de huevos al entonces diputado Morales, hoy gobernador de Jujuy. Estos son ejemplos de judicialización de la política.
*[email protected], [email protected], y Blogs: sociología-politica.blogspot.com
