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Luis Armando González
Todo parece indicar –aunque hay que ser prudentes sobre estos vaticinios— que estamos en los momentos finales de la emergencia suscitada por el coronavirus. En este sentido, es más que urgente centrar la atención en otros problemas nacionales, unos derivados directamente del impacto de la epidemia, y de las medidas que se implementaron para contenerla, y otros que son previos a ella –por ejemplo, el deterioro medioambiental—, pero que igualmente no pueden (o no deben) obviarse. Tres colegas, con formación en distintas disciplinas de las ciencias sociales –y dando continuidad a un ejercio de reflexión colectiva iniciado en el marco de la crisis en la salud pública de 2020—, nos hemos hecho la siguiente interrogante: una vez que la emergencia sanitaria haya pasado, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir, desde las instancias de decisión estatales y empresariales, para encarar de mejor manera los problemas nacionales, principalmente los generados por la epidemia de coronavirus? A continuación, se recogen las respuestas de cada uno de los miembros de este equipo de reflexión.
Luis Armando González (profesor universitario): En mi opinión, hay dos pasos a seguir, si se quiere incidir, con cambios significativos, en el rumbo del El Salvador, en la postepidemia. El primero es realizar un buen diagnóstico de cómo ha quedado la sociedad salvadoreña, especialmente los sectores más vulnerables, como consecuencia de la emergencia y del confinamiento. Se requiere un diagnóstico socio-económico, sanitario y psico-social que sirva de punto de partida para el diseño de estrategias de incidencia, estatales y privadas, en orden a atender las principales necesidades de la población y también para generar una dinámica económica que haga sostenible las políticas de bienestar social que el país demanda. Aquí se impone la conformación de un equipo de trabajo, formado por cientificos sociales –experimentados y profesionalmemte competentes—, que elabore ese diagnóstico siguiendo, en exclusiva, criterios de investigación científica. El otro paso consiste en diseñar un mecanismo de concertación social, económica y política que permita, sin excluir a ningún sector relevante de la vida nacional, tomar las mejores decisiones de cara al bienestar colectivo y el futuro de El Salvador. Ya hay adelantos en este ejercicio concertador, pero debe instalarse un espacio mayor envergadura del cual salga la ruta a seguir por nuestro país en los siguiente 25 o 30 años. Ruta que, obviamente, no debería ser la misma que se ha seguido desde 1989 hasta el presente. Claro está que se puede decidir seguir como siempre, de lo cual –por cierto— no habría que extrañarse, pues es lo más fácil para quienes, de una u otra forma, han encontrado un acomodo, y sendos beneficios, en el orden establecido desde finales de los años ochenta. Sin embargo, es bueno que los tomadores de decisiones en el país se hagan cargo de esta afirmación del teórico de la economía de la conducta Richard Thaler: “muchos de los problemas más espinosos de la sociedad, desde el cambio climático hasta los conflictos del Oriente Próximo, podrían resolverse sólo si las partes involucradas pudieran encontrar la forma de comprometerse sobre la manera de proceder en el futuro” (R. H. Thaler, “Compromiso”, En J. Brockman (Ed.), Eso lo explica todo. Barcelona, Centro de Libros PAPF-SLU, 2019, p. 128).
Rommel Rodríguez (economista): En el ámbito económico, uno de los puntos por los cuales reiniciar sería retomar el plan (o agenda económica) que el Ejecutivo prometió presentar a un año de su gestión, para tener una mejor orientación de cuáles son sus apuestas económicas. Algo de ello hay –aunque insuficiente— en los fondos de reconstrucción económica por el Covid 19 y la tormenta tropical Amanda que han proporcionado los organismos internacionales y la emisión de deuda prevista en los mercados internacionales: dinero para la empresa privada, para las alcaldías, para unidades económica informales y cotizantes del ISSS. Sin embargo, la programación económica debe ir más lejos para mostrar cómo, a largo plazo, los sectores económicos afectados se volverán a apuntalar. Por ejemplo, el gobierno buscaba potenciar el turismo en la franja costera, pero las circunstancias indican que el turismo se reanudará lentamente. En esa agenda económica deben ser prioritarios los nuevos pobres debido a la contracción económica y a la falta de ingresos postcovid 19, y cómo el Estado atenderá sus necesidades básicas. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que la pobreza podría aumentar en un 10%, lo cual exige una red más fortalecida de servicios sociales básicos para proteger sus derechos. ¿Cómo hará el gobierno y cuánto espacio fiscal tendrá con un alto nivel de deuda pública? Precisamente, parte de la respuesta está en la nueva programación financiera y fiscal de las obligaciones del país, porque el pago del servicio de deuda está a la orden del día y restan recursos para atender necesidades sociales urgentes. En este contexto, sin duda será pertinente abordar el tema de una fiscalidad integral. Una fiscalidad que contribuya a la equidad y a la eficiencia del gasto gubernamental. Un tema de suma relevancia y más vital que la sostenibilidad fiscal es la sustentabilidad ambiental.
Los desastres provocados por la tormenta tropical Amanda han puesto de nuevo al descubierto las grandes vulnerabilidades territoriales, especialmente en zonas urbanas marginadas y en las zonas rurales. Esto es resultado, entre otras cosas, de un desarrollo económico desordenado, mediado principalmente por intereses privados que persiguen rentabilidad en el corto plazo. Es necesario fortalecer las regulaciones ambientales para que la economía, anclada exclusivamente en la doctrina del mercado total, no moldeé nuestro medioambiente, al menos no con la fuerza con lo que lo ha hecho en los últimos años, poniendo en riesgo la vida de muchos, especialmente los más pobres. Como punto de partida, se debe atender a los sectores económicos clave para apoyar el despegue del país y se deben reprogramar las finanzas públicas para atender a los más pobres; lo mismo que potenciar una agenda de desarrollo económico con sustentabilidad ambiental: estos son los ejes orientadores para articular estrategias más amplias para la reconstrucción de El Salvador.
Oscar González Márquez (comunicador e investigador social): Han sido meses de reacciones, discusiones y decisiones focalizadas, principalmente, en responder a la pandemia y en los impactos que esta ha tenido en las dinámicas sociales. El panorama posterior a la misma, que se empieza a trazar desde ya en los procesos de reanudación paulatina de actividades, se presenta abrumador y complejo. La pobreza y la desigualdad –dos de los grandes males nacionales, junto a la inseguridad y la violencia— han aumentado, en un país donde las brechas económica, social y cultural ya eran amplias. Pero hay una brecha que también no debe ser perdida de vista: la ambiental. Y es que la dimensión ambiental de la desigualdad tiene que ser tomada en cuenta. Por un lado, está la asimetría respecto al acceso y uso de los recursos naturales, que desfavorece y margina a determinados sectores de la población. Además, el deterioro, daño y destrucción del entorno repercute, sobre todo, en quienes son más vulnerables. No solo porque los afecta de manera directa, generándole pérdidas materiales y de vida, sino que, a posteriori, se encuentran en una situación de desprotección y pobreza mayores. Si buscar acciones contra la pandemia fue entendido en términos de urgencia, en el apartado ambiental es el cambio climático el que requiere –con cierto apremio, aunque se cuenta con más tiempo para actuar que con el coronavirus— de reflexiones y acciones firmes. No hay una receta definitiva ante el cambio climático, pero sí hay puntos en los que instancias públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, pueden aportar para generar condiciones que disminuyan, y hasta es posible que se pueda evitar, su impacto negativo. Un punto sustancial es que se deben reducir, de manera drástica, las emisiones de gases de efecto invernadero. El primer paso es revisar en profundidad el conocimiento vigente en este aspecto; si se encuentran vacíos en conocimiento, hay que llenarlos.
Luego hay que impulsar acciones para incidir en las actividades que más generan emisiones, como la industria y la agricultura. Se debe reforzar las leyes para que doten al Gobierno de más herramientas para regular las emisiones; y este debe esforzarse por el cumplimiento de las leyes existentes en materia ambiental y las actualizaciones que se hagan a las mismas. Esta reducción requiere, asimismo, de un cambio cultural y en la visión de mundo que se tiene. Hay que dejar de pensar la relación con la naturaleza en términos de dominio y de explotación descontrolada de los recursos. La sustentabilidad –con sus diversas esferas- debe volverse un aspecto central de esa relación; y debe convertirse en una meta de la gestión pública y privada. Las prácticas sustentables deben interiorizarse.
