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Por Carlos Enrique
Montevideo (Mesa América)/Sputnik)
El reciente azote del huracán Ian dejó en El Salvador varios muertos y millonarias pérdidas materiales, amén de la certeza de que las tragedias derivadas del cambio climático requieren un enfoque diferente y mayor compromiso gubernamental.
El saldo no fue peor gracias a la movilización de las fuerzas de Protección Civil, activadas cuando el meteoro era aún una tormenta en gestación, pero el abordaje, eminentemente de emergencia, no es, a juicio de especialistas consultados por la Agencia Sputnik, el más indicado para encarar este problema.
“En El Salvador no se trabaja desde los principios de prevención, ni se prepara para las manifestaciones que implican los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, con estragos mayores y una mayor vulnerabilidad”, comentó César Artigas, vocero del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú en ese país.
Para el activista, actuar cuando la emergencia ya está consumada no sirve, pues ya los estragos están hechos y las vidas perdidas: lo ideal, opina, es fortalecer una precaución integral.
“El país necesita de mecanismos e instrumentos robustos para que la ciudadanía se involucre y participe de manera activa, efectiva y en tiempo real en las discusiones y toma de decisiones respecto al medio ambiente”, enfatizó Artigas, quien lamentó la renuencia del presidente Nayib Bukele a firmar el Acuerdo de Escazú.
Entre sus directrices, el referido acuerdo obliga a publicar los estudios de impacto ambiental y las características de los proyectos propuestos, así como garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente.
Tales postulados chocan en El Salvador con una administración que flexibilizó los permisos ambientales, recortó el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y propició la realización de proyectos de desarrollo urbanístico en zonas protegidas.
“Con proyecciones que no son nada favorables en materia de cambio climático, urge que la ciudadanía esté más involucrada, que participe constantemente y sea tomada en cuenta”, insistió Artigas, a partir de la certeza de que nadie conoce los territorios y sus características como sus propios habitantes.
Puerta Abierta a la corrupción
Por otro lado, las declaratorias de emergencia entreabren las puertas a la corrupción, por la discrecionalidad para disponer de recursos públicos para, en teoría, atender las emergencias.
“La declaratoria de emergencia permite a las organizaciones del Estado tener mayor flexibilidad con el manejo de recursos, y a río revuelto ganancia de pescadores”, advierte Artigas.
El experto considera que las emergencias son aprovechadas para generar una mayor opacidad en el control de los fondos públicos y un menor compromiso con la rendición de cuentas, lo cual, afirma, está en sintonía con el perfil de los gobiernos autoritarios
Si a ello se suma la ausencia de políticas públicas a la altura de los desafíos, el panorama luce bastante sombrío para naciones vulnerables al cambio climático.
Nada de ESCAZÚ
En reciente diálogo con esta agencia, Artigas cuestionó la decisión del presidente Bukele de mantenerse al margen de la iniciativa regional que entró en vigor el 22 de abril de 2021, con la ratificación de 12 naciones.
“El Salvador eligió el camino erróneo de no avanzar en democracia ni en gobernanza ambiental, negándole al pueblo el legítimo derecho a vivir en un entorno sano, y temo que la decisión fue más política que técnica”, aseguró el activista.
En septiembre de 2020 venció el plazo para la ratificación de este convenio sobre el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pactado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
Días antes, Bukele había adelantado que no firmaría tal ratificación por discrepancias con dos artículos, los cuales no precisó, pero que estarían relacionados con permisos ambientales a proyectos de desarrollo urbanístico.
El tratado de marras entró en vigor gracias a la ratificación de Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.
Por lo pronto, los activistas promueven como pueden una educación ciudadana en temas de derecho ambiental, y que aporte insumos contendidos en el Acuerdo de Escazú, para de cierta manera llenar los vacíos legales que avalan la toma de decisiones que afectan al entorno.
