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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
El Salvador es el único país centroamericano, que reportó una ligera mejora en la percepción del uso de los fondos públicos durante 2018, a diferencia de países como Nicaragua y Guatemala, donde los ciudadanos en general tienen una percepción “muy” profunda del mal uso de los recursos.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Costa Rica, Guatemala y Nicaragua reportaron retrocesos en su calificación, mientras que Honduras y Panamá la mantuvieron.
En su décima primera edición de los Perfiles Macrofiscales de Centroamérica, el Instituto detalló que “los ingresos fiscales continuaron siendo insuficientes y decrecientes, al extremo que la carga tributaria regional pasó del 14.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 y 2016 al 14 % en 2018”.
El Icefi resaltó la mejora de Honduras y El Salvador, en su recaudación como consecuencia de “pequeñas” reformas administrativas que rindieron frutos en el corto plazo, a diferencia de Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua, siendo en este último por factores exógenos como la crisis sociopolítica que enfrenta.
“Es importante destacar que en ninguno de los países existe un plan público de combate efectivo a la evasión (…), es apropiado que los entes encargados de colectar los tributos establezcan en su plan estratégico, la reducción de la evasión y elusión tributaria; de lo contrario, aunque se aumenten las tasas o se practiquen reformas tributarias, los niveles de incumplimiento tributario seguirán siendo altos”, expuso en el documento.
Respecto a la sostenibilidad de la deuda, señaló que esta es más complicada para Costa Rica y El Salvador. “Uno con reforma fiscal, el otro con contracciones del gasto y mejoras administrativas recaudatorias, están tratando de que la deuda pública no crezca. Esto es probable, sin embargo, eso prácticamente descarta la posibilidad de mejorar la atención de las necesidades de la población en el corto plazo”, subrayó.
Asimismo, advirtió que las políticas fiscales de la región deben adoptar estrategias permanentes de evaluación de la calidad del gasto público, para verificar su eficiencia y eficacia, destinando recursos estrictamente al combate a la evasión, elusión tributaria y los flujos ilícitos de capitales para que su disponibilidad de recursos aumente.
