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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
25 años después del Huracán Mitch, catalogado como uno de los “ciclones tropicales” más poderosos y mortales, ya que dejó más de 9 mil personas fallecidas en Centroamérica por las inundaciones y deslaves que provocaron las intensas lluvias y vientos, y que además generó millones de pérdidas materiales y un retroceso de 50 años de progreso económico.
Actualmente, las condiciones en el país en la prevención frente a estos desastres, continúa inalterable, afirmó Magdalena Cortez, integrante de la Mesa Permanente por la Gestión del Riesgo (MPGR), que junto a otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron el documento “Reseña actual de El Salvador en Materia de Riesgo Post Mitch+25.
“Definitivamente, seguimos siendo un país en situación de vulnerabilidad, -les decía- que le 88.7% del territorio nacional está en condición de vulnerabilidad y el 95% de la población vive en esa extensión, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ONU (CEPAL)”, dijo Cortez.
“Esto nos da una idea que el país está en un territorio muy vulnerable y esa condición de vulnerabilidad se exacerba a partir de no tener una adecuada gestión integral del riesgo”, agregó Cortez.
En esa línea, Cortez consideró que El Salvador debe tomar una “decisión contundente y de manera urgente sobre las políticas de la gestión del riesgo”, agregando, que todo el trabajo que se realice deberá estar apoyado por diversas Carteras de Estado como agricultura, educación, medio ambiente y salud, junto a la sociedad civil organizada y la empresa privada en su conjunto.
En cuanto a la vulnerabilidad de país, Cortez señaló que una de ellas, es la posición geográfica de El Salvador en el istmo centroamericano, que es un aspecto que no se puede evadir, y, la segunda, era la zona de la cadena montañosa, una vulnerabilidad que amenaza los asentamientos humanos que residen en esos lugares.
“Creo también que algo que influye por ahora en la vulnerabilidad es el crecimiento urbanístico desordenado, que no respeta el uso adecuado de los suelos. Ahora hay gran cantidad de centros comerciales, de industria y urbanísticos”, alegó.
“Cualquiera puede decir -que bueno el desarrollo- pero si no están tomando en cuenta que quienes viven en la zona alta y que sólo va a retroalimentar a los ríos que pasan por San Salvador, así como las zonas en donde quedan las escorrentías superficiales porque se ha perdido toda la zona de infiltración de los mantos acuíferos, tendremos un desastre”, agregó Cortez.
Sobre los desastres, señaló que hay dos tipos de desastres: inmediatos y de largo plazo, así los daños que deja una quebrada desbordada que genera pérdidas a las comunidades, pero también se constituye en un desastre grave quedarse sin mantos acuíferos, aunque no sea rápido el perjuicio de quedarse sin agua natural para el consumo humano. Y son muchos los desastres por no contar con un adecuado ordenamiento territorial.
“Estamos atentos para contribuir a un Plan o Acuerdo, en donde diversas fuerzas y voces de la sociedad civil que junto al gobierno y empresa privada, participen de manera conjunta. Porque finalmente cuando hay un desastre nos vemos afectados todos y todas”, agregó.
“Hacemos un llamado a la sociedad a integrarnos y trabajar en un Plan Nacional en donde podamos articular acciones integradas y conjuntas de manera participativa para enfrentar los desastres”, expresó Cortez.
El Pacto Nacional por la Gestión Integral de Riesgo, señaló Breny Herrera, también de la MPGR, tenía el objetivo de reducir los factores que generan vulnerabilidad en el país. Además, que tendría un enfoque eco sistémico y de derechos que descansa sobre la igualdad a partir de edad, sexo y condición, en donde el funcionariado cumpla sus obligaciones, reconociendo a los afectados como sujetos de derecho.
“Construir en cualquier lado, no exigir Estudios de Impacto Ambiental y que la población sigue creciendo y pasados 25 años del huracán Mitch, muchos viven en lugares que son vulnerables. Consideramos que de seguir con un ordenamiento territorial sin tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y dejar de lado la visión prospectiva (planificación) los desastres pueden aumentar”, consideró Herrera.
“Esta vulnerabilidad es a nivel nacional, son las comunidades que están aledañas a las riberas de los ríos quienes puedan sufrir inundaciones o impactos de un deslizamiento. Recordemos Montebello, Verapaz, Guadalupe, que son producto de todo este desorden territorial de construcción, en donde la población crece y sin políticas para poder prevenir, pues es alta la vulnerabilidad”, reiteró.
El Pacto Nacional por la Gestión Integral del Riesgo, en su enfoque centra procesos y productos que se aproximen a la sociedad en su conjunto, en un nivel de resiliencia social, económica y estructural. También determina funciones que deberán asumir diversos actores a fin de reducir la vulnerabilidad e incrementar la sustentabilidad de los ecosistemas naturales y humanos.
La Gestión Integral de Riesgos, señaló la MPGR, está conformada por la Gestión Reactiva, que es cuando se atiende de manera urgente las emergencias y crisis, basado en la capacidad de organización y preparación a nivel comunal, municipal, departamental y nacional.
La Gestión Prospectiva contiene la planificación de los escenarios futuros, partiendo de los escenarios reales tipificando la exposición, el análisis de factibilidad económica y el proceso de inversión.
Y por último, la Gestión Local del Riesgo, que es un proceso en donde la comunidad toma conciencia de los riesgos que enfrentan y lo discuten y diseñan estrategias e instrumentos para neutralizarlos o reducirlos.
“Es una combinación de varias leyes, no podemos pensar en hablar de una gestión de riesgo -sin pensar- en medio ambiente o protección civil, debe ser de una forma integral.
Es decir, implementar la Ley de Ordenamiento Territorial que va a permitir no dar permisos ambientales a proyectos extractivistas. Hablamos de una gestión de riesgo prospectiva, dejando el enfoque emergencista y fortalecer el prevención”, puntualizó Herrera.
