Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Redacción YSUCA
Una violación de datos ocurre cuando partes no autorizadas acceden a información sensible, incluyendo datos personales como números de Seguro Social, cuentas bancarias, entre otros.
Esta semana en El Salvador, se filtraron datos de 974,428 salvadoreños inscritos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Se hizo público el nombre del afiliado, su dirección, salario, número de identificación personal y números telefónicos de algunos.
El fin de los hackers que filtraron los datos es que la población pueda cotejar los salarios que los diputados de la Asamblea Legislativa hicieron públicos con lo que se reporta al ISSS. Así como los salarios de otros funcionarios y empleados públicos.
Sin embargo, la filtración incluye datos de empleados públicos y privados que quedan expuestos al público.
Para Sandra Santos, académica del departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, esto constituye una grave violación de derechos constitucionales.
Santos mencionó que aunque existen herramientas legales en la legislación salvadoreña para proteger a las personas ante la filtración de datos, la realidad es que en el contexto actual del país, donde las instituciones como la Sala de lo Constitucional no están funcionando correctamente, la población queda desprotegida.
Comentó que una vía judicial es presentar una demanda de amparo ante dicha Sala. No obstante, casos anteriores, como los relacionados con la filtración de datos de la Chivo Wallet, siguen sin resolución, lo que genera incertidumbre sobre la eficacia de este recurso.
Santos subrayó la necesidad urgente de una ley de protección de datos, la cual hasta ahora ha sido vetada por el Órgano Ejecutivo.
Finalmente, insistió en que la población debe ser consciente del peligro que representa la filtración de datos, lo cual refuerza la importancia de contar con una legislación efectiva para prevenir estas vulneraciones.
