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A raíz de la publicación de la respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras el rompimiento unilateral por parte de El Salvador del acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), muchos de los seguidores del presidente Nayib Bukele salieron a su defensa, como siempre, sin entrar en detalle de los motivos, y trayendo a cuenta episodios sin contexto, y lo más lamentable, con el silencio cómplice en el momento. Por ejemplo, recriminan a la OEA su responsabilidad en el golpe de Estado que la derecha criolla y Latinoamericana que le dieron al presidente socialista de Bolivia Evo Morales. Esto es cierto, no obstante, Ni Bukele ni sus seguidores salieron a la calle o a través de las redes sociales a condenar a la OEA y a Luis Almagro, el secretario general, por el golpe.
Y es que, y eso no lo olvidamos ni debemos olvidarlo, el golpe al expresidente Evo Morales fue originado por un informe de la OEA por un supuesto fraude electoral que habría permitido la reelección de Evo. Y a pesar de que quedó claro que no hubo tal fraude de Evo, la OEA nunca pidió perdón a Evo Morales, ni a los bolivianos, mucho menos aplicó la Carta Democrática contra los golpistas y el gobierno de facto de Bolivia. Tampoco Bukele ni sus seguidores lo hicieron.
Es más, el Gobierno de Bukele tuvo acercamientos con Almagro, sabiendo que ha sido, es y será parte de un plan del imperio para desestabilizar a los gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina. Por lo anterior, recordar ese bochornoso hecho de Almagro y la OEA por su reacción ante el Gobierno de Bukele por haber roto El Salvador el convenio de creación de la CICIES con el acompañamiento de la OEA, y compararlo con lo de Bolivia, es ofensivo para Bolivia pero, sobre todo, es para ocultar la verdadera razón de la salida de la CICIES, la cual, queda claro, es porque intentaron utilizar dicha comisión como arma política, y así queda clara en la respuesta de la OEA.
La OEA recriminó al gobierno de Bukele que “la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, promulgada el 5 de mayo de 2021; la misma eventualmente beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción (…)”.
La OEA lamenta y denuncia también “la decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre al Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19.
En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”. La OEA, además, denuncia “las acciones de Gobierno encaminada a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración”.
Y lo más grave, la OEA denuncia “la recurrente actitud del gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno”.
Y, finalmente, la OEA señala que “consideraba, y así lo hizo saber a Gobierno y donantes, que sin estos elementos la lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar este proceso”.
Como se podrá observar, los puntos anteriores denunciados por la OEA deberían ser los elementos esenciales de análisis, no solo de los opositores al gobierno de Bukele, sino para sus seguidores, pues, como lo hemos dicho antes, la principal bandera electoral del ahora presidente y su partido Nuevas Ideas era la lucha contra la corrupción, lo cual, a dos años de gobierno, lo que mejor está haciendo Bukele es fomentando y ocultando la corrupción, más que combatirla.
Y no se vale tirar cortinas de humo como el Bitcoin, mucho menos comparar a El Salvador con lo ocurrido a Bolivia y a Evo Morales, pues son dos cosas totalmente opuestas.
