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Alessia Genoves
Colaboradora
El reciente informe “Índice Global de Crimen Organizado 2023”, de la Organización Global Initiative contra el Crimen Organizado, posiciona a El Salvador en el puesto 52 de 193 países a escala mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10.
En el contexto americano, el país ocupa el puesto 13 de 35 países y el 5 de 8 países en América Central, reflejando los desafíos que enfrenta en relación al crimen organizado, los mercados criminales, los actores criminales y la resiliencia institucional.
Los registros oficiales reportaron hasta 154 homicidios intencionales al cierre de 2023, una cifra menor respecto a los 496 de 2022, según la Fiscalía General de la República (FGR); aunque un total de 5,775 presuntas vulneraciones de derechos humanos durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales vigente, según organizaciones como la Fundación Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Mátías Delgado” (Idhuca).
El Salvador en las Américas
El Salvador, a escala global ocupa el puesto 52 de 193 países, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10. En contraste, otros países de la región presentan puntuaciones diferentes: Honduras (6.51 – puesto 36), Guatemala (6.38 – puesto 40), Belice (5.86 – puesto 54), Nicaragua (5.67 – puesto 62), Costa Rica (5.40 – puesto 68) y Panamá (5.17 – puesto 76).
En el ámbito americano, El Salvador se ubica en el puesto 13 de 35 países, mientras que otros países de la región presentan las siguientes posiciones: Estados Unidos (4.98 – puesto 92), Canadá (4.61 – puesto 117), México (6.84 – puesto 28), Colombia (6.74 – puesto 30), Perú (6.10 – puesto 49), Brasil (5.96 – puesto 51), Venezuela (5.85 – puesto 55), y Argentina (5.76 – puesto 59).
Dentro de América Central, El Salvador ocupa el quinto lugar de 8 países, superado por Honduras (6.51 – puesto 1), Guatemala (6.38 – puesto 2), Belice (5.86 – puesto 3) y Nicaragua (5.67 – puesto 4), pero por delante de Costa Rica (5.40 – puesto 6), Panamá (5.17 – puesto 7) y México (6.84 – puesto 8).
La resiliencia institucional de El Salvador, con una puntuación de 3.21 sobre 10, se evalúa a través de diferentes aspectos: liderazgo político y gobernanza (2.00), transparencia gubernamental y rendición de cuentas (2.00), cooperación internacional (4.50), políticas y leyes nacionales (4.00), sistema judicial y detención (2.00), cuerpos de seguridad (3.00), integridad territorial (5.50), lucha contra el lavado de dinero (3.50), capacidad de regulación económica (2.00), apoyo a víctimas y testigos (3.50), prevención (4.00) y actores no estatales (2.50).
Crimen Organizado en El Salvador
El informe detalla los índices del crimen organizado en El Salvador, otorgándole una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10, compuesta por una puntuación de 5.43 en mercados criminales y 6.40 en actores criminales. La puntuación de resiliencia es de 3.21 sobre 10.
En cuanto a los mercados criminales, las puntuaciones más altas corresponden a la trata de personas (7.00), el tráfico de personas (7.00), la extorsión y cobros ilegales por protección (7.50), el tráfico de armas (7.00), el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales (5.50), el comercio de cocaína (7.50), el comercio de cannabis (7.00) y los delitos financieros (6.50).
En relación a los actores criminales, los grupos de tipo mafioso obtienen la puntuación más alta (8.50), seguidos por las redes criminales (7.00) y los actores integrados en el Estado (7.50). Los actores extranjeros (4.50) y los actores del sector privado (4.50) presentan puntuaciones más bajas.
Menos homicidios y derechos humanos
En cuanto a los homicidios intencionales, en 2022 se registró un total de 496 homicidios intencionales, de los cuales 429 estuvieron relacionados con la delincuencia general. Sin embargo, en el año 2023, la cifra total de homicidios intencionales disminuyó a 154; y ya durante los primeros cinco meses del año 2024, se han reportado 51 homicidios intencionales.
Pero organizaciones han documentado presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el período del régimen de excepción, que se ha extendido desde marzo de 2022 a septiembre de 2023. Según sus datos, un total de 5,495 casos y 5,775 víctimas han sido registrados por organizaciones como Cristosal (con el 63% de casos), Idhuca (con registro de 1,091 víctimas), Fespad, SSPAS, Amate, Red de Defensoras y Azúl Originario.
