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Gloria Silvia Orellana
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Celia Medrano, consultora y especialista en derechos humanos, afirmó que “El Salvador no es un Estado democrático. Y no hay respeto a normas básicas del debido proceso legal”. Medrano lamentó la falta de garantías de los derechos de la población en diferentes ámbitos y problemáticas que impactan al país.
“Pretender analizar lo que sucede en El Salvador asumiendo que en el país actualmente existiera democracia, independencia de poderes, respeto al debido proceso legal y Estado de Derecho es un error”, agregó.
Lo preocupante, agregó Medrano, es que muchos actores de la Comunidad Internacional justifican y toleran “ambigüedades en su relación con un gobierno que ha decidido violar derechos humanos como política de Estado”, sin considerar las graves agresiones al Estado de Derecho.
“Como plantear que aunque una reelección presidencial sea inconstitucional cuenta con apoyo de la población. Sin embargo, no se profundiza en las múltiples prácticas fraudulentas durante las elecciones de este 2024 que ponen en duda, si realmente las personas votaron por el número actual de diputaciones de mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa”, argumentó.
“Se requiere una posición más inequívoca de la Comunidad Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos que se han convertido en norma en El Salvador, frente a casos de tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias y más de 300 muertes de personas privadas de libertad desde la vigencia ininterrumpida del estado de excepción por más de 2 años en el país”, sostuvo Medrano.
De igual forma, abordó el tema del hacinamiento carcelario que se calcula por encima de las cien mil, las personas adultas privadas de libertad. Y que “Crímenes de Lesa humanidad” se hayan convertido en una norma en El Salvador, Y lamentó, que no se encuentren “representaciones diplomáticas u organismos internacionales”, que expresan un rechazo total frente a esta situación.
El Salvador frente a la CIDH y sus compromisos internacionales
Actualmente, hay un informe que prepara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que abordará la “implementación del régimen de excepción” con vigencia desde marzo de 2022. y cuya reacción del gobierno ha sido que “es necesaria” para la persecución de miembros de grupos pandilleriles.
“Se espera este año un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre El Salvador. Este organismo ya se ha pronunciado en contra de la continuidad del régimen de excepción y ha conocido de graves casos denunciados por organizaciones salvadoreñas en audiencias y reportes”, manifestó.
“También, el Comité Internacional contra la Tortura, Relatores y expertos independientes del sistema de Naciones Unidas han hecho llamados a El Salvador para que no continue el régimen de excepción”, indicó Medrano.
En cuanto a la Unión Europea (UE), Medrano agregó que ha reconocido que existe un “clima de intimidación” en El Salvador, dirigido a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y señaló que la continuidad del Estado de Excepción, las detenciones masivas y la falta de garantías procesales “ejercen una presión indebida sobre el Estado de Derecho y los derechos humanos” de la población salvadoreña.
“En promedio se denuncian durante el primer trimestre de 2024, dos desapariciones por día en el país, pero El Salvador se niega a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, expresó.
“Y pese a más de 300 muertes de personas encarceladas durante el Régimen de Excepción, el gobierno salvadoreño también se niega a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, señaló Medrano.
Para la experta en derechos humanos, la falta de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también contradice cualquier plan, programa o política de Estado en beneficio al 53.3% de la población salvadoreña.
Órgano Judicial y la seguridad jurídica
En cuanto al trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, se destaca la falta de resolución de Habeas Corpus en los últimos dos años. Ha resuelto tan sólo 31 de las más de 5 mil Habeas Corpus presentadas.
Organizaciones de defensa de derechos humanos han denunciado que la Sala ha hecho un “rechazo sistemático masivo de las demandas”, lo que ha provocado en estos dos últimos años la falta de acceso a la justicia de las personas afectadas así como de sus familiares que buscan la libertad de sus seres queridos.
“Es grave que de 5 mil Hábeas Corpus interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia entre marzo 2022 a marzo 2023 esta instancia solo haya admitido 108 Recursos que pueden salvar vidas a personas privadas de libertad”, reseñó.
