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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En la presentación del tercer informe sobre “Agresiones Contra Personas Defensoras y Periodistas: análisis 2023”, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD) da cuenta de 226 casos de agresiones, el “más alto” de los últimos años.
“El Salvador ya no es el país de hace 5 años. Hay un desmantelamiento de la institucionalidad democrática y cambios profundos en la división de poderes, es así como funciona el Estado mismo”, observó, Gabriela Colocho, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), también integrante de la MDDD.
“Las garantías constitucionales que teníamos antes ya no las tenemos, si bien la forma en que había funcionado el acceso a la justicia era compleja de por si, en estos últimos 5 años se ha agravado”, añadió.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos es un espacio de articulación, que surge con la finalidad de promover el reconocimiento y la protección de la labor de las personas defensoras y del derecho de personas y colectivos a defender sus derechos.
Con este informe la MDDD pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad que viven las personas de ejercer sus derechos fundamentales a expresarse libremente, así como, de recibir o dar información, entre otros, cuya evidencia de retroceso generan preocupación.
“De cara a lo que se viene -como ya decíamos-, vamos a entrar en un segundo mandato del que tenemos que decir que es inconstitucional. Y es desde allí, que indica el rumbo que va a tomar esta forma de hacer política, de hacer gobierno y del funcionamiento de las instituciones”, manifestó.
“Actualmente, ya no hay un marco normativo de reconocimiento, este problema lo invisibilizan las instituciones lo niegan. Hubo audiencias temáticas del Sistema Interamericano (CIDH) en donde funcionarios han dicho que estas violaciones no están pasando, y que no hay denuncias”, manifestó Colocho.
Colocho lamentó que muchos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, enfrentan amenazas, y algunos hasta capturas de familiares o ellos mismos, por parte de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), para manipular el trabajo que realizan en la denuncia y fiscalización ciudadana.
Vidalina Morales, de Santa Marta ADES, Sonia C *, de MOVIR, y Silverio Morales, de MILPA, señalaron la presión que reciben de autoridades del Estado, y cómo ha impactado en sus vidas la criminalización por su resistencia en los territorios.
“La preocupación es que la violencia va en escalada y la violencia contra personas defensoras y periodistas o grupos particulares como las comunidades que han estado históricamente en resistencia en el territorio y Pueblos Originarios, son grupos que están en una situación de desventaja, así como las mujeres defensoras de territorios y las mujeres periodistas”, expresó Colocho.
La violencia digital de personas defensoras y periodistas
Esta violencia se ha convertido, explicó, Colocho, en una forma cada vez más común de intimidación y represalia contra personas defensoras y periodistas en El Salvador, que durante el año 2023 registraron casos de ciberacoso, difamación en línea y ataques coordinados en redes sociales.
“La violencia digital ha sido una de las modalidades de agresión más recurrentes en los análisis presentados por la MDDD, que implica un patrón de actuación de instituciones y funcionariado público, que incitaron a dinámicas de violencia, las que trascienden el espacio digital. Sólo en un período de 3 meses del año 2023, se registraron 655 agresiones virtuales a mujeres periodistas”, añadió.
“Esta es un afectación importante a las personas o grupos que defendemos derechos humanos, que tendremos que trascender este discurso de estigmatización y deslegitimatización a esta labor y que más allá, del discurso de odio esto trascienda a un atentado contra nuestra integridad y vida”, opinó Colocho.
Sobre la caracterización de casos de agresiones a personas defensoras y periodistas, el informe analiza 226 casos de agresiones (2023), reporta un “aumento significativo” que equivale a un 24.17% al compararlo con el año 2022, que constituye un “escenario de mayor riesgo” para el ejercicio de derechos humanos.
Instancias regionales como la CIDH, en sus informes de observación han reiterado “su preocupación respecto a esta tendencia de casos de amenaza, hostigamiento, persecución y afectaciones” a personas defensoras.
“En casos individuales se analizaron 145, en donde analizamos variables como género y rango de edad, en donde muestra un 51.03% de personas afectadas de género femenino y un 45.90% fueron para el género masculino, y un 2.07% contra personas LGBTIQ+ , específicamente mujeres trans”, dijo.
En el análisis del rango de edad de las personas afectadas por las agresiones individuales un 72.41% a personas adultas (30 a 59 años), seguidas del 20% de personas jóvenes (18 a 29 años) y un 6.90% de las agresiones fueron a personas adultas mayores.
“Creemos que es un escenario adverso y complejo por los conflictos comunitarios, ambientales y económicos, estamos en un contexto de un cambio político administrativo, reiteró Colocho.
Modelo de seguridad versus derechos humanos
Nataly Paz, de la Red de Defensoras e integrante de la MDDD, señaló que en los últimos cinco años El Salvador ha implementado un modelo de gestión de seguridad pública que se fundamenta en la suspensión de derechos, que en su primer ensayo fue por la “pandemia del COVID-19”, y que ahora es una medida institucionalizada que restringe las garantías judiciales.
“La restricción de las garantías constitucionales bajo la vigencia ininterrumpida del régimen de excepción, paradójicamente esta experiencia de la cual muchos países de la región parecen deslumbrase en términos de popularidad, que ha significado en términos prácticos una crisis de derechos humanos materializada en detenciones arbitrarias masivas”, enfatizó.
“A estas violaciones a los derechos humanos se suma la desaparición forzada, la crisis en el sistema carcelario, la tortura, malos tratos y muertes bajo custodia del Estado. En este orden, el régimen de excepción es la punta del iceberg de una política de Estado que desde 2019, ha concentrado el poder en manos de la presidencia y su círculo de poder”, agregó Paz.
Desde un análisis “político” la población vive bajo un modelo de “gobernanza represiva” y que es aceptada por la sociedad. Y que ha desmantelado la independencia de poderes y la institucionalidad y el silencio de otras como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), que fue creada con el propósito de defender a la población de agresiones del Estado.
“Este control combina la actuación de la fuerza pública, las actuaciones judiciales, fiscales y administrativas que son en definitiva inconstitucionales y contrarias al debido proceso . El régimen permite como legales estas conductas por parte de los agentes estatales, que terminan por criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, sostuvo Paz.
Régimen de excepción genera grave crisis de derechos humanos
Gabriel Labrador, Relator del Derecho de Libertad de Prensa de la APES, comentó, a manera de conclusiones sobre el informe de la MDDD, que “era preocupante la crisis democrática y de derechos humanos en el país”, que esto agudiza los escenarios de riesgo para ejercer la labor de defensa de los derechos y la libertad de expresión, de prensa y otras libertades cívicas.
“Las organizaciones firmantes (MDDD) consideramos importante señalar que muchos registros que se conocen desde el trabajo con las comunidades y los territorios, no han podido ser documentados. Esto implica la existencia de un registro mucho mayor al presentado en este documento, que acreditan diversas organizaciones y otros colectivos”, dijo.
“El régimen de excepción ha representado un instrumento para la criminalización de la labor de defensores y periodistas. Su vigencia como política de Estado ha buscado restringir un catálogo de derechos humanos que son de carácter absoluto, y que se convierte en un escenario de mayor desprotección para ciertos grupos de personas defensoras y periodistas”, puntualizó Labrador.
