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El director residente de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), Preston Winter, anunció, a finales de la semana pasada, que El Salvador no es candidato para optar a un tercer FOMILENIO, ya que no ha cumplido con algunos de los indicadores (Scorecard), entre ellos el número uno: el control de la corrupción.
A los salvadoreños debería llamarles la atención la principal razón por las cuales no se pueda acceder a una ayuda de los Estados Unidos a través de la MCC, por el tema de la corrupción.
En primer lugar, porque el actual Gobierno giró toda su campaña electoral denunciando la corrupción y abanderando la transparencia. Sin embargo, ha bastado año y medio en el gobierno para darse cuenta de que ese discurso contra la corrupción ha sido nada más que eso, un discurso, pues los señalamientos de sospecha de corrupción y la poca transparencia han estado a la orden del día.
Innumerables han sido las denuncias de diversos sectores de posibles acometimientos de actos de corrupción, que el Gobierno responde con improperios contra quienes lo señalan y cierra las válvulas de la transparencia.
En el manejo de la pandemia, por ejemplo, hay varios requerimientos en la Fiscalía General de la República de la posibilidad del cometimiento de actos de corrupción, lo mismo ha sucedido en el Tribunal de Ética. Hasta la CICIES, una entidad creada por el presidente Nayib Bukele, precisamente para investigar actos de corrupción en el gobiernos, de forma timorata, ha presentado ante la Fiscalía presuntos casos de corrupción en el Ministerio de Salud, en el manejo de los fondos para combatir la pandemia de la COVID-19.
La Asamblea Legislativa, incluso, ha creado una Comisión Especial para investigar el uso de más de tres mil millones de dólares para el combate a la pandemia, dado que los diferentes funcionarios de gobierno se niegan a acudir a la Asamblea a dar un informe detallado.
Hasta hoy, el Gobierno ha logrado mantener la simpatía de la población, haciéndose la víctima, y ha trasladado el tema de la corrupción como un discurso político de la oposición para dañar la imagen del Gobierno. Y la población salvadoreña, de acuerdo con las encuestas, cree en el discurso del presidente y guarda silencio sobre las sospechas de corrupción.
Pero cuando la MCC dice que El Salvador no puede optar a un tercer FOMILENIO, porque se han incumplido los indicadores que esta mide, entre ellos de la lucha contra la corrupción, entonces el tema no es para afectar la imagen del gobierno del presidente Nayib Bukele, sino porque algo está ocurriendo y los salvadoreños deberían mostrar interés en el tema, como en tiempos pretéritos.
En el tema del Fomilenio, El Salvador seguramente ha incumplido al menos la mitad de los quince indicadores establecidos por la MCC.
Los quince indicadores que esa entidad mide para favorecer a un país con la ayuda de los Estados Unidos son: control de la corrupción, derechos políticos, libertades civiles, gobierno efectivo, libertad de información, inflación, calidad regulatoria, política comercial, derecho y acceso a tierras, acceso al crédito, género en la economía, gasto total en salud, tasas de inmunización, salud infantil y tasa de matrículas de las niñas en educación secundaria.
A lo anterior habría que sumarle el incumplimiento de este Gobierno de haber colocado en el presupuesto general de la nación para el año 2020 los fondos correspondientes a la contrapartida, equivalente a los 50 millones de dólares.
Pero el Gobierno no solo no presupuestó el monto de contrapartida, sino que, además desatendió la salida que la Asamblea Legislativa le dio, hace más tres semanas, cuando distribuyó más de 350 millones de dólares que eran remanentes de los mil millones de dólares que el gobierno había adquirido con la colocación de Letras del Tesoro Público de El Salvador (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES). Las alertas están dadas, incluso de instituciones serias y respetables como la MCC, de los salvadoreños depende que estas se atiendan a tiempo.
