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Montevideo (Mesa América)/Sputnik
El Salvador necesita más participación ciudadana que nunca, pese a la cooptación estatal de las instituciones reguladoras, aseguró a la Agencia Sputnik la abogada Ruth López, quien recién emplazó a la Corte de Cuentas a investigar pagos indebidos de protección policial en el país.
“Teniendo en cuenta que la opacidad y la falta de transparencia es uno de los rasgos característicos del Gobierno del presidente Nayib Bukele, se hace más imperiosa la participación y la demanda de la ciudadanía, aun cuando se sepa que las instituciones de control no funcionan”, recalcó López, jurista de la organización de derechos humanos Cristosal.
El reclamo de Cristosal sigue a la publicación de un reportaje de la Revista Factum, a partir de filtraciones del colectivo de hackers Guacamaya, que aporta evidencias de que la administración Bukele destina fondos públicos a pagar protección policial a personas investigadas por corrupción o que no pertenecen al aparato estatal.
En particular destaca la figura del empresario Herbert Saca, un operador político investigado por su presunto papel en esquemas de corrupción durante el mandato de su primo, el expresidente Antonio Saca (2004-2009) y de su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), uno preso y el otro prófugo de la justicia salvadoreña. La denuncia periodística recibió la callada por respuesta de parte de los partidarios de Bukele, y tampoco hay mucha esperanza de que la Corte de Cuentas investigue al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, como solicitó Cristosal en su reciente demanda.
“En El Salvador el sistema de control esta cooptado por el Ejecutivo, no son instituciones independientes que permitan controlar el poder y que se asegure una rendición de cuentas efectiva”, explicó López, quien, no obstante, reivindicó la necesidad de hacer uso de las herramientas existentes.
En su conversación con esta agencia, López explicó que agotar todas las posibilidades en el país permite luego recurrir a instancias internacionales, amén de que se le demuestra a la ciudadanía la importancia de tener un sistema de control independiente.
“Pero en El Salvador estamos muy lejos de tener una democracia, que implica no solo tener un sistema de garantías de los derechos de los ciudadanos, sino un sistema de control eficiente”, lamentó la experta.
Cristosal, colectivo consagrado a la lucha por los derechos humanos y las garantías constitucionales, pide cuentas por la asignación de agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes, pagados con fondos públicos, a personas que no están comprendidas en la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial.
Factum accedió a 16 documentos, incluidos reportes oficiales, con firma y sello policial, que dan cuenta de que Saca contó con servicio de seguridad pagado por el Estado al menos hasta diciembre de 2021.
El reportaje también reveló que la Policía Nacional Civil destinó una protección especial a José Luis Merino, una figura influyente de la izquierda salvadoreña, conocido como Comandante Ramiro, el locutor Salvador Alas, y consejeros y asesores de Casa Presidencial y el gobernante partido Nuevas Ideas.
La filtración fue acreditada a Guacamaya, grupo de “hacktivistas” (hackers activistas) de presunto origen centroamericano, especializado en exponer el papel de militares y políticos en el ocultamiento de los estragos ambientales, el espionaje de líderes comunitarios y periodistas, y la compra de voluntades en los gobiernos.
