Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Kendra Cordero
@KendraCordero_7
Colaboradora
Oscar Cabrera, de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), se refirió en la entrevista de Radio YSUCA sobre la desigualdad financiera en El Salvador, y cómo afecta a los que tienen menos. “Las políticas económicas no es cierto que sean neutras, las políticas económicas siempre han venido beneficiando al 10% más rico de la población”, dijo.
Cabrera dijo que el cumplimiento de los derechos humanos para los y las ciudadanos en El Salvador marca la diferencia en que la política económica beneficia más a los ricos y que por medio de esta, las élites inciden en las políticas públicas, las cuales los benefician a ellos mismos.
El doctor en economía destacó que El Salvador requiere de un conjunto de políticas públicas totalmente diferentes a las actuales para que se puedan enfrentar los impactos que tuvo la pandemia de COVID-19 y para enfrentar el incremento de la inflación a escala mundial.
Cabrera detalló que FUDECEN ha desarrollado estudios desde la perspectiva económica basada en el respeto a los derechos humanos, en los cuales, por medio del enfoque han evaluado las desigualdades y la pobreza desde una perspectiva multidimensional.
En los estudios, han identificado que “las políticas públicas no están cumpliendo con los derechos humanos, las desigualdades están desacertándose, a partir del COVID-19 las políticas económicas son las ausentes en esta situación, lo que ha generado brechas de desigualdad, brechas de pobreza y al mismo tiempo una incapacidad del Estado salvadoreño de alcanzar consensos mínimos con todas las fuerza sociales”, detalló Óscar Cabrera.
Cabrera comentó que se han elevado los niveles de polarización y no se ve un proyecto económico que cumpla con los derechos humanos, por lo que se reflejan en la economía bajos niveles de inversión, una inadecuada transformación productiva, y bajos niveles de producción laboral. Cabrera destacó que “hay una ausencia de políticas públicas desacertada por la dolarización de 2001 que eliminó una serie de políticas de demanda necesaria para el cumplimiento de los derechos humanos”.
Óscar Cabrera concluyó que «las políticas económicas han fracasado» esto debido a que en el país 1.8 millones de hogares están en condiciones de pobreza, de esa cantidad 500 mil están en pobreza extrema, según lo estimado de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2022.
