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El Presidente de la República, diagnosis Salvador Sánchez Cerén, sovaldi aclaró que El Salvador “es absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos. En este marco, la Policía Nacional Civil (PNC) está dando cumplimiento a la notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que pesa sobre ciudadanos salvadoreños”.
Estas declaraciones del mandatario salvadoreño se dan, luego de la captura de los cuatro militares (Alfredo Benavides, Antonio Vargas, Angel Pérez Vázquez y Tomás Zarpate Castillo) de los 17 implicados en el asesinato de los Jesuitas y solicitados por la justicia española, que solicitó la difusión roja a la INTERPOL.
Mediante un comunicado, el Gobierno de El Salvador afirma que “en 1956 se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Estatuto de INTERPOL, del que El Salvador es miembro desde 1959”.
Este reglamento regula las denominadas notificaciones rojas, cuya finalidad es localizar a una persona buscada y detenerla o limitar su desplazamiento con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas. “El Estado salvadoreño tiene el compromiso de cumplir estos instrumentos internacionales”.
Además, considera que en cuanto a la notificación roja, han existido diversos pronunciamientos por parte del Órgano Judicial. El 24 de agosto de 2011, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que la notificación roja es un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura de los mismos ni equivale a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, recuerda el Gobierno.
Sin embargo, el 24 de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de habeas corpus ref. 220-2015, calificó como inaceptable el precedente establecido el 24 de agosto de 2011 por el Pleno de la Corte “porque desnaturaliza las atribuciones de Corte Plena y de INTERPOL, así como tergiversa la utilización de una herramienta de cooperación policial internacional creada con fines específicos”, y concluye que la notificación roja no se limita a una simple orden de localización, sino que implica la captura del procesado, retoma el Gobierno.
Mediante resolución del 2 de octubre de 2015, el Pleno de la Corte declaró que: “La publicación de una notificación roja tiene por objeto la detención de una persona en el territorio de un Estado, para ulteriormente ser entregado a otro, por existir un proceso o una condena penal pendiente en su contra.
Esto porque la naturaleza de dichas notificaciones es que constituyen verdaderas órdenes de localización y captura de personas”.
Ante el cambio de criterio del Órgano Judicial y con el compromiso de formalizar las solicitudes de extradición, el 4 de enero de 2016 el Juez Central de Instrucción N.° 6 de Madrid, España, emitió una resolución en la que reiteró a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención que se encuentran en vigor contra las personas procesadas, sobre quienes existen notificaciones rojas.
En virtud de la decisión del referido Juez español y la notificación roja, el 12 de enero de 2016 el director general de la PNC hizo la consulta pertinente a la Corte Suprema de Justicia, la cual fue declarada improcedente.
‘En consecuencia, la PNC dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias. En tal sentido, con fecha 5 de febrero de este año, se detuvo a cuatro de las personas requeridas, en total apego a la ley y respetando plenamente sus derechos fundamentales”, sostiene el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén.
En consecuencia, aclara el Gobierno, los capturados han sido puestos a la orden de las autoridades judiciales de nuestro país, las que deberán decidir sobre la libertad o la extradición.
El Gobierno reafirma su compromiso con la institucionalidad y con el cumplimiento de los principios establecidos en los Acuerdos de Paz, que abrieron el camino para la justicia, la reparación, el perdón y la reconciliación; y reconoce además el nuevo rol que juega la Fuerza Armada en el cumplimiento y respeto de la Constitución.
Reacciones tras la captura
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo la tarde de ayer una reunión a puerta cerrado, en Casa Presidencial, con los dirigentes de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para hablar sobre el tratamiento a la difusión roja emitida por la INTERPOL y sobre las cuatro detenciones.
Entre los dirigentes de los partidos que estuvieron en la reunión están: Medardo González, del FMLN; Manuel Rodríguez, del PCN; Rodolfo Parker, del PDC; Andrés Rovira, de GANA, y Jorge Velado, de ARENA.
“La reunión felizmente llegó a la conclusión de que en ninguna manera se han puesto en riesgo los Acuerdos de Paz, lo que ha ocurrido tiene que ver con los compromisos del Gobierno de nuestro país, de El Salvador con convenios internacionales”, explicó Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
Medardo González, Secretario General del FMLN, explicó esta mañana que los partidos políticos tuvieron un intercambio importante con el Presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Tomando en cuenta, que el Gobierno cumplirá los tratados internacionales, pero corresponde el Sistema Judicial darle una interpretación a esta situación”, recalcó.
Jorge Velado, presidente del partido ARENA, señaló luego de la reunión que: “definitivamente, nosotros pensamos que la extradición no procede y eso el lo que la Corte ya dijo y esperamos que así sea su resolución. Nosotros apoyamos la decisión que nos dijo el Presidente de la República y es que estamos de acuerdo en que este país debe ver hacía adelante”.
El coronel Antonio Almendariz, del PCN, dijo que: “se debe explicar porqué se dio esta medida (aprehensión) si ya se juzgó este caso, creo que los salvadoreños debemos de aprender a perdonar, los salvadoreños queremos vivir en paz.
Acá ningún tratado internacional nos debe hacer abrir el pasado, lo mejor es crear una comisión investigadora”, consideró.
