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Alessia Genoves
Colaboradora
El Salvador experimentó un desplome de 18 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de 2024, al obtener una puntuación de 44.01 sobre 180 y ubicarse en el puesto 133, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Esto contrasta con su calificación de 51.36 puntos y el puesto 115 que ocupó en 2023. A pesar de no registrar asesinatos de periodistas, las vulneraciones persisten según el informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
El deterioro más significativo se observa en el Indicador Político, que cayó de 38.13 puntos en 2023 a 29.21 en 2024 (puesto 150).
Este indicador mide “el respeto de los Estados hacia la libertad de prensa y el pluralismo mediático”, según RSF.
Sin embargo, el Indicador Económico mejoró de 41.47 a 42.23 puntos (puesto 101), y el Legislativo avanzó de 55.85 a 50.30 (puesto 122), reflejando una mejora en “el marco legal”, señala RSF.
El Indicador Social retrocedió de 49.32 a 49.27 puntos (puesto 128), evidenciando hostilidad hacia los medios. Finalmente, el Indicador de Seguridad disminuyó de 72.03 a 49.04 (puesto 127), pese a no reportarse asesinatos de periodistas.
Contexto regional y mundial restrictivo
En América, El Salvador se sitúa entre los países con mayores restricciones. México es “el más peligroso, con 72 periodistas asesinados en la última década”, advierte RSF.
En Guatemala, “el encarcelamiento de Jose Rubén Zamora atestigua las amenazas al gremio”. Nicaragua, Venezuela y Cuba ocupan los últimos puestos regionales, donde “el periodismo está sometido a censura, detenciones y trabas”, según RSF.
A escala mundial, El Salvador supera a países como Afganistán (178°), donde “el periodismo se asfixia bajo regímenes autoritarios”, según RSF. Pero dista de los estándares de Noruega (1°), Dinamarca (2°) y Suecia (3°).
Contextos de vulneración
El panorama mediático salvadoreño incluye medios tradicionales y digitales, aunque algunos de estos últimos se han visto obligados al exilio por presiones gubernamentales. El presidente Nayib Bukele ha sido acusado de hostigar y amenazar a periodistas críticos, utilizando “la difusión de propaganda oficial y el descrédito de los medios independientes”, según APES.
Según Reuters, existe una “granja de trolls” al servicio de Bukele para atacar a periodistas. Además, se han documentado “visitas intimidatorias de agentes policiales a oficinas de medios independientes”, advierte APES.
En el contexto mediático se destaca que, pese a que “la libertad de expresión está amparada por la Constitución”, según APES, el gobierno ha declarado confidencial la información sobre gasto público desde la pandemia.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, “limita garantías constitucionales como la confidencialidad de la correspondencia privada”.
La Asamblea Legislativa estableció “penas de prisión de 10 fgka 15 años a quienes transmitan mensajes que pudieran generar pánico”, advierte APES, lo que podría utilizarse para criminalizar el periodismo. Sin embargo, la observación es anacrónica, pues la reforma al inciso segundo del artículo 345-C a la que refiere, terminó derogándose en la Asamblea Legislativa con 75 votos a favor, en el mes de noviembre de 2023; por lo que ya no es posible su aplicación, cuando menos contra periodistas.
En el contexto de las hostilidades, también se destacan observaciones. “El discurso dominante contrario a la prensa hace que los periodistas enfrenten ataques constantes en redes sociales y amenazas contra su integridad”, señala APES. “Funcionarios se han sumado a las agresiones y descalificaciones, siendo las mujeres periodistas las más afectadas.”
Aunque no hubo asesinatos, “la policía perpetró agresiones injustificadas durante coberturas, sin sanciones”, denuncia APES. Tampoco hay avances en la investigación de “escuchas telefónicas a periodistas mediante Pegasus, entre 2020 y 2021”. En el plano electoral: APES registró 319 vulneraciones al ejercicio periodístico en el proceso electoral, de las cuales “224 fueron durante las presidenciales y legislativas”. “La principal agresión fue la constante restricción a la prensa en los centros de votación”, denuncia APES, con “intimidación, declaraciones estigmatizantes y acoso digital”, perpetradas por “agentes policiales, fiscales y representantes del oficialismo”.
