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Recientemente, los diputados hicieron reformas a diferentes marcos normativos, entre éstos, a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Para el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva, esta reforma va en el sentido que el Estado tenga fácil acceso a la información de la población, lo cual implica menos garantías para los ciudadanos.
“En un Estado policial son los cuerpos de seguridad los que tienen el poder de controlar a los ciudadanos, con un gran despliegue de mecanismos de vigilancia. Todo en nuestro país va apuntando hacia la constitución de un Estado policial”, dice el rector de la UCA.
Según Oliva, estas reformas no representan un avance en la persecución del delito, sino que sirven para facilitar al Estado el acceso a información privada y confidencial de los ciudadanos.
“A través de la intervención a las telecomunicaciones se puede hacer una mejor persecución del delito, pero esto ya se podía hacer con la ley 285 que fue aprobada en el año 2010, que tuvo un par de reformas”, explica el padre Andreu Oliva.
Oliva señala que ahora el resguardo de la información no está en manos adecuadas y puede ser usada en contra de la población, es por ello necesario contar con una Ley de Protección de Datos.
Las reformas que se hicieron en el Legislativo también han venido a cambiar la estructura de los juzgados, ya que se crean juzgados contra el crimen organizado y de garantía, sobre esto el rector de la UCA Andreu Oliva dijo que ahora se tiene un Sistema Judicial al servicio del Ejecutivo.
Oliva dijo que todo esto genera preocupación, principalmente en aquellos que defienden derechos humanos, ya que se genera un aparato de control desde el Estado y puede servir para reducir las libertades y derechos de la población.
El régimen de excepción que se vive desde marzo pasado es un ejemplo de un Estado policial, ya que se detiene a quien se considera sospechoso o culpable, se vulnera el derecho a la defensa, no existe un debido proceso, los capturados pueden permanecer en los centros penales por meses o años, sin un juicio, dice el rector de la UCA.
