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Eugenio J. Ríos
El Salvador, las comunidades, las autoridades locales, todos, así como los gobiernos amigos y los organismos internacionales que contribuyen con el difícil tema de la seguridad, deben sentirse satisfechos de los avances logrados en el combate a la violencia y la criminalidad.
Y efectivamente desde la puesta en marcha del Plan El Salvador Seguro y las medidas extraordinarias aprobadas por la Asamblea Legislativa, los homicidios se han reducido en un 50% de acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades de seguridad. La misma tendencia se registra en extorsiones y asaltos.
La unidad y la cooperación de los Órganos del Estado, instituciones y personas de la sociedad han tenido mucho que ver en esta disminución de los homicidios, con todo las estructuras criminales acosadas por la operatividad de la PNC y la fuerza armada, se han desplazado hacia otros lugares y se han dedicado a crímenes selectivos.
El FMLN, por cierto, es blanco de esta crudeza y venganza de las pandillas. En las últimas semanas fueron asesinados un concejal de la alcaldía de Apopa y el alcalde de Nuevo Tepetitán, en San Vicente. Las autoridades han capturado en forma rápida a los presuntos responsables y han tomado drásticas medidas para evitar en lo posible más hechos de esta naturaleza.
La cooperación internacional ha continuado con sus programas de ayuda tanto en materia financiera como en equipamiento y dotación de vehículos a la PNC, sin embargo, también han pedido explicaciones de los resultados últimos obtenidos dentro del Plan El Salvador Seguro y las medidas extraordinarias.
Al respecto, una delegación salvadoreña visitó Washington entre el 13 y 14 de julio para exponer los avances obtenidos en materia de seguridad, como parte de esa política de informar a los cooperantes y garantizarle que el gran objetivo del gobierno salvadoreño es continuar aplicando los planes de represión y previsión del delito.
La delegación fue integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el ministro de Seguridad, el fiscal general, el secretario técnico de la presidencia, el secretario de gobernabilidad y los diputados Misael Mejía y Rodrigo Ávila.
Los miembros de la delegación sostuvieron reuniones informativas con el Departamento de Estado, con el Comité de Relaciones del Congreso, miembros del Comité de la Cámara de Representantes y del Senado y con el Banco Interamericano de Desarrollo, Organizaciones no gubernamentales y los así llamados tanques de pensamiento de Washington. El propósito es informar de los avances del Plan El Salvador Seguro y en alguna medida solicitar nueva ayudas para continuar con los programas de combate y prevención y en ningún momento discutieron de las acusaciones emitidas por el senador estadounidense, Marco Rubio, contra el dirigente del FMLN, José Luis Merino, como se especulaba en el país.
Rubio acusó recientemente a Merino de ser un “lavador de dinero” y de proveer armas a la guerrilla de las FARC. “No fue el objetivo de la visita, tenemos propósitos más grandes”, aclaró el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, al tiempo de explicar “no se debe hacer ese tipo de declaraciones sin tener un fundamento”.
La hipótesis del senador Rubio, fue refutada en su debido momento por un comunicado oficial del FMLN, donde se aclaró que sus acusaciones fueron expresadas abusando de su cargo, en una audiencia pública ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y con la intención de utilizar cualquier argumento para ganar posiciones políticas ante sus adversarios demócratas.
