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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Un mes ha pasado desde la toma de posesión del señor Bukele como presidente, electo de manera inconstitucional y, para el pueblo humilde, solo ha habido sufrimiento y exhibición de autoritarismo.
La generalización de prácticas autoritarias se extendió a todos los municipios, el uso abusivo de la fuerza de agentes municipales, las amenazas para retirar ventas informales de espacios públicos se extendieron, en nombre de un supuesto orden para que las ciudades se vean mejor a la vista de los posibles turistas.
Ya sea en San Salvador, Soyapango, San Vicente o Santa Tecla, sea el distrito que sea, es el mismo cuento, orden.
El destino de las familias que arrinconan a la marginalidad, a la pobreza, no importa a este gobierno, ni en el nivel central ni en el local.
Los despidos, que fueron practica común en los cinco años anteriores, se extienden y masifican; con lujo de barbarie se despide a centenares de empleados de un ministerio.
300 empleados del ministerio de cultura, para afuera; sin duda le seguirán los que quedan aún, pues rotar los empleos para sus seguidores es necesidad del régimen, y cumplir los compromisos con el FMI de disminuir gasto, o por carecer de fondos para pagar sus obligaciones laborales, son suficiente justificación para sus adentros.
Las leyes de protección del patrimonio cultural a lo mejor serán derogadas.
Pero, en este caso, los comentarios de diputados oficialistas, en el sentido de que ningún salvadoreño que promueva la agenda 2030 tiene cabida en el gobierno de turno, es realmente atrevida, equivocada y violatoria de leyes que no pueden derogar ni si tuvieran los 60 votos.
La agenda 2030 a la que se refieren, y que se infiere, comparten los empleados despedidos del ministerio de cultura, son 17 objetivos para el desarrollo sostenible de los países pobres, suscrito por el Estado salvadoreño como miembro de la ONU; entre ellos están, sacar de la pobreza al pueblo y disminuir las desigualdades.
Esta afirmación del señor Bukele, en su post de la plataforma X, en la que sostiene que los empleados a despedir “promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno” es incoherente, porque hasta en el poder judicial el temor ha copado tanto, que los empleados hacen lo que sus superiores les mandan, incluso en algunos casos contra sus propias convicciones, y obedecen tanto, que son capaces de hacer plantón en la plaza pública y jurar lealtad, publicar o reproducir mensajes por mandatos de sus jefes.
Quien fija la agenda de un gobierno son sus titulares, los empleados cumplen esa agenda y se apegan sí, a las leyes, cuando temen que incumplirlas acarrea consecuencias negativas en el futuro.
Pero bien despidos, y más despidos, abandono a la agricultura, carencia de protección ante las inclemencias del clima, todo representa sufrimiento para el pueblo pobre, para los trabajadores que viven de un salario, o para quienes se ganan la vida vendiendo o trabajando cada día.
En el orden de los derechos y garantías constitucionales, pues, cada mes, a pesar de que aseguran que vivimos en el país más seguro del continente, renuevan el decreto que suspende las garantías y derechos constitucionales, incumplen ordenes de jueces para liberar prisioneros sin justa causa.
Aunque se promueva la idea de un país mejor, y le llamen nuevo país, nueva asamblea, nueva ley, lo cierto es que se aumenta el sufrimiento de pueblo y se retrocede en materia de derechos humanos, civiles y políticos.
Por ahora las quejas son aisladas, las demandas son ignoradas, los anhelos de mejora de la vida de la gente no pueden colmarse con anuncios de que seremos un país que producirá energía atómica y bajaran los precios de la energía.
El país va tomando rostro de sufrimiento, y en cualquier momento se puede tornar en reclamo, en exigencia, que al no ser satisfecha puede estallar.
Cuanto se desea que las cosas fueran diferentes, pero la realidad es cruda y dura para la mayoría.
