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Gloria Silvia Orellana
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C
ésar Artiga, integrante del Equipo Nacional Impulsor del Acuerdo de Escazú, hizo un llamado al presidente Nayib Bukele, en vísperas al Día Mundial del Agua, a reconsiderar su posición en contra del Acuerdo de Escazú, enviando el proyecto de adhesión a la Asamblea Legislativa, para su discusión y aprobación inmediata.
“En el contexto del 22 de marzo, en que se conmemora el Día Mundial del Agua, precisamente el ciudadano presidente de Chile, Gabriel Boric, acaba de firmar su mensaje presidencial para enviar al Congreso chileno, el proyecto de adhesión al Acuerdo de Escazú, es decir, están próximos a convertirse en el 13avo país o Estado Parte del Acuerdo de Escazú”, señaló.
“¿Por qué el Acuerdo de Escazú en el Día Mundial del Agua?, bueno, es muy importante, porque es un instrumento vinculante regional surgido de la Conferencia Río + 20 del año 2012 cuando los Estados de la región decidieron abrir un proceso de negociación y en marzo de 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, este Tratado sumamente valioso para avanzar en gobernanza y democracia ambiental”, explicó Artiga.
El Día Mundial del Agua es para los gobiernos que integran las Naciones Unidas (ONU) una fecha para evaluar, crear políticas o tomar medidas que garanticen a este recurso natural y su potabilidad para los pueblos, los que dependen para su sobrevivencia, así como, los diversos procesos de producción que se ejecutan gracias al agua dulce.
“El Salvador tiene una deuda histórica en ese sentido, porque hemos visto en los últimos dos años, sobre todo con situaciones alarmantes de este año, como la destitución de los jueces y juezas, el debilitamiento de las instituciones de control de instituciones que tienen mandato en materia ambiental y un cierre deliberado en espacios de participación y diálogo”, indicó.
El agua forma parte de los bienes naturales que el Acuerdo de Escazú, busca el fomento del diálogo y generar una relación para que las personas puedan participar ampliamente y se garantice sus derechos de acceso a información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia, y la protección a personas defensoras del ambiente.
“En El Salvador hay conflictos a nivel territorial por el tema del acceso al agua, el país vive un contexto de conflictividad socio ambiental y esto tiene a su base el acceso a bienes comunes naturales y el agua uno de los principales como lo ocurrido en la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, que mandaron a la cárcel a gente inocente y hay muchos otros casos que aún guardan anonimato”, agregó.
“El Salvador necesita contar con un instrumento robusto como es el Acuerdo de Escazú, el único instrumento de derechos humanos de todo el mundo que establece disposiciones específicas a los Estados para proteger a las personas defensoras del ambiente y los recursos naturales. No existe otro instrumento de esa naturaleza y solidez como el Acuerdo de Escazú”, manifestó Artiga.
En un contexto de crisis hídrica, debilitamiento institucional y liberación de permisos ambientales, César Artiga reiteró su llamado a fortalecer la opinión y participación ciudadana, como medio de salvaguardar el medio ambiente y asegurar prácticas democráticas.
“Llegamos a un Día Mundial del Agua sin contar con los instrumentos legales suficientes como el Acuerdo de Escazú, pero también con instrumentos legales que no se aplican actualmente, es un contexto de mucha debilidad institucional y los pocos asideros legales que teníamos e instancias del Estado han sido debilitadas como la remoción de la Cámara Ambiental, del Juez Samuel Liza y la Jueza Cesia Romero, que hicieron un trabajo titánico y fuerte”, manifestó.
Artiga consideró “urgente” la integración al Acuerdo de Escazú, para garantizar toda información, acciones o proyectos de gobierno que lleven a la recuperación y preservación de los bienes naturales, detalló Artiga.
“En el caso de El Salvador, el proyecto de adhesión es suficiente con 43 votos y una vez se apruebe el proyecto de adhesión el presidente ya puede adherirse el Acuerdo, todo esto en contexto de la Conferencia de las Partes de Escazú, que será entre el 20 al 22 en Chile, donde sentarán las bases para la implementación del Acuerdo”, reiteró Artiga.
Sobre la situación del recurso hídrico el Informe de Calidad del Agua, que realizó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2020) refleja una situación delicada sobre la potabilidad de los ríos en el territorio nacional, que demanda de políticas públicas de mediano y largo plazo para la actual administración a fin de salvaguardarlas.
Partiendo de 3 clases, esta clasificación parte de la calidad del agua dulce, y se designa en: protección, mantenimiento y remediación. El país cuenta en su mayoría con ríos de Clase 2, que demandan la recuperación paulatina de la calidad del agua para protección de vida acuática y de Clase 3, los cuales, deben implementar planes de descontaminación y saneamiento.
Con estos datos de calidad del agua en los ríos que fueron evaluados en el territorio nacional, tomando los parámetros del Índice de Calidad del Agua del Canadian Council of Ministers of the Enviroment -Water Quality Index (CCME-WQI), que clasifica la calidad del agua a partir de la protección de vida acuática, señaló que en el 2020, el 7.3% de los sitios evaluados presentaban calidad de “agua mala” porque restringía la vida acuática.
Mientras el 21.3% de los sitios evaluados su calidad de agua fue “regular” porque “limita la vida acuática”, y un 7.4% de estos sitios documentados presentaron calidad de agua “pésima” porque imposibilitaban el desarrollo de vida acuática”, según el Informe del MARN.
El ambientalista Ricardo Navarro, presidente del CESTA -MOVIAC, señaló, que la crisis hídrica y los instrumentos legales como la reciente Ley General de Recursos Hídricos dejaba en deuda y sin respuesta integral las necesidades de la población en su mayoría en la zona rural.
“Es cierto que los señores de la Asamblea Legislativa escucharon varias opiniones para crear una ley, pero al final, cuando tenían una idea, les faltó confrontarla con las personas que estamos interesados en la ley hídrica por la población pero no lo hicieron”, afirmó.
“Creo que el obstáculo comienza cuando se forma la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) a la que dan autonomía financiera, allí inicia el problema ¿Por qué?, aquí se habla de privatizar o no privatizar, y puede ser que no la privaticen, pero el punto es que al darle esa autonomía financiera, le están a diciendo que debe operar con los fondos que obtenga de la venta del agua, ese es el problema”, acotó Navarro.
A estos vacíos o ambigüedades de la normativa del agua, Navarro agregó la situación en que se encuentra el sistema de distribución del agua en la ciudad de San Salvador, servicio que llega a los usuarios es solo la mitad, porque la otra se pierde por roturas de cañerías, sumando la contaminación por lo que llega sucia a los hogares.
“Encima de esos problemas serios del sistema de agua, muchas zonas recolectoras de aguas lluvias se han secado porque se han deforestado esos territorios y se vuelven vulnerables, el caso mismo de San Salvador, de los pozos que en algún momento ANDA abrió para suministrar agua, de esos la tercera parte ya no sirven porque se secaron y no hay agua”, señaló. Un problema que aumentará, explicó el ambientalista, cuando la nueva entidad que administrara el agua (ASA) necesite de fuerte inversión para un funcionamiento aceptable con solvencia en términos económicos y autónomo en términos financieros.
“Cuando la ASA se encuentre en situaciones de la venta del agua y quien la puede pagar, ese será un problema real. Qué pasaría si una comunidad allá por Cabañas necesita agua, pero hay un empresario con una plantación de caña de azúcar, quien tiene como pagar el agua, entonces, el asa se verá fuertemente motivada a venderle a quien le puede pagar, que si bien no se privatizaría el agua, pero la forma como está estructurada el asa la conduce hacia los que tienen mayores recursos económicos y ese es un problema que debe resolverse”, sostuvo.
Ricardo Navarro agregó que el CESTA y MOVIAC propusieron a la Asamblea Legislativa crear un organismo dependiente del gobierno central, un viceminesterio adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Reecursos Naturales (MARN) para contar con presupuesto de forma segura para su funcionamiento y proyectos.
“Sabemos que hay Carteras del Estado como Salud, que aunque no le dan los fondos que necesita, pero saben que deben asignarle cada año fondos, entonces, la ASA debía ser un viceministerio, esa era nuestra propuesta y, claro, también que la dotaran de un mecanismo paralelo contralor”, agregó.
“Este instrumento serviría para estar permanentemente supervisando y monitoreando todo el trabajo de la ASA, y con medidas de transparencia, pero el gobierno no ha optó por esto, si no que terminaron con una ley que busca dar una imagen de algo grandioso, que no habrá privatización y que lo anterior no servía y solo que ellos aprueban es bueno y todo eso es falso”, consideró Navarro.
Con esta crisis hídrica, con normativas ambiguas y vacíos legales, el Día Mundial del Agua se vuelve más que en una celebración, en un desafío para las actuales generaciones la garantía del derecho humano al agua, en el país. Para Navarro, es “terrible “ que una comunidad lleve 40 años sin un servicio de agua, y que una cantarera colectiva sea solo una aspiración lejana, que el gobierno local de San Marcos no la atenderá.
“Es injusta esta situación de esa comunidad viviendo sin agua por más de 40 años, es una situación grave, pero también es motivo de incertidumbre que el gobierno haya dicho que no privatizará el agua, y está destruyendo las zonas recolectoras de aguas lluvias, con un Ministerio de Medio Ambiente está dando permisos ambientales a diestra y siniestra para destruir los recursos naturales”, consideró. “En Antiguo Cuscatlán, que antes tenía zonas de bosques, ahora están deforestándola, aunque la ley diga que pueden utilizar solo un porcentaje, pues están cambiando esas condiciones para utilizarlas en urbanizaciones. Y como excusa afirman que prefieren viviendas y no fábricas, cuando lo que buscan es favorecen económicamente al dueño de ese terreno, pero al final lo que están haciendo es destruir la zona en términos ambientales”, sostuvo.
Sobre el Día Mundial del Agua, Navarro acotó que el presidente Nayib Bukele debería formar una comité pero sin “gente del gobierno”, sino expertos en materia hídrica para que generen ideas sobre lo que debe hacerse en el marco de la crisis hídrica del país.
“El problema del agua en El Salvador nos está llevando a problemas sociales y que nos puede llevar a problemas políticos. También creo que antes que el problema se agrave se debe actuar porque no hay que olvidar que el Cambio Climático está allí y vendrá a movernos el piso y nos va a cambiar las condiciones”, indicó.
“No se trata si habrá agua o la distribución de la misma, porque por más que el gobierno quiera invertir si no hay agua ¿Qué hará?, ese es el punto medular. El gobierno no ha evaluado bien, podemos decir que no le interesa, no ha evaluado tampoco el impacto de estar concediendo permisos para destruir los bosques porque serán los primeros afectados. Mi llamado al gobierno es que debe ponerse serio en este tema”, puntualizó.
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