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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“No olvidemos que en nuestro contexto (crisis climática) los defensores y defensoras en el país, demandan protección, el acceso a la información y la justicia, es difícil”, dijo Carolina Amaya, en la inauguración del XIV Encuentro Regional Centroamérica unida por la Sostenibilidad Ambiental, la Defensa del Territorio y la Resilencia.
“No olvidemos tampoco, que aparte que estos 4 países ocupan los primeros lugares en el índice de riesgo y climático, también ocupamos los primeros lugares en la criminalización de la protesta social y personas defensoras”, indicó la ambientalista salvadoreña.
Amaya hizo alusión al caso Santa Marta y ADES, en el departamento de Cabañas, que hizo efectiva la Fiscalía General de la República, el pasado 11 de enero del presente año, que generó la detención arbitraria de Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta y de los directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
Amaya expresó que existe una serie de elementos del actual gobierno que apuntan hacia una reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país, que es inédita por ser la primera en el mundo. Y que costó la vida de cuatro personas defensoras del medio ambiente. Lo que consideró Amaya “retrocesos” importantes en la defensa del medio ambiente.
“El gobierno aprobó una ley de creación de la Dirección de Minas e Hidrocarburos; luego integró el Foro Intergubernamental de Minerías, Metales y Desarrollo Sostenible, luego la petición de un diagnóstico del potencial minero de El Salvador, rumores de compra de terrenos de empresarios mineros en la zona de Cabañas e introducción del tema de minería en el tratado comercial con China”, reseñó.
“Lo último la captura de líderes históricos en el territorio donde hay concentración de oro y plata, en Cabañas, y el anuncio de producción de energía a base de torio, que se obtiene de metales, es decir, consideramos señales de lo que podría decir, es el contexto contra las personas defensoras en el país”, indicó Amaya.
Para la ambientalista la “agenda de la sustentabilidad ambiental” no forma parte de la agenda del gobierno salvadoreño.
Carolina Amaya señaló que hace un año pudieron verificar que habían más permisos ambientales presentados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que días en un año, con más de 1,500 permisos en la gestión del actual gobierno.
“Es decir, una avalancha de proyectos extractivistas de construcción y otros, incluso, han llegado al bosque salado que en los últimos 50 años se ha perdido más del 60% del bosque del manglar. Sin importarte que el manglar es el mejor captador de CO2, y un elemento fundamental en el ecosistemas, y sí, son retrocesos importantes”, indicó Amaya.
El XIV Encuentro Regiona, abordará estos retrocesos en el cuido de la biodiversidad, medio ambiente y criminalización de los derechos humanos de las personas defensoras y ambientalistas.
“La ciencia nos está diciendo que de no llegar a cumplir los compromisos hasta ahora en el marco en el Acuerdo de París, la temperatura puede llegar a un rango de 2.2 a 3.5 a nivel global y en esta latitud 5 grados”, observó.
“Ante esta situación los planes y políticas de adaptación se hacen más apremiantes para la región centroamericana. Esto lleva recursos financieros ante los daños por los gases de Efecto Invernadero (GEI), una deuda histórica de los países desarrollados y queremos que esos fondos beneficien a las poblaciones que enfrentan a flor de las piel las afectaciones del cambio climático y dentro de esas reivindicaciones enfocarse en las mujeres, los pueblos indígenas, pescadores, campesinos. El tema clave es fortalecer los sistemas de gestión de riesgos, porque aunque se cierre el chorro de las emisiones (GEI) los impactos seguirán a nivel global”, puntualizó Amaya.
