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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Magdalena Cortez, coordinadora de la Mesa Permantente por la Gestión de Riesgo (MPGR), en el marco del vigésimo tercer terremoto del 13 febrero, afirmó que el Estado salvadoreño aún no cuenta con una gestión integral de riesgo.
Fue a las 8: 22 minutos de la mañana del 13 de febrero del 2001, cuando un segundo terremoto rompió la cotidianidad de la población salvadoreña, que había experimentado un primer terremoto, un mes antes (13 de enero). Identificado con una magnitud de 6.6 y una profundidad de 13 kilómetros, con epicentro en los departamentos de Cuscatlán, San Vicente y La Paz.
Este terremoto generó 3 mil 300 personas heridas y de acuerdo a la CEPAL, en informes posteriores destacó que el sismo golpeó “principalmente a la niñez, ya que la mayoría de víctimas mortales fueron más de 300 entre niñas y niños.
Sobre esto, destacó Cortez, que pese a que existe toda una “memoria histórica nacional” sobre estos eventos telúricos que se han ido acumulando en el país, el Estado salvadoreño aún no cumple con las “políticas de gestión de riesgo a desastres” y lamentó que las prioridades estuvieran enfocadas hacia intereses económicos.
“Creo que se puede hablar de dos perspectivas: una de la sociedad civil que ha hecho un aprendizaje en temas de gestión de riesgos, específicamente en terremotos y ha hecho sus propias evaluaciones de lo que puede hacer la sociedad en una situación como esta”, afirmó.
“Hacer monitoreos y tener la claridad de estar preparados es importante, porque somos un país altamente sísmico y tener la -mochila de emergencia- que la Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo ha hecho mucho énfasis en eso, por ser un elemento clave en esos momentos y deberían ser casi natural en nuestro país contar con ellas“, aseguró Cortez.
Sobre el interés económico de la actual administración, añadió Cortez, la licencia para desarrollar proyectos urbanísticos que afectan las zonas de recarga hídrica, las pocas área naturales con las que cuentan el país y otros aspectos, mantienen en vulneración a amplios asentamientos de la población.
“Todos y todas deberíamos tener esta maleta de emergencia, tener señalizado la ruta de evacuación, deberíamos tener identificadas las personas más vulnerables de nuestras comunidades empezando por nuestra casa”, indicó.
“Creo que la sociedad civil ha hecho un buen trabajo en este tema sin embargo, vale la pena mencionar que desde el Estado existen deudas pendientes y uno es el hecho que se deben evaluar las instancias, la infraestructura que hay en el país”, agregó.
Igualmente, consideró importante un trabajo unificado de todos los actores sociales, a fin de contar realmente con una “apreciación o lectura adecuada del riesgo”, para identificar las medidas no sólo de rutas adecuadas de evacuación, sino también, porque todavía hay una deuda de un “diagnóstico que registre cuántas personas con incapacidad o niños o niñas se pueden ver afectadas” en un evento de estos y así minimizar las pérdidas humanas.
“Esto es necesario revisarlo, y que la sociedad tanto las instituciones del Estado como las organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, ojalá y podamos juntarnos en un momento y valorar todos estos aspectos y los aportes que cada una pueda entregar para tener una gestión integral de riesgo de país real”, puntualizó Cortez.
