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Dr. Luis Alonso Ramirez Menendez1*
El primer informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, ambulance fue por invitación del Gobierno de El Salvador en 1978. El Gobierno de El Salvador, click en nota de 14 de septiembre de 1977, there invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH para que efectuase una visita al territorio salvadoreño y observase e investigase sobre el terreno la situación de los derechos humanos en ese país.
Los preparativos de instalación de la Comisión en El Salvador, tuvieron inicio el 9 de enero de 1978. El 12 de enero la Comisión Especial visitó al señor Presidente de la República de El Salvador, General Carlos Humberto Romero, quien estaba acompañado del señor Vicepresidente, Dr. Julio Ernesto Astacio, para quienes ahora se han olvidado de esta parte de la historia reciente de El Salvador.
En aquel año, la Resolución de la CIDH sobre las conclusiones de las observaciones “in loco”, la cual fue suministrada al Gobierno de El Salvador, entre otras cosas, dice así: Como consecuencia de las actuaciones de los cuerpos de seguridad y de la organización paramilitar oficial conocida como ORDEN, han muerto numerosas personas; los cuerpos de seguridad y la organización paramilitar oficial denominada ORDEN han cometido torturas y maltratos físicos y psíquicos en muchos casos; los cuerpos de seguridad cometieron graves violaciones al derecho a la libertad, al efectuar detenciones arbitrarias. Han mantenido lugares secretos de detención, en donde estuvieron privadas de libertad en condiciones extremadamente crueles e inhumanas algunas personas, cuya captura y prisión ha negado el Gobierno.
En el último párrafo de las conclusiones, la CIDH señala: Las más altas autoridades del Gobierno de El Salvador y los representantes de todos los sectores de la población, reconocen la existencia de una atmósfera tensa y de polarización en su país, por causa de los principales problemas que le afectan. El gobierno de El Salvador, por supuesto no acepto los cargos que la CIDH le imputo en aquel momento, destacando que este cuerpo paramilitar era necesario para “la democracia salvadoreña”. Es decir, reiteradamente el estado de El Salvador y sus Agentes nunca aceptaron las graves violaciones de los derechos humanos.
En contraste con lo anterior, la última audiencia del Estado salvadoreño durante el 157 Periodo de Sesiones de la CIDH en Washington, el 04 de abril 2016, la Comisión pidió al Gobierno de El Salvador “equilibrio” entre garantizar la seguridad ciudadana y respetar los derechos humanos, en una audiencia pública en su sede de Washington.
“Está claro que existe un problema y que hay que encontrar el equilibrio entre seguridad y derechos humanos”, consideró la comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión, tras escuchar a las partes. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH que el Estado salvadoreño haya recurrido a medidas “represivas y populistas” para afrontar la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el país.
Las organizaciones de la sociedad civil fueron muy críticas; sin embargo, el canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, se mostró abierto a una visita de la Comisión para que “vean lo que está sucediendo y contrasten la información” presentada por las organizaciones. Martínez, con el carácter altamente diplomático que lo caracteriza, reafirmó el “compromiso” del Gobierno del Prof. Salvador Sanchez Ceren, con el respeto de los derechos humanos y subrayó que el gesto de enviar a un canciller a las sesiones de la CIDH, algo muy inusual, denota el interés del Estado por cumplir con los estándares internacionales.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, agradeció la presencia del canciller y “el mensaje que eso implica”, y propuso que la relatora para El Salvador, la comisionada Margarette May Macaulay, viaje al país centroamericano y presente allí el informe sobre la niñez para ofrecer orientación. El canciller aceptó esa visita, que técnicamente no es una visita de la CIDH sino de una de sus Relatorías (la de los derechos de la niñez) y, por tanto, no tiene necesariamente que producir un informe sobre derechos humanos
El canciller fue claro y afirmo ante la CIDH que, “El Gobierno está comprometido con el pleno respeto a los derechos humanos pero tiene un compromiso claro de enfrentar con todos los recursos legales a su alcance las acciones criminales de grupos que atentan contra los derechos de un gran número de la población”.
Por lo que, se puede afirmar, sin lugar a dudas, El Salvador ha sido observado sistemáticamente, antes, durante y posteriormente al conflicto armado, del que el próximo año se cumplirán 25 años de la Firma de los Acuerdos de Paz. Los Acuerdos de Paz de 1992 que refundaron el estado salvadoreño, también es un modelo en el mundo, así citado por los órganos de tratados de la ONU, pero especialmente, por aquellos que vigilan permanente los derechos humanos, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas.
En el caso particular de la elección de jueces del sistema interamericano de derechos humanos, es necesario precisar que si bien la OEA cuenta actualmente con 34 Estados Miembros, únicamente participan en la votación para escoger a sus jueces los 23 Estados que son Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre Derechos Humanos (CADH, más conocida como “Pacto de San José”): por ejemplo Estados Unidos, Canadá, desde el 2012, Venezuela, así como Trinidad y Tobago, desde 1998 no participan en esta elección. En el caso de Venezuela por la denuncia que este hizo del Pacto de San José. El estado actual de firmar y ratificaciones, reservas y denuncias a la CADH permite apreciar cuan interamericano es el sistema de protección de los derechos humanos vigente en el hemisferio.
Por su lado, Costa Rica postulo a un candidato como nuevo integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2003, con la elección de Manuel Ventura Robles, obteniendo 20 votos a favor en aquel momento. Luego fue reelecto en el 2009. Anterior a ello, fungió como jueza postulada ese mismo país Sonia Picado Sotelo (1991-1994) y anterior a ella, el juez y primer Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Piza Escalante (1979-1989). De igual manera, debe anotarse que el jurista de origen estadounidense y judío el doctor Thomas Buergenthal, fue propuesto por Costa Rica como candidato y quedo electo en 1979 como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si continuamos revisando la historia de la Corte IDH, no todos los Estados han logrado obtener que sus candidatos accedan al cargo de juez en San José, Costa Rica. En uno de los más recientes informes sobre la independencia de los jueces de la Corte Interamericana, se lee que: “Los Estados que han tenido más éxito en el nombramiento de jueces han sido Costa Rica, en primer lugar, Colombia y Venezuela, con cuatro jueces cada uno, en segundo lugar México y Chile”.
Por el contrario, otros Estados como El Salvador, Bolivia, Guatemala o Paraguay, nunca han conseguido un juez ante la Corte IDH. En contraste con este tema del sistema regional americano, y, debido a que el Estado salvadoreño desde hace un año es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como sistema universal de protección de los derechos humanos, se puede afirmar en definitiva que, ha tenido más éxito en el ámbito universal que en el regional americano. No obstante lo anterior, el Estado salvadoreño actualmente y debido a la coyuntura internacional sobre la base de la a petición de las Naciones Unidas, para que el grupo de participantes en la firma de los Acuerdos de Paz, coadyuve en el esfuerzo de construir la paz en Colombia, tiene la gran oportunidad de oro para consolidarse como un Estado respetuoso de los derechos humanos y como modelo para integrar, no solo los órganos de protección universal de derechos humanos, sino en el ámbito regional americano que tiene una vital importancia para el hemisferio.
La tarea como parte de su compromiso indeclinable con la promoción y protección de los derechos humanos en El Salvador, es para el Excelentísimo Señor Canciller de la República de El Salvador, la búsqueda y propuesta de los mejores juristas y cuadros salvadoreños para la conquista de una plaza de juez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le aseguro seguiremos dando ejemplos al mundo en materia de derechos humanos.
