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Un acuerdo con el FMI no la va a evitar y menos la va a resolver.
Por Mauricio Funes
ex Presidente de El Salvador.
El pronóstico de que el país no se salva de una crisis fiscal puede parecer un vaticinio poco alentador que para algunos el gobierno está tratando de impedir.
Sin embargo, lo cierto es que esta crisis ya comenzó y no se ven posibilidades de que se pueda frenar.
No lo aseguro yo puesto que no soy economista, pero sí lo hacen los estudiosos de la realidad económica del país.
Hace poco escuché una entrevista con el economista César Villalona, quien afirmó que ya sea que haya o no un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la crisis fiscal ya está instalada y de ella no nos salvamos.
De hecho el gobierno ya comenzó a tomar algunas decisiones que tienen que ver con un ajuste fiscal a pesar de que no se ha firmado aún un convenio de préstamo con el FMI.
Desde el 2022 el gobierno viene negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para suscribir un préstamo de 1,300 millones de dólares, que es más o menos el desajuste fiscal que el país enfrenta desde hace años.
El FMI es una institución que establece condiciones rígidas para liberar recursos a los países acreedores.
En el caso de El Salvador, el Fondo ha planteado un ajuste fiscal del 3,5% del PIB, que en la práctica se traduciría en un recorte de gastos y un aumento de los ingresos por la vía de más impuestos al consumo y un incremento de unos 2 o 3 puntos porcentuales en el IVA para pasar del 13 al 15 o al 16%.
Lo último que hemos sabido es que este acuerdo no terminan de negociarlo, aunque ya se comenzaron a implementar algunas de las medidas económicas y fiscales exigidas por el Fondo.
Para el caso, ya comenzaron los despidos en las Alcaldías y el Gobierno.
En el Ministerio de Cultura han quedado cesantes más de 300 trabajadores.
Es decir ya empezaron a reducir el Estado.
Acaban de despedir a 900 empleados de la Asamblea Legislativa y no todos van a ser reemplazados.
No se están pagando los aumentos salariales para los docentes y el personal administrativo del Ministerio de Educación que por Ley de Escalafón, aprobada en mi gobierno, deberían haberse pagado desde hace dos años.
Se ha reducido el gasto social al cerrar varios programas sociales y desfinanciar otros.
El caso paradigmático es el de la entrega de uniformes escolares.
El gobierno ya anunció que no se va a entregar el segundo uniforme del año y lo más probable es que esta reducción del programa se mantenga el próximo año si no es que desaparece en su totalidad.
Existen preocupantes indicios de que antes de que termine el año la Asamblea Legislativa aprobará un aumento del IVA ante la renuncia del gobierno de ponerle más impuestos a las grandes fortunas del país que acaparan más del 60% del PIB.
En estos días el Presidente Bukele publicó un post en la red X (antes Twitter) en el que le decía a los inversionistas extranjeros que en El Salvador no hay confiscaciones y tampoco un impuesto predial.
Tampoco hay evidencias claras de que se esté pensando en recuperar los recursos derrochados por los Diputados en las asignaciones presupuestarias para cada fracción.
El destape de la corrupción en la Asamblea no tiene ese propósito.
Más bien parece que lo que se busca es distraer la atención sobre otros problemas que deberían estar siendo atendidos y dar la impresión de que la “guerra contra la corrupción” va en serio.
Por otro lado, la ejecución presupuestaria en promedio en lo que va de este año anda por debajo del 40%.
Ministerios claves como Obras Públicas, Educación o Salud no llegan ni al 30% de ejecución.
A estas alturas esta ejecución presupuestaria del gobierno en su conjunto debería ser de un poco más del 50%, ya que nos encontramos en el octavo mes del año.
Esta baja ejecución puede tener varias explicaciones.
O el gobierno no cuenta con los recursos proyectados en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024.
O bien, el dinero existente ha sido desviado a otros propósitos.
El hecho es que el gobierno enfrenta serios problemas de caja.
Bukele sigue sin promover una Reforma Tributaria Progresiva, tal como la ofreció en el 2019.
El mayor peso de la fiscalidad se sigue cargando sobre los sectores de menores ingresos.
Como he sostenido antes no hay voluntad política de aumentar los impuestos a los grandes empresarios del país que concentran más del 60% de la riqueza nacional.
En conclusión, el ajuste fiscal ya comenzó y todo indica que responde a la crisis fiscal que el país está enfrentando y que, como siempre ha sido así, golpea al más pobre.
