Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
(Colectivo Tetzáhuitl)*
4 años de Bukele, 4 años de profundización del neoliberalismo, 4 años de defensa del sistema oligárquico.
Nayib Bukele como Presidente en lo que va de este primer mandato ha sido un verdadero fiasco.
Engañó con mucha habilidad al electorado que votó por él en el 2019.
Les hizo creer a todos que era un candidato de izquierda progresista, con mayores compromisos con el pueblo que los compromisos que tenían los presidentes del FMLN.
Se presentó como un funcionario incorruptible, siendo que como Alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de San Salvador (2015-2018) la prensa ha revelado en estos días algunas irregularidades en ambas administraciones municipales que aún no han sido aclaradas y mucho menos desvanecidas.
Dijo que al ganar la Presidencia trabajaría por mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos y que enfrentaría a la Oligarquía dominante, desmontando su sistema de privilegios.
Más de un millón de votos del FMLN fueron a parar a su candidatura con la promesa que haría lo que, según él, los dos gobiernos del FMLN no habían hecho antes.
Prometió que sería diferente a “los mismos de siempre” en clara referencia a ARENA y al FMLN.
En un evento de la diáspora salvadoreña en Washington, siendo aún alcalde de San Salvador y militante del FMLN, criticó al gobierno de Sánchez Cerén al que acusó de dejarse manipular por la Comisión Política del partido.
Dijo que en El Salvador no había Presidente, que Sánchez Cerén no gobernaba, que los que gobernaban eran en realidad los altos dirigentes del FMLN, miembros de la Comisión Política.
Habló de una especie de Poli-Buró integrado por ex comandantes guerrilleros, tal como ocurría durante la guerra, y que por tanto, las políticas públicas eran decididas por estos dirigentes
Llegó al extremo de negar las exitosas políticas sociales emprendidas por los gobiernos del FMLN (que redujeron la vulnerabilidad de amplios sectores de la población) y señaló que los programas sociales eran de corte asistencialista (similar crítica hacía ARENA) y que no habían ayudado a combatir la pobreza.
Aseguró que el FMLN solo había llegado al gobierno para administrar el Neoliberalismo y establecer alianzas con la Oligarquía.
Por supuesto que nunca mencionó la alianza que para entonces él y su clan familiar ya venían construyendo con José Luis Merino, a través de las empresas del Grupo Alba, desde el año 2012 en que gana la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán y mucho menos que respondía a un proyecto político y económico de construcción de nuevas alianzas con sectores oligárquicos y Estados Unidos.
A la gente le hizo creer que al llegar a la Presidencia desmontaría el modelo oligárquico en el país y que sus políticas públicas estarían orientadas a favorecer a los pobres, a generar empleo, a atraer inversión extranjera y a reactivar la economía y el tejido productivo, sobre todo en el agro.
Pero, preguntémonos ¿qué es lo que en realidad ha ocurrido en estos 4 años de gobierno?
¿Ha cumplido sus promesas electorales?
Bukele y sus aliados en la Oligarquía y en las empresas del Grupo Alba no han implementado una tan sola política de combate a la pobreza y mucho menos han recortado la brecha social que separa a ricos y pobres.
Veamos solo algunos datos de la realidad económica y social.
Según estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva, la pobreza en el país, especialmente la pobreza extrema, ha aumentado desde Junio del 2019.
Los hogares en condición de pobreza pasaron de 22.8% en el 2019 a 26.8% en el 2022, mientras que los hogares en pobreza extrema (carencia de alimentos) pasaron de 4.5% a 8.6%, es decir, han surgido en estos años más de 275 mil nuevos pobres absolutos.
Las familias padecen de extrema pobreza o absoluta cuando sus ingresos no alcanzan para comprar la canasta básica alimenticia y ya no digamos a tener acceso a una vivienda digna y a servicios básicos como vestimenta, agua potable, energía y servicios de salud y educación.
Este deterioro en las condiciones de vida de la población es el que los gobiernos del FMLN habían comenzado a corregir con los programas sociales que Bukele en lugar de conservar y ampliar acabó haciéndolos desparecer del Presupuesto Público o los ha desfinanciado.
Bukele ha reducido el programa de entrega de paquetes escolares que favorecía a 1 millón 300 mil estudiantes de bajos recursos.
Este gobierno solo entrega un paquete escolar de dos que se entregaban en los gobiernos del FMLN.
Lo mismo hizo con el vaso de leche y la alimentación escolar, afectando a unos 900 mil estudiantes de las escuelas públicas.
Desde hace meses, los escolares toman menos leche y comen menos alimentos que antes por una millonaria deuda que mantiene el Ministerio de Educación con sus proveedores.
Esto significa que las familias de estos estudiantes tienen que cargar con un gasto que antes no tenían.
Bukele ha cerrado otros programas estratégicos y de alto impacto social como “Casa para Todos” que facilitaba opciones de vivienda a familias de escasos recursos a través del Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO; “Piso y Techo”, orientado a mejorar la calidad de las viviendas de los más pobres; “Agricultura y Acuicultura Familiar”, que garantizaba la seguridad alimentaria de la población; el “Programa de Apoyo temporal al Ingreso” (PATI), que estaba dirigido a emprendedores jóvenes de escasos recursos; “Comunidades Solidarias”, destinado a familias de muy bajos ingresos que no son receptoras de remesas; el emblemático programa “Operación Milagro” que se llevaba a cabo con el apoyo de médicos cubanos; entre otros.
Desfinanció además el exitoso programa “Ciudad Mujer”, afectando la calidad y cobertura de los servicios prestados.
Tampoco ha construido en estos cuatro años de gobierno ninguna nueva sede, tal como prometió.
En el Presupuesto del 2022 y del 2023, le ha restado recursos al Primer Nivel de Atención en Salud que es al que acuden las familias pobres del país a través de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar conocidos como “ECOSF”.
En estos cuatro años de gobierno de Bukele han aumentado las enfermedades prevenibles, lo que ha provocado el deterioro de los principales indicadores sociales.
Lo mismo puede decirse de la Educación.
Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del año pasado, la repitencia escolar ha aumentado, la deserción sobre todo en Primaria se ha incrementado y las cifras de alfabetización, incluyendo la alfabetización de adultos, se han estancado.
No se construyeron las 620 escuelas que prometió en Septiembre del 2021 y que dijo que serían financiadas con las supuestas ganancias del Bitcoin.
Tampoco aumentó el Presupuesto para la UES, lejos de eso en estos momentos le adeuda 24 millones de dólares que estaban presupuestados en el 2022 y el 2023.
No ha construido la Residencia Estudiantil en el campus universitario y tampoco las 3 sedes regionales en La Unión, Ahuachapán y Chalatenango, que prometió.
Mientras el ingreso promedio de los hogares aumentó en solo 9 dólares (de $620 a $629), la canasta alimentaria urbana se encareció en $48 y la rural en $44, representando aumentos del 24% y 30%, respectivamente.
De igual forma, la canasta ampliada, que además de alimentos incluye servicios básicos, vivienda y vestimenta, aumentó en 98 dólares en el área urbana (es decir, un incremento del 24%) y 88 dólares en el área rural (30% de aumento).
Esto quiere decir que con el gobierno de Bukele los salvadoreños tienen en estos momentos menos acceso a alimentos que antes del 2019 y sus condiciones de vida han empeorado.
A pesar que la deuda pública creció en casi 6 mil millones de dólares (a razón de $1,300 millones por año), los indicadores sociales van a la baja, lo que significa que el elevado endeudamiento no ha beneficiado en nada a la población más necesitada.
Este dinero proveniente del endeudamiento público ha sido o mal ejecutado o se ha ido en el resumidero de la corrupción.
Bukele no emprendió ninguna de las reformas sociales y fiscales que ofreció siendo candidato.
Después de 4 años, seguimos esperando el proyecto de reforma tributaria progresiva que haría pagar más impuestos a los que más ingresos tienen.
La alianza que mantiene con los grupos oligárquicos le ha impedido crear un impuesto a las grandes fortunas que haría depender menos el Presupuesto Público del endeudamiento externo.
Un aumento del impuesto a las ganancias de la gran empresa y a la repatriación de utilidades de empresas domiciliadas en el extranjero permitiría aumentar la parte del Presupuesto de la Nación destinada a financiar los programas sociales y a rebajar el IVA a los alimentos y las medicinas.
La reforma al sistema de pensiones fue un completo engaño.
La propuesta del gobierno que aprobó la Asamblea oficialista meses atrás no ataca los tres problemas fundamentales del sistema previsional privado: la baja cobertura, las bajas pensiones y la insostenibilidad financiera de los fondos de pensiones.
La reforma no contiene mecanismos para ampliar la cobertura ni los programas de pensiones no contributivas.
Por el contrario, el gobierno lleva más de un año de no entregar la pensión de 50 dólares mensuales a 37 mil adultos mayores (con más de 70 años de edad) que viven en condiciones de pobreza.
La cobertura del sistema es de apenas el 26% de la Población Económicamente Activa (PEA).
El resto de la PEA no cotiza al no trabajar en el sistema formal de la economía y no tiene por tanto acceso a una pensión de retiro.
El aumento de las pensiones (de 1.3% a 30% según el monto de las actuales y futuras pensiones) no garantiza el pago de pensiones dignas, tal como se ofreció.
El 80% de las pensiones que se pagan actualmente, ahora con la reforma aprobada, no llegarán ni a 400 dólares al mes.
Las AFP’s tendrán más ganancias, pues su comisión subió de 0.9% a 1%, lo que en un año supone $2 millones más de utilidades.
La sostenibilidad financiera del sistema no está asegurada porque la reforma faculta al gobierno a seguir tomando dinero del fondo de pensiones en forma ilimitada para cubrir sus compromisos financieros.
De hecho, el gobierno acaba de entregarle al Tribunal Supremo Electoral unos $223 millones que estaban asignados al pago de la deuda previsional y no está seguro saldar esa nueva deuda.
Bajo esta lógica llegará un momento en que la gente no podrá cobrar su pensión aunque haya cotizado el tiempo que la Ley establece.
A quién favorece entonces la reforma de pensiones del gobierno?
No cabe duda que favorece a los grupos económicos vinculados a este sistema previsional, es decir, a los dueños de las AFP’s.
La actividad productiva del país tampoco crece tal como se prometió.
La economía sigue estancada y las proyecciones de este año establecen que El Salvador será uno de los países con menos crecimiento económico en la región.
Un dato alarmante es que el sector textil, que ha sido uno de los más dinámicos de la economía donde se concentra la mayor parte de la inversión extranjera que llega al país, prevé una caída de un 10% al cierre del 2023.
Esta situación afectará el empleo y por tanto los ingresos de los trabajadores.
La inversión extranjera es la más baja de la región, contrario al pronóstico que hizo este gobierno con la entrada en circulación del Bitcoin como moneda de curso legal.
De nuevo Bukele resultó ser un fiasco.
La Ley fue aprobada en forma express y sin discusión legislativa.
A la fecha se han gastado más de 80 millones de dólares en la compra de la cripto moneda y el país sigue sin ganar un tan solo dólar con esta operación.
A la población se le vendió un paraíso ilusorio de una supuesta entrada masiva de capitales y de decenas de inversiones extranjeras utilizando el Bitcoin en el sector turismo, servicios, la construcción y los bienes raíces.
A la fecha no hay Ciudad Bitcoin, ni Bonos Bitcoin, ni planta geotérmica para la minería del Bitcoin en el Volcán de Conchagua en La Unión.
En el gobierno de Bukele tampoco se han cumplido las metas de inversión pública por mucho que se haya anunciado que en el 2022 el gobierno iba a realizar la mayor inversión en la historia reciente del país: más de $1,500 millones en solo un año fiscal.
Con este ofrecimiento Bukele dijo que iba a construir siete pasos a desnivel, de los cuales solo ha construido tres en un año y medio después del anuncio.
Lo mismo ofreció en el área social.
Bukele prometió remodelar 3,000 escuelas en tres años, a razón de mil por año.
El año pasado no se alcanzó ni un 5% de la meta proyectada.
El nuevo edificio para el Hospital Rosales, para el que ya existe el financiamiento aprobado desde finales del 2018, tampoco ha sido construido.
Ni siquiera la licitación se ha podido llevar a cabo.
Dijo que estaría construido a finales del 2022 y ya estamos a la mitad del 2023 y el MOP no ha pasado de los trabajos de terracería.
Tampoco se ha construido el Hospital de la Zona Norte en Nejapa.
Para ambos Hospitales Públicos y para la construcción de una decena de clínicas comunales, Sánchez Cerén dejó aprobado y ratificado un préstamo con el BID de 170 millones de dólares, que nadie sabe dónde está.
Este es el gobierno con la más baja capacidad de ejecución presupuestaria y financiera de los últimos 30 años.
En Agosto del 2020, Bukele entusiasmó a los habitantes de la Isla Tasajera en La Paz al prometerles una Unidad de Cuidados Intensivos y a la fecha todo se ha quedado en promesa.
El “Tren del Pacífico” y el “Aeropuerto Internacional de Oriente”, en el que supuestamente tanto inversionistas de Dubai como de la empresa alemana Lufthansa habían mostrado interés, son ofertas que no han pasado del papel.
Las únicas obras que se exhiben y llevan avances son las que han sido posibles gracias a la cooperación externa, sobre todo de China.
Nos referimos a la nueva Biblioteca Nacional, al Nuevo Estadio en la zona de El Espino, al parque de diversiones en el puerto de La Libertad y a la planta potabilizadora en el Lago de Ilopango.
Hay que hacer notar que esta cooperación ya había sido negociada por el gobierno de Sánchez Cerén que fue el que abrió relaciones con China continental.
Como se dice popularmente, Bukele “solo llegó a traer” y cosechar los esfuerzos de otros.
4 años de Bukele, 4 años de corrupción y despilfarro…
En el gobierno de Bukele se han dado serios retrocesos en la transparencia del gasto público.
Hoy hay más opacidad del gasto, incluso más que la que existía en los gobiernos de ARENA, y eso ayuda a que haya más corrupción.
Con Bukele ninguna institución del Estado tiene el más mínimo interés de investigar y combatir la corrupción de este gobierno.
El Fiscal impuesto por el oficialismo cerró 12 expedientes de corrupción de funcionarios de Bukele, incluyendo la investigación conocida como “Catedral” en la que se demuestran las negociaciones con las pandillas que ha llevado a cabo el gobierno.
Nadie se cuestiona, y mucho menos la oposición, por qué la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación penal en contra de los funcionarios de Bukele, algunos de los cuales han sido mencionados en la Lista Engels del Departamento de Estado de los Estados Unidos por actos de corrupción y atentados contra la democracia.
Ni el gobierno ni la Fiscalía explican por qué se han cerrado las investigaciones que había abierto el Fiscal Raúl Melara a solicitud de la CICIES, en casos como: Las compras públicas de insumos médicos durante la Pandemia por el Ministerio de Salud; las compras de alimentos por el MAG a empresas mexicanas vinculadas con el Cártel de Sinaloa y que en México enfrentan investigaciones por lavado de dinero y pago de sobornos; la construcción a sobreprecios del Hospital El Salvador; el destino de mil millones de dólares durante el 2021 que no cuentan con registros contables; los 30 millones de dólares entregados al inicio de la Pandemia que no cuentan con los nombres de los propietarios de los DUIS que supuestamente recibieron esa ayuda monetaria; la venta ilegal de más de 4 mil paquetes alimenticios por el Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza y su madre, a un contrabandista de granos básicos; la compra ilegal y sin autorización de más de 80 millones de dólares en Bitcoin sin que se tenga certeza de los resultados de la operación; más recientemente se ha sabido de la asignación “a dedo” por la Dirección de Obras Municipales de Capres (DOM) de más de 30 millones de dólares para la reconstrucción del Mercado San Miguelito en San Salvador a una empresa mexicana que solo tenía una semana de haber sido creada y que no ha podido demostrar la capacidad financiera y técnica para continuar con el proyecto; y estos son solo algunos ejemplos de supuesta corrupción gubernamental que nadie ha investigado.
Hay además sospechas del pago de sobornos de parte de algunos grupos empresariales a Diputados oficialistas para que aprueben Leyes que favorecen sus intereses: Ley del Agua, Nueva Ley de Pensiones, Ley de Confiscaciones, etc.
Cómo queda, entonces, el ofrecimiento público que hizo al inicio de la Pandemia en el sentido de que él mismo, en tanto Presidente, iba a meter preso a todo aquel funcionario que tocara un tan solo centavo de dólar del Presupuesto Público?
Este gobierno ha despilfarrado millones y millones de dólares, a pesar de que el ofrecimiento de combatir el despilfarro fue una de sus más importantes promesas de campaña.
Bukele despilfarra recursos en millonarias campañas propagandísticas basadas en la desinformación y en la propagación de falsedades.
No le paga a los proveedores del Ministerio de Educación ni a 37 mil adultos mayores a los que les debe más de un año de pensiones mensuales pero refuerza el Presupuesto de CAPRES para el OIE y para las Secretarías de Comunicaciones y de Prensa en más de 6 millones de dólares.
Hay despilfarro también en las compras del Ministerio de Defensa.
Acaban de erogar casi 4 millones de dólares para la compra de vehículos blindados para la Fuerza Armada, siendo que, según Bukele, las pandillas han sido casi exterminadas, su operación en el territorio ha sido diezmada y tiene más de 60 mil pandilleros en la cárcel luego de la aplicación del régimen de excepción.
Para qué necesita, entonces, esos vehículos blindados?
4 años de Bukele, 4 años de mentir sobre las pandillas.
Nadie conoce detalles del Plan Control Territorial, ni siquiera los Diputados que han dado sus votos para aprobar sus diferentes Fases o Etapas.
Es un hecho que la reducción de homicidios comenzó con las negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas y no como resultado de un efectivo control de los territorios por la policía y el ejército.
Bukele viene negociando con ellas desde que era Alcalde de San Salvador.
La PNC tiene fotografías de reuniones de dos funcionarios municipales de ese entonces, Mario Durán, ahora alcalde capitalino, y Carlos Marroquín, Director de Reconstrucción del Tejido Social, con palabreros de la MS-13.
Una reveladora investigación del equipo de fiscales bajo el mando de Raúl Melara y con apoyo de agentes del FBI y la DEA, conocida como “Catedral”, por lo voluminoso del documento, demostró que funcionarios del gabinete de seguridad de Bukele se han reunido con líderes de pandillas para negociar una reducción de homicidios y apoyo electoral para Nuevas Ideas a cambio de beneficios económicos, carcelarios y procesales para sus líderes.
El rompimiento momentáneo de los acuerdos a finales de Marzo del 2022 por parte del gobierno provocó una reacción a nivel nacional de la MS-13 que se cobró esta traición, sobre todo del Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, con el asesinato de 87 civiles en solo un fin de semana.
Según un reportaje de El Faro, el gobierno convocó a varios lideres pandilleros para negociar y en lugar de ello procedió a capturarlos.
Bukele tuvo necesidad de usar a su principal operador, Carlos Marroquín, alias Sliptone, para recuperar las negociaciones interrumpidas en ese momento.
Los asesinatos volvieron a su punto anterior luego que Bukele usara propagandísticamente la aprobación de un Régimen Especial de Excepción que vulneraba algunas garantías constitucionales, no solo de los pandilleros sino de la población en general.
Llama la atención que decenas de pandilleros comenzaron a ser apresados a diario, a raíz de una identificación y localización previa de éstos que había hecho la inteligencia policial y militar y el OIE.
Por qué si las autoridades tenían conocimiento de quiénes eran y dónde operaban, incluyendo los crímenes cometidos, no habían sido capturados y encarcelados antes de la entrada en vigencia del Régimen de Excepción?
Por qué la mayoría de los 60 mil pandilleros capturados no han mostrado resistencia al arresto, no se han enfrentado militarmente con las fuerzas de seguridad gubernamentales, no se les ha encontrado mayor cantidad de dinero, armas y teléfonos celulares?
Por qué hubo necesidad de establecer una cuota mínima de capturas a las unidades policiales que llevó a la detención ilegal de unos 5 mil inocentes que no tienen ningún vínculo con las pandillas?
Cómo explica el gobierno las más de 200 muertes provocadas por agentes del Estado dentro de los penales o durante su detención, de las cuales solo un 7% corresponde a pandilleros?
Si se supone que la mayoría de pandilleros guardan prisión y que sólo han quedado en el territorio nacional unas cuantas decenas de palabreros y gatilleros, qué necesidad tiene el gobierno de seguir prórrogando la vigencia del Régimen de Excepción?
A pesar del amplio despliegue de policías y militares en todo el país, la reducción de homicidios no se debe a que, como sostiene el gobierno, el Plan Control Territorial ha sido todo un éxito.
La causa de esta reducción de asesinatos siguen siendo las negociaciones con las pandillas que la Fiscalía de Raúl Melara y las agencias federales de investigación de EEUU tienen documentadas.
Eso es lo que explica la negativa de Bukele de extraditar, con la complicidad del Fiscal Delgado y la mayoría de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los líderes de pandillas presos en El Salvador que reclama Estados Unidos desde mediados del año pasado.
Un artículo de la agencia de noticias INFOBAE del periodista Héctor Silva (“Qué hay detrás del temor de Nayib Bukele a extraditar a los líderes pandilleros que reclama Estados Unidos”) señala que los pandilleros reclamados son los que dirigieron las negociaciones con el gobierno de Bukele y sus testimonios en las cortes estadounidense podrían abrir para Bukele un camino similar al del ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
Bukele teme que los pandilleros una vez en Estados Unidos pudieran criteriarse y revelar información que podría llevar a que varios funcionarios del gobierno, como Osiris Luna Meza y Carlos Marroquín, así como el propio Bukele, enfrenten cargos judiciales en ese país por su complicidad con las pandillas, consideradas organizaciones terroristas por la leyes federales estadounidenses.
De hecho ya hay algunos pasos en ese dirección.
Según la agencia INFOBAE, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tiene lista una acusación criminal que incluye a Osiris Luna Meza y a Carlos Marroquín y que está por presentar ante el distrito judicial de Nueva York por negociar con las pandillas.
En Diciembre del 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Meza y a Marroquín a través de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC) por ser parte de “actividades criminales transnacionales graves, incluidos el tráfico de drogas, el secuestro, el tráfico y trata de personas, el asesinato, la extorsión y el chantaje”
Esos crímenes, dicen los investigadores de Estados Unidos, ocurrieron como parte de un esquema para facilitar reuniones secretas con los líderes pandilleros encarcelados en El Salvador y que son reclamados por un Fiscal de Nueva York.
Las negociaciones han sido ordenadas por Bukele, según los investigadores estadounidenses. Por lo cual, Nayib podría enfrentar procesos judiciales en más de alguna corte federal de Estado Unidos.
¿Por qué votar por un Presidente que es un fraude?
Para qué votar por un candidato que estando en la Presidencia no ha cumplido con sus ofertas electorales, que miente sobre sus verdaderas intenciones y que ha hecho retroceder el Estado de Derecho en el país?
No es lógico ni sensato votar por un Presidente que como candidato para la reelección no cumplió en su primer mandato con la casi totalidad de sus ofertas y promesas electorales formuladas hace 4 años.
Acá no solo estamos hablando de impedimentos de carácter constitucional, siendo que la Constitución de la República prohibe expresamente la reelección inmediata y continua.
Nos referimos también a razones políticas además de jurídicas.
No se puede votar por un candidato que pretende una reelección ilegal e inconstitucional.
La Constitución prohíbe claramente la reelección inmediata.
Bukele por mandato constitucional no puede ser candidato a la reelección y aspirar a un segundo período.
Nadie debería votar tampoco por un candidato farsante y demagogo.
Nadie en su sano juicio debería votar por un dictador, cuyas políticas públicas han afectado al pueblo.
Nadie debería votar por un Presidente que ya demostró que es capaz de violar la Constitución y hacer retroceder la democracia con tal de satisfacer sus intereses y su proyecto político y económico.
Nadie debería votar por un Presidente que solo busca la reelección para cubrir con un manto de impunidad los crímenes cometidos.
Bukele sabe que si no es reelegido seguro va a ir a parar a la cárcel.
Nadie debería votar por un Presidente que ha tenido 4 años para sacar al país del estancamiento económico, para combatir la pobreza y la exclusión económica y social, para evitar una mayor concentración de la riqueza, para generar empleo y atraer más inversiones extranjeras y que ha acabado haciendo lo contrario.
Bien dicen que cada pueblo “tiene el gobierno que se merece”
Pero El Salvador no se merece otros 5 años más con Bukele en la Presidencia acompañado de un grupo familiar que dirige una estructura criminal desde CAPRES, que ha saqueado los Bienes Públicos y que ha negociado con las pandillas en beneficio propio.
La candidatura de Bukele es ilegal, rompe con la Constitución que expresamente prohíbe que un Presidente pueda estar un día más en el cargo, una vez cumplido su mandato de 5 años.
Por menos fue sacado del poder el General Brigadier Maximiliano Hernández Martínez en 1944.
Hay de sobra suficientes razones para destituir a Bukele…
*El Colectivo Tetzáhuitl está integrado por periodistas, investigadores y analistas que por decisión propia han organizado un equipo de análisis de la realidad nacional para introducir certeza en el debate publico.
Ninguno de sus integrantes tiene alguna afiliación partidaria.
