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Brasilia/AFP
El Senado de Brasil se apresta esta semana a suspender a la presidenta Dilma Rousseff para someterla a un juicio político por supuesto maquillaje del presupuesto, there en el auge de una profunda crisis que tiene en vilo al gigante sudamericano.
Sondeos y analistas coinciden en que estas podrían ser las horas finales del mandato de la primera presidenta de Brasil, exguerrillera de 68 años reelegida hasta 2018 que denuncia un «golpe parlamentario» en su contra.
A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil es sacudido por la batalla por el impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras que tiene a decenas de políticos y grandes empresarios en la mira.
El pleno de 81 senadores votará este miércoles si acepta o rechaza la recomendación de una comisión especial del Senado que aprobó hace tres días por holgada mayoría la destitución de Rousseff y apartarla del poder por hasta 180 días mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva.
Si es suspendida esta semana, el vicepresidente Michel Temer, un exaliado del gobierno que se ha convertido en su principal enemigo, asumirá la presidencia de forma interina. Y si Rousseff es finalmente juzgada culpable, Temer, del partido de centroderecha PMDB, quedará al frente del país hasta 2018.
«Usurpando el poder»
«Vivimos un impeachment golpista. Está en juego una elección indirecta travestida de impeachment (…). Los que están usurpando el poder, el señor vicepresidente de la República, son cómplices de un proceso extremadamente grave», denunció Rousseff el viernes pasado.
«Soy la presidenta elegida, no cometí ningún crimen y si renuncio entierro viva la prueba de un golpe, sin base legal, que tiene como interés enterrar las conquistas de los últimos 13 años. Resistiré hasta el último día», prometió al entregar 25.000 hogares para brasileños de bajos ingresos, uno de los programas sociales estrella del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
«Si ellos quieren hacen un juzgamiento político de mi gobierno que recurran al pueblo brasileño y no al impeachment», planteó la mandataria el sábado sugiriendo la convocatoria a nuevas elecciones, lo que exigiría una improbable enmienda a la Constitución.
La oposición acusa a la mandataria izquierdista de haber cometido un «crimen de responsabilidad» al utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014 y 2015.
La Cámara de Diputados ya aprobó la continuidad del impeachment a mediados de abril por una aplastante mayoría, y desde entonces Rousseff pierde cada vez más margen para defender su mandato.
Corrupción endémica
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados -incluido el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva- como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.
El arquitecto del impeachment, el diputado Eduardo Cunha, fue suspendido la semana pasada por la Corte Suprema de su cargo como presidente de la cámara baja por intentar obstruir investigaciones en su contra vinculadas al escándalo en Petrobras.
Cunha, aliado de Temer y considerado uno de los políticos más poderosos y astutos del país, es acusado por la fiscalía de tener cuentas secretas en Suiza, de usar a aliados para pedir sobornos a empresas con contratos con Petrobras y de desviar dinero en contratos de Furnas, una subsidiaria de la estatal Eletrobras.
Fue reemplazado en la presidencia de la Cámara por otro diputado que también es investigado por supuesta participación en el megafraude a Petrobras.
Temer no es blanco de investigaciones en la trama de corrupción, aunque fue mencionado como involucrado por el exlíder del PT en el Senado, que firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia para reducir su pena en el marco de la causa.
En otro giro inesperado, Temer puede ser impedido de presentarse a un cargo de elección durante ocho años porque fue declarado culpable de violar reglas del financiamiento de campañas. Esa prohibición no le impediría asumir la presidencia de manera interina tras la salida de Rousseff.
El gobierno y el Congreso están prácticamente paralizados, con las medidas de ajuste fiscal propuestas por Rousseff para combatir la crisis archivadas en una gaveta.
La crisis del gigante sudamericano contrajo su economía 3,8% el año pasado, la mayor caída del PIB en un cuarto de siglo, y se estima que este año tendrá un retroceso similar.
Los mercados no esconden su satisfacción con la alta posibilidad de que Temer asuma el poder esta semana y rompa el impasse en el Congreso para aprobar medidas de ajuste y control fiscal.
