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Tras la apertura económica general a partir del pasado lunes 24 de agosto, el servicio del transporte colectivo es el que ha presentado su servicio de forma dividida. Los que no han salido a circular lo aducen a que no tienen las condiciones para prestar el servicio con las exigencias que el momento necesita, mientras que los que sí lo han hecho, tienen la esperanza que el Gobierno les responderá. A los primeros, los voceros del Gobierno, los amenaza públicamente con sanciones tales como suspender las líneas temporalmente, colocarles multas o suspenderlos definitivamente. Esta última medida, la más drástica, es la más difícil que se haga, a menos que se hiciera lo que en un momento el propio presidente amenazó: la nacionalización del servicio del transporte colectivo.
Por cierto, en un par de ocasiones los transportistas, al menos algunos, retaron al Gobierno a que lo hiciera, pues “les harían un favor”, porque era imposible sostener el servicio en el nuevo momento y con las condiciones u obligaciones anteriores.
El tema y problema del transporte colectivo es de larga data, quizá hasta podría decirse que se volvió estructural. Por esto es que se debe buscar -después de la pandemia- un mejor servicio, no solo de acuerdo con los nuevos tiempos en el sentido de presentar un servicio con características modernizantes, sino también de acuerdo con la calidad que deben recibir sus usuarios. Pero es necesario que el Gobierno tome en cuenta la afectación económica que han sufrido los empresarios del sistema del transporte público. Y es que cuatro meses de paro obligatorio por la pandemia, y con la obligación de cancelar salarios a sus motoristas, cobradores y demás personal de servicio, ha impactado negativamente las finanzas de los transportistas.
Es decir, los transportistas tienen razón al decir que es una obligación que de la noche a la mañana les pongan GPS a las unidades, un sistema automático para el cobro del pasaje, entre otras obligaciones. Sin recursos financieros y sin el subsidio de esos cuatro meses, porque no circularon obligados por el Gobierno como parte de las medidas sanitarias, y no por decisión propia, alguna salida debe darles el Gobierno.
Si habrá ayuda para casi todas las empresas y trabajadores por la afectación de la pandemia, lo lógico sería que también a los transportistas se les de como ayuda de salvataje una parte del subsidio que no se les quitó durante los casi cuatro meses, para que puedan invertirlo en mejorar sus unidades o colocarles los instrumentos que el Gobierno exige.
Lástima que no se aprovechó la experiencia del SITRAMSS, que prácticamente obligaba a que el sistema del transporte colectivo se modernizara, pero la miopía de la oposición política y de una parte de los empresarios del transporte colectivo lo sabotearon. Era un buen sistema, que pudo ser un buen ejemplo para modernizar el resto del servicio del transporte público. En este tema, lamentablemente, la Sala de lo Constitucional anterior contribuyó al desmontaje de este ensayo que, incluso, ayuda a educar a varias decenas de miles de usuarios, no solo en el abordaje de las unidades, sino también en la forma de pago, con el uso de un plástico.
Ahora sería más fácil, pero como no se trata de traer a cuenta recuerdos, lo que sí es pertinente en este momento es llegar a un acuerdo rápido, para impedir que los transportistas se unan y cumplan la amenaza de un “paro técnico”.
Los transportistas -en la mesa de diálogo con el Gobierno- deben abordar el tema sin prepotencias y sin sacar ventaja, como siempre lo han pretendido. En el caso del subsidio congelado es necesario que haya una ley especial para invertir parte del mismo en las mejoras al transporte colectivo, que debe hacerse en fases.
Y con respecto al subsidio para el futuro, no debe ser incrementado y tampoco debe permitirse que los transportistas le suban el pasaje, sobre todo en estos momentos que los usuarios también han sido fuertemente golpeados por la pandemia.
Es el momento de hacer patria y los transportistas están llamados a hacerlo. Ojalá y sea pronto, pues el pueblo sufre las consecuencias de las intransigencias y necedades.
