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La directiva del Sindicato de la Asamblea Legislativa, queriendo congraciarse con el Gobierno del presidente Bukele y con las nuevas autoridades del parlamento, al conocerse el aplastante resultado electoral que minimizó a la oposición política, se jugó la carta más peligrosa en el terreno político desfavorable: denunciar como “plazas fantasmas” a sus compañeros de trabajo. Y como plazas fantasmas agruparon a los trabajadores legislativos que hacen el trabajo en los territorios, bien en representación de la Asamblea o de las fracciones legislativas. Debido a esta labor es que hace varios años la Asamblea acordó crear sedes legislativas en todas las cabeceras del país, salvo en San Salvador por ser la sede central.
Cuando Norman Quijano, ahora refugiado en Honduras, asumió la presidencia del Congreso, despidió a varias decenas de empleados legislativos al cerrar o disminuir las funciones en las sedes legislativas departamentales. Al ganar Nuevas Ideas las elecciones legislativas y municipales el 28 de febrero, que les dio 56 votos, es decir, mayoría calificada, la junta directiva del sindicato de la Asamblea Legislativa, en un afán de congraciarse con la nueva bancada legislativa, denunció que las salientes autoridades están cambiando contratos laborales a centenares de supuestos trabajadores fantasmas.
La denuncia del sindicato, incluso, fue tomada por el presidente Nayib Bukele, y en redes sociales anunció que se iban a investigar. Incluso, las declaraciones del mandatario obligaron al fiscal general de la república a ordenar un allanamiento. Y, durante más de una semana, un séquito de agentes de la Fiscalía permanecieron en la Asamblea Legislativa, para secuestrar información de las oficinas de Recursos Humanos y financiera. Luego, la Fiscalía procedió a allanar las fracciones legislativas, donde secuestró computadoras de los jefes de fracción y otros documentos. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha dado el informe de los resultados del allanamiento, ni ha dado informe de la existencia o no de las famosas plazas fantasmas denunciadas por el sindicato.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció, hace una semana, que de los 2,400 trabajadores que laboran en la Asamblea Legislativa, solo se quedarían con el 50 %, es decir, que se van a despedir a 1,200 trabajadores. Castro justificó ayer que ese millar de trabajadores se irán de la institución, porque ya cumplieron su contrato de trabajo. Asimismo, retomó el discurso del sindicato de las plazas fantasmas. Ayer, también, se conoció del despido de seis empleados del área técnica de la Asamblea, y dado que no son plazas fantasmas, justificó que eran plazas de confianza de los partidos que dominaron la Asamblea en los años anteriores.
Los sindicatos del área pública, aunque simpaticen con el presidente Bukele, si es que no son afiliados de Nuevas Ideas, deberían mantener alguna prudencia en sus declaraciones, pues está claro que el Gobierno del presidente Bukele, hoy que controla la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial, no dudará en seguir “limpiando” esas instituciones de trabajadores por la simple sospecha de haber llegado en los gobiernos de ARENA o el FMLN, son “peligrosos” y hay que sacarlos del Gobierno. Y es que el Gobierno de Bukele necesita colocar a nuevo personal de confianza, como lo ha dicho el mismo presidente, y para seguir castigando al FMLN y al partido ARENA. Es decir, desde la lógica de Nuevas Ideas, todos los empleados públicos contratados durante los gobiernos de ARENA y FMLN responden a los intereses de esos partidos políticos, y, por tanto, “deben eliminarse”. Este discurso, por supuesto, es peligroso y condenable, pero es la nueva realidad política y social que vive El Salvador, y quedó consolidado el uno de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a la Sala de lo Constitucional, que era el único instrumento jurídico que garantizaba el equilibrio del poder.
