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Iosu Perales
El actual primer ministro de Israel, Naftali Bennett, líder el partido Casa Judía, siendo ministro de economía, no tuvo reparo en decir durante un consejo de ministros celebrado en el mes de junio de 2013: “Si capturamos a terroristas hay que matarlos, sencillamente”. El consejero para la seguridad nacional, Yaakov Amidror, sorprendido, le respondió “pero eso es ilegal” y Bennett contestó: “Yo he matado a muchos árabes y no tengo ningún problema con ello”. Los comentarios fueron realizados durante el desarrollo del consejo de ministros que deliberaba sobre la liberación de 104 prisioneros palestinos.
Bennett estudió en una escuela rabínica y militó en Bnei Akiva, una organización juvenil de derechas y de extrema derecha, muy sionista y religiosa, donde alcanzó el cargo de “guía”. Es un judío muy religioso y multimillonario que amasó una fortuna como promotor de asentamientos de colonos y de suburbios al sur de Tel Aviv. La oficina de Bennett no sólo no se disculpó, sino que confirmó sus palabras en un comunicado en el que se lee: “Si al final vamos a soltar a los terroristas capturados, quizás deberíamos matarlos antes”.
Las palabras del primer ministro Bennett son un escándalo y escandalizan en instituciones europeas, pero ¿por qué no se hace nada? ¿por qué la impunidad de Israel está en la base de su estrategia de seguir extendiendo su dominio absoluto en territorios palestinos? La última noticia realmente preocupante es la ilegalización y cierre de seis ONG defensoras de los derechos humanos. Organizaciones formadas por ciudadanos palestinos e israelíes que son un testigo molesto para la empresa sionista de expulsar a palestinos de sus territorios. Precisamente, al mismo tiempo que se daba a conocer la represión sobre las ONG se hacía público que en la ocupada Cisjordania el gobierno de Bennett construirá 1.355 viviendas para colonos, que se suman a las más de 2.000 a punto de tener la luz verde del ministerio de Defensa.
Como ya sabemos, Israel ostenta el récord histórico de incumplimientos de resoluciones de Naciones Unidas, después que terminara el apartheid sudafricano. Son docenas las resoluciones incumplidas, siendo las más conocidas la 242 que exige la retirada de Israel a las fronteras de 1967 y la 194 sobre el derecho al retorno de los refugiados. Otras resoluciones exigen el desmantelamiento de asentamientos de colonos; las hay que exigen el fin de las expropiaciones de tierras y de manantiales de propiedad palestina; algunas condenan la anexión unilateral de Jerusalén al Estado de Israel. Ninguna de las resoluciones ha sido cumplida. ¿Qué pasa entonces con la autoridad de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad? ¿Dónde está el celo de Washington, Londres y de la Unión Europea, para imponer al sionismo el cumplimiento urgente de las resoluciones que le obligan a retirarse de los territorios ocupados? ¿No se dispone acaso de medidas coercitivas que las haga cumplir?
En este contexto, la detención y encarcelamiento, sin juicio, de la cooperante española Juani Ruiz, quien sigue en prisión -le ha sido denegado el arresto domiciliario-, fue sólo el primer paso para una operación de silenciamiento de ONG que trabajan en los territorios ocupados tratando de proteger los derechos humanos de sus poblaciones. ¿No debería, el decorativo Josep Borrell, representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, visitar a su compatriota? ¿No deberíamos saber qué gestiones se están haciendo desde Bruselas y Madrid para liberarla? ¿O ya es un asunto olvidado puesto que no interesa molestar al gobierno israelí?
De momento, es verdad que algunos deseos sionistas siguen neutralizados. De momento. Pero sus líderes siguen trabajando por una guerra contra Irán argumentando que dispone de armas nucleares. Quien si las tiene es Israel con el consentimiento de Occidente. Recuerdo muy bien cuando el diputado Issam Makhoul declaró en sede parlamentaria de la Knesset que Israel es el sexto país del mundo en lo concerniente a la cantidad de plutonio de alta calidad en su poder. Añadió: “El mundo debe saber que Israel es un gran depósito de armas nucleares, biológicas y químicas almacenadas en el desierto del Negev”.
A Israel le va la marcha de guerras de las que viene sacando partido territorial. Su objetivo estratégico es adueñarse de toda la Palestina histórica. Y lo que está haciendo ahora es una limpieza de testigos. Israel teme más a las ONG que denuncian que a la propia Unión Europea. Son precisamente ONG palestinas que junto con ONG israelíes están haciendo una verdadera diplomacia ciudadana. Allí donde las instituciones dan la espalda a la realidad, organizaciones y movimientos sociales cooperan. En este caso, la colaboración denuncia las violaciones de derechos humanos, y apoya y defiende a las poblaciones afectadas por la ocupación y la colonización.
A estas alturas de la historia del conflicto, algo más de 70 años desde la creación del Estado de Israel, nada invita a pensar que algún día se cumplirá con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Tampoco parece cercano el día en que Estados Unidos comprenda que su socio sionista sostiene su proyecto sobre una violencia brutal y un apartheid que aísla y discrimina más y más al pueblo palestino. Como en el conflicto del Sahara todos los datos invitan al pesimismo. Razón demás para que organizaciones de derechos humanos fiscalicen las políticas sionistas.
Porque la situación es desesperada no debe extrañar campañas como las del boicot a productos israelíes, sobre todo si tienen su origen en asentamientos de colones construidos sobre tierra robada.
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