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René Martínez Pineda
Sociólogo, UES
Hemos entrado, de facto, en una nueva-vieja coyuntura electoral y, siendo estrictos, podríamos decir que en El Salvador esa es una coyuntura permanente y cruel que tiene que ver con el sufragio, aunque en ella se evade hablar de todo lo que éste implica y replica. Como mostraron las elecciones presidenciales de 2019 -cual extensión de las legislativas y municipales de 2018- la democracia electoral salvadoreña llegó a la misma paradoja repetitiva del viajero del tiempo, de H. G. Wells: pese a garantizar eventos individuales cada vez más competitivos, raudos y de amplio espectro (al menos formalmente) todavía sufre lo que llamo “síndrome de ilegitimidad adscrita”, y la paradoja consiste en que lo que le da legitimidad a las elecciones (el voto del pueblo como ilusión de futuro) es al mismo tiempo la razón de su ilegitimidad (no respetar o manipular la decisión de ese pueblo, o sea que no vota cuando vota, y eso es como abstenerse). Sin tener bajo el brazo la más adecuada definición de ideología e ignorar que son portadores de una, la mayoría de ciudadanos activos cree que las elecciones –al igual que los diputados- son “muy sucias”, y esa percepción la aprovechan los partidos políticos perdedores para alegar que les hicieron fraude.
Con los asesinados, masacrados y desaparecidos en la guerra civil como telón de fondo de la ópera electoral, ya pasaron casi tres décadas de supuestas mejoras en la integridad moral de los escrutinios; en la normativa específica que evita la existencia de dudas razonables; y en los aperos usados para captar fielmente la decisión popular y, no obstante todo eso, no se ha podido construir un espacio electoral virtuoso debido a que las reformas se agotan en sí mismas producto de la corrupción que impera en el cerrado círculo de los partidos políticos y, al ser así, la democracia electoral cae en la lógica de demolición de la confianza ciudadana, de la cual solo necesita sus escombros para declarar válido cualquier resultado.
Sin embargo, la singularidad sociológica que vimos en las elecciones de 2018 y 2019, a raíz del desencanto y desilusión colectiva (que castigó a los grandes partidos bajo la acusación de ser corruptos o traidores deliberados del pueblo), puso en la agenda del debate político el tema del poder real del sufragio y su protección, vulnerabilidad o inmunidad frente a la amenaza real del mercantilismo político y la “clienterización” del voto (para inventar una palabra) usando, esto último, la desinformación o la amenaza. Ese es el marco de la eterna (y retórica) pregunta de la democracia electoral: ¿Por qué la mitad de los salvadoreños no participa en las elecciones?, lo cual lleva a formular otras preguntas tales como: ¿cuál es el mapa del imaginario en el que está enterrada la razón escatológica que lleva a abstenerse, anular o, en el mejor caso, a votar por este u otro partido?, ¿cuáles son las dimensiones sociológicas del sufragio y cómo se diferencian de las dimensiones jurídicas expresamente ideadas para irrespetar impunemente la voluntad popular?, ¿es posible la legítima neutralidad de un tribunal supremo electoral compuesto por emisarios de los partidos políticos convirtiéndolo en juez y parte de los procesos?, ¿es posible impulsar cambios sociales significativos si quienes están en los cargos de elección son los mismos de siempre?, ¿existe una leal relación causal entre territorio (cualquier territorio) y participación electoral?
Una situación que sí se puede afirmar sobre las elecciones salvadoreñas (las latinoamericanas, para ser exactos) es que -a diferencia de las grandes y frías democracias electorales donde la participación, activa y pasiva, tiene una relación directamente proporcional con el nivel de bienestar autónomo y de educación- son los barrios en situación de olvido y las comunidades consuetudinariamente pobres –mas no en el límite de la indigencia- las que más acuden a las urnas; las que hacen del día de las elecciones una fiesta vocinglera de la esperanza; las que fácilmente pueden ser convencidas de ir a “cuidar las urnas”, en tanto que las ciudades son más abstencionistas. La razón es tan lógica como patética: ir a las urnas es la única vía que tienen los pobres para invocar el milagro que los libere de las cadenas de la nación de la pobreza, así como Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo durante cuarenta años –con todas sus noches- por tortuosos caminos en el desierto hacia la tierra de Canaán. Y los salvadoreños –sin saberlo- caen en esa leyenda o metáfora bíblica porque la democracia electoral ha sido convertida en una cuestión teológica que, por lineal, no les permite ver que su peregrinación a la tierra prometida por las elecciones tiene casi doscientos años, no cuarenta. Por supuesto que –con el apogeo de las redes sociales como espinoso espacio político- esa situación se está modificando de forma galopante, lo cual le da un renovado protagonismo a “los urbanos conectados” que tienen una educación un poco más allá del promedio nacional.
Para comprender la territorialidad en movimiento de la participación ciudadana, hay que considerar que el voto tiene tantos contenidos como contextos y niveles de conocimiento de causa y, además, hay que aceptar que su carácter “universal” es su mito fundacional, es el engaño original, pues los procesos electorales han sido diseñados para ahuyentar a la mayoría por ser complicados, corruptos o inocuos, eso es lo de menos. Para comprender el estado actual de la democracia electoral salvadoreña hay que recordar la primera vez que la asesinaron a machetazos limpios, el 4 de febrero de 1913 (cuyo cadáver fue sepultado en el cementerio de los golpes de Estado, el 2 de diciembre de 1931), recuerdo que nos mostrará las imágenes históricas, sociológicas, geográficas, antropológicas y económicas que la constituyen y la niegan, al mismo tiempo. En ese recorrido nostálgico observamos que, por la ilusión del pueblo, la democracia electoral ha tenido una enorme cantidad de alegorías que siempre han recurrido a la misma estrategia de participación forzada: movilizar a los ciudadanos pedestres en alegres buses o camiones alquilados con dinero público y regalar tamales, gorras, delantales y otras chucherías para inducir el voto particular que, sumado uno a uno, define fraudulentamente ganadores, imitando así la estrategia de despojo que usaron los conquistadores españoles.
Frente a toda esa situación que niega, en la práctica, a una democracia electoral que jura –en vano- que el único soberano es el pueblo, es necesario construir una propuesta comprensiva que articule distintas perspectivas que desemboquen en una sociología del sufragio individual y colectivo que permita trazar y decodificar las relaciones sociales y políticas inmersas en la participación popular y en la representación que no logra concretar o controlar, pero que acepta con tal de darle vida a la gobernabilidad aunque esté basada en la corrupción e impunidad, confiando en que algún día pedirá cuentas cabales. Sin embargo, lo anterior es una muestra clara de que no existe legitimidad democrática en la democracia electoral.
