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Los capitalinos, así como los miles de visitantes del interior del país, se han visto expuestos a sufrir problemas de salud, además de los malos olores que tienen que soportar, también enfrentarse a lo antiestético -ornamentalmente hablando- de los promontorios de basura en cualquier esquina de la ciudad capital. Y es que la alcaldía capitalina enfrenta, desde hace aproximadamente un mes, problemas serios en la recolección de la basura, debido a las protestas que mantienen algunos sindicatos vinculados a las municipalidades, sobre todo de la comuna capitalina.
Las protestas de toda asociación de trabajadores es legítima, siempre y cuando no dañen a terceros y, sobre todo, que no expongan la salud de los habitantes. La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) ha encabezado las protestas contra la comuna capitalina y contra el alcalde Ernesto Muyshondt, a quien acusa de retenciones indebidas y despidos injustificados.
Los representantes de esta asociación, incluso, interpusieron un aviso en la Fiscalía General de la República por esos supuestos delitos. La Fiscalía, incluso, ya abrió un proceso judicial en un tribunal común contra el tesorero de la comuna capitalina, quien seguirá procesado en libertad por orden del juez.
A los de la ASTRAM no les ha parecido ni la decisión de la Fiscalía ni la del juez y por eso siguen con las protestas, con la que afectan a la ciudadanía. Y es que los de ASTRAM querían que procesaran y metieran preso al alcalde Muyshondt, lo cual le da otro giro a la demanda social, porque con esa pretensión salen a la luz pública otras intenciones, y no que se les haga justicia, es decir, que un tribunal obligue a la comuna a devolver lo descontado a los trabajadores, que según estos asciende a más de 600,000 dólares.
El alcalde Muyshondt cree que este accionar de ASTRAM tiene intereses políticos electorales, incluso, señala a dos ministros del actual Gobierno de estar al frente o detrás de ASTRAM en este tipo de protestas. De ser cierto esto, no habría más que condenar esas acciones, pues por asuntos electorales no se debe jugar con la salud del pueblo, en este caso de los capitalinos.
Los de ASTRAM podrían tener razón en su lucha, pero afectar a la población al impedir que se recolecten los desechos sólidos o que se impida que la comuna deposite esos desechos sólidos en el lugar donde se trata la basura, es caer en otro delito, pero, sobre todo, genera un problema de salubridad, que puede traer graves consecuencias la salud de los capitalinos y de quienes transitan por la capital provenientes de otros lugares.
Tomar esas medidas de presión, en medio de una pandemia, debería ser un delito y las autoridades de salud y seguridad pública no lo deberían permitir. Recordamos que siendo ministra de Salud, la doctor Violeta Menjívar decretó una emergencia de salud en Mejicanos, porque después de una semana los promontorios de basura no los levantaba la comuna capitalina por diferencias entre la comuna y los trabajadores.
El actual ministro de Salud, Francisco Alabí, debería hacer lo mismo en este caso, para poner el aparato de salud preocupado por la salud de los capitalinos.
De igual forma debería hacerlo el Ministerio de Medio Ambiente, pues se trata de temas de salud ambiental, y en tanto rectores de esa temática deberían, también, preocuparse de estos problemas, porque el tema de la basura ya lleva más de un mes sin que se resuelva plenamente.
Las otras comunas, las que no tengan muchos problemas en sus finanzas, producto de esta pandemia, deberían realizar acciones solidarias con la comuna capitalina para recoger la basura y llevarla a su destino final.
A lo mejor COMURES podría ser la rectora en estas iniciativas mancomunadas de las comunas del país. Claro, en todo esto hay temas legales, pero tanto las comunas como COMURES tienen sus equipos de abogados para no caer en problemas con la ley.
