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Eugenio J. Ríos
La oligarquía y todos sus testaferros y medios de difusión fascistas siempre le han tenido temor a la democracia, hablan de valores y respeto a las libertades públicas, al Estado de Derecho, pero en el fondo le temen a la participación del pueblo en las decisiones colectivas y de impacto estratégico.
El diccionario describe a la democracia como “una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía (…) En sentido estricto, es una forma de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta…”
De cumplirse estos sistema de gobierno definidas por Platón y Aristóteles, las decisiones de los organismos elegidos directa e indirectamente por el pueblo, deberían de acatarse; pero ese pavor a la democracia participativa, e incluso, representativa, los vuelve enemigos, como siempre, de las causas justas.
En este país se vivió un largo período de dictadura militar (1931-1980), cuando todas las instituciones estaban bajo la administración indirecta de ese minoritario grupo de poder, dueño de las mejores tierras, del sistema financiero, el comercio exterior, los grandes negocios e influían en los tres Órganos del gobierno.
La oligarquía estableció las reglas del juego y las formas de convivencia social de acuerdo con sus particulares intereses, un sistema regido de manera verticalista a la usanza del Medioevo, las leyes, desde la misma Constitución, hecha a imagen y semejanza de sus propósitos, con nula participación del pueblo en las grandes decisiones.
El viejo esquema caudillista comenzó a resquebrajarse cuando entró en escena esa formidable agrupación político-militar en primera instancia y después gracias a las luchas del pueblo y la firma de los Acuerdos de Paz, convertido en el actual partido conocido como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El FMLN cumplió con todos los requisitos exigidos por este sistema anárquico diseñado por la oligarquía, se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y comenzó a establecer su estructura territorial para participar en las elecciones presidenciales, de diputados y concejos municipales.
De manera progresiva fue ganando espacio en los corazones de miles de salvadoreños como lo demostraron las sucesivas elecciones donde cada vez aumentaba el caudal de votos, esta situación nunca fue del agrado de las fuerzas retardatarias de gobiernos conservadores y entonces diseñaron estrategias contra la misma voluntad del pueblo.
Por eso sostenemos que el temor y la oposición de la oligarquía y sus instrumentos de ataque, no es tanto a los programas sociales iniciados desde el primer gobierno en 2009, sino al proyecto político histórico del FMLN, basado en construir un poder político y social donde la participación y organización del pueblo sea una realidad.
Los actuales disturbios callejeros, donde grupúsculos orientados por su estructura política conocida por Arena, amenazan a las instituciones del Estado, así como acciones coordinadas supuestamente para “hacer prevalecer la ley”, contra “la impunidad y la corrupción”, atacan de forma grosera a funcionarios y ex funcionarios del gobierno.
La Sala de lo Constitucional, así como la ANEP, FUSADES, La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales y grupos de fachada, como Aliados para la Democracia, Grupo los 300 y otros, son parte de ese plan perverso y reaccionario para hacer fracasar las conquistas impulsadas por el gobierno del FMLN.
Sin embargo, la fuerza de la historia no puede detenerse, sería tanto como cambiar el día por la noche o trasladar el Océano Pacífico hasta el mar Báltico, la oligarquía, con todos sus recursos económicos y sus instrumentos de fachada, deberán más temprano que tarde aceptar las decisiones populares.
