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McAllen/AFP
Leila Macor
Edilberto García creyó que perdería a su hijo para siempre cuando lo separaron de él en un centro de detención de inmigrantes en Texas. «Sentí mucho temor», dice. No consigue parar de llorar: está aturdido por el terror de los días pasados y el alivio de haber recuperado a su chico.
Ambos viajaron por tierra desde Honduras para que Kevin, de 17 años, siguiera su sueño de ser mecánico. Con el agua al pecho, cruzaron el Río Grande que separa México y Estados Unidos. Pero la patrulla fronteriza los detuvo el lunes y los separó.
«Ese fue uno de los días más duros para mí, porque sentía que perdía a mi hijo», dice este trabajador textil de 46 años.
Kevin, a su lado, le sonríe y le da una palmada de consuelo.
«No sé dónde me lo recluyeron. Hasta a los niños más chicos los apartaban de sus papás», sigue Edilberto. «Había casos muy fuertes».
Cuatro días después, ambos están reunidos en un refugio católico en McAllen, una ciudad pobre, caliente y polvorienta en el casi mexicano sureste de Texas, donde las vitrinas de las tiendas exhiben vestidos de quinceañera y botas de cowboy.
Edilberto nunca entendió lo que pasó. Jamás escuchó sobre la nueva política de «cero tolerancia» de la administración del presidente Donald Trump, a raíz de la cual casi 2.000 menores han sido separados de sus padres inmigrantes en el último mes y medio.
El fiscal general Jeff Sessions implementó esta medida en mayo presentándola como un disuasivo para los inmigrantes. «Hay una sola forma de evitar esto y es que la gente deje de contrabandear niños», dijo el jueves.
Pero el proceso no es tan simple.
Manoj Govindaiah, abogado migratorio de RAÍCES, una ONG que defiende jurídicamente a los inmigrantes, dice que esta nueva política está fuera de la ley.
«El gobierno se está llevando a niños que estaban con sus padres (…) y los está reclasificando como ‘menores sin acompañante’ y transfiriéndolos a los servicios sociales», dice a la AFP.
Los niños son llevados a uno de los 100 centros juveniles que tiene en el país la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Cerca de McAllen, en Brownsville, un edificio que funcionaba como farmacia Walmart ahora está desbordado con 1.500 varones y el gobierno planea erigir campamentos en bases militares en Texas para alojar más niños extranjeros.
«Es aterrador, completamente aterrador», añadió el abogado.
Los García tuvieron suerte: un tribunal migratorio decidió derivar su caso a Idaho, donde Edilberto tiene un primo. Y por eso Kevin no fue enviado a un albergue de menores o un campamento.
Bloqueo de información
Voluntarios del refugio Humanitarian Respite Center de McAllen preparan las donaciones que recibirán los inmigrantes que acaban de ser liberados: sopa, fórmula de bebé, artículos de higiene personal y ropa.
En un bus, llegan 30 mexicanos y centroamericanos con sus niños. Los bebés lloran. Los adultos tienen la sonrisa difícil, la expresión cansada y un grillete con GPS en el tobillo.
Serán enviados a las casas de sus familiares en Estados Unidos. Cada uno se lleva un sobre con su nueva dirección y el siguiente mensaje en inglés, en caso de que se pierdan: «Por favor ayúdenme, no hablo inglés. ¿Qué bus tengo que tomar?».
La desinformación y la incertidumbre tiñen la vida de los inmigrantes en la frontera como una mancha de tinta que se expande en el papel.
«Yo creía que estaba firmando para atrás y resulta que me mandan para arriba», dice Edilberto.
Los abogados y activistas no tienen respuestas, porque la situación es nueva y cambiante.
«Las familias que obtienen un permiso para viajar y consiguen venir aquí, esas sí se reúnen con sus hijos. Pero la mayoría no vuelven con sus padres, no que sepamos. Esperemos que sí…», dice la hermana Norma Pimentel, que dirige el refugio.
«Es una acción muy cruel utilizar el dolor de un niño para enviar un mensaje disuasivo. No está bien», añade.
El 31 de mayo, abogados y ONG liderados por la Texas Civil Rights Project pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que sus estados miembros tomen acciones contra esta práctica que denominan «tortura».
También los que buscan asilo
Las autoridades eluden a la prensa. Portavoces de migración y de frontera no respondieron reiteradas solicitudes de AFP. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la institución que custodia a los niños, declinó hablar del tema.
Con la política «cero tolerancia», tanto los inmigrantes que entran ilegalmente como quienes lo hacen pidiendo asilo son separados de sus hijos, si bien los segundos no han cometido ningún delito.
El abogado Govindaiah recuerda que solicitar asilo no es ilegal, puesto que para hacerlo es necesario hacerlo dentro del país, al llegar a un puesto fronterizo.
«Esa es la manera de pedir asilo: viajas a otro lugar y lo pides. Nuestras leyes requieren que los que busquen asilo procedan de esta manera y nosotros estamos penalizándolos por hacerlo», dice.
Jeff Sessions y el secretario de Salud, Alex Azar, aseguran que sólo quienes entran ilegalmente son procesados.
Pero los abogados dicen que esto no es cierto.
El Migrant Center for Human Rights, por ejemplo, maneja el caso de un guatemalteco que pidió asilo en Texas pero que fue detenido y separado de sus tres hijas.
«El procesamiento judicial por entrada ilegal de quienes buscan asilo ha aumentado exponencialmente la separación familiar», dice la abogada Sara Ramey.
«Llevarse a los niños a la fuerza sin decirles a los padres dónde están o si están bien, y no contarles a los niños lo que está pasando (…) es desaparición forzada y es tortura», dice Ramey.
