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Investigaciones por corrupción y escándalos en los que diputados de varias fracciones políticas se han visto envueltos, online sacudieron en 2014 a una Asamblea Legislativa que busca a toda costa mejorar la imagen ante los salvadoreños. Pero no todo ha sido de escándalos, pues el parlamento ha aprobado importantes leyes en el año que termina.
Acusaciones penales por calumnia y difamación, por presuntos vínculos con bandas de narcotraficantes, por asesinato, salpicaron a legisladores desde el inicio de este año.
Una de las más sonadas investigaciones legislativas de todos los tiempos por corrupción en El Salvador, ha terminado con el encarcelamiento del ex presidente Francisco Flores, quien habría desviado fondos millonarios destinados a damnificados de los terremotos de 2001, al partido político ARENA, que lo llevó al poder en 1999.
El ex mandatario será enjuiciado en abril próximo por los supuestos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares, aunque los legisladores han pedido a la Fiscalía que añada al ex gobernante el ilícito de lavado de dinero.
Los legisladores también crearon una Comisión Especial para investigar una presunta corrupción entre ex funcionarios de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y prominentes empresarios, en un cuestionado contrato de inversión que concedió a la empresa italiana Enel Green Power el 53 por ciento de las acciones para el control de la explotación geotérmica nacional. El caso concluyó el mes pasado con un acuerdo jurídico entre la compañía europea y el Estado salvadoreño, la absolución de más de una decena de altos ex funcionarios del gobierno del ex presidente Flores, entre ellos el ex presidente de CEL, Guillermo Sol Bang.
Los escándalos
Ana Vilma de Escobar y Roberto d´Aubuisson, diputados por ARENA, fueron los primeros en entrar a la vorágine de una racha de escándalos que estremecieron las entrañas del Órgano Legislativo, cuando el ex presidente Mauricio Funes los acusó de los supuestos delitos de “calumnia” y “difamación con publicidad reiterada”.
Los dos legisladores enfrentaron a sus colegas en comisiones parlamentarias de Antejuicios separadas, una de las cuales desaforó a de Escobar para que fuera procesada penalmente en un tribunal por el ex mandatario, luego de afirmar en medios de comunicación que Funes habría viajado en un lujoso Ferrari accidentado en San Salvador “bajo los efectos de sustancias”.
d´Aubuisson corrió mejor suerte que su colega, pero afrontó un negociado proceso de antejuicio por los mismos delitos, luego de haber afirmado en varios medios de comunicación que Funes se había fracturado su cadera en el accidente del Ferrari.
El ex mandatario, quien fue operado en un hospital privado de su cadera, rota tras una caída por una artrosis, desistió de la demanda penal contra los dos parlamentarios, tras lo cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la reincorporación en las funciones parlamentarias de Escobar, y archivó su proceso.
¿Narcotraficante?
Otro legislador del Partido de Concertación Nacional (PCN), Wilver Rivera, es mantenido preso por su presunto vínculo con una banda de narcotraficantes y robavehículos centroamericana, cuyo líder, Jorge Herrera Sibrián, alias “El Repollo”, fue condenado a 77 años de cárcel por un tribunal capitalino.
El anuncio del supuesto involucramiento del parlamentario suplente del PCN por el departamento de Chalatenango en el grupo delictivo, fue hecho por el Fiscal General, Luis Martínez, quien, tras pedir el retiro de la inmunidad legislativa a Rivera, se retractó días después de su decisión, lo que generó un enfrentamiento entre los parlamentarios y el Ministerio Público.
Martínez ordenó el arresto del legislador del PCN, mientras los legisladores se apresuraron a crear una nueva Comisión de Antejuicio para que el proceso penal contra el diputado no fuera declarado nulo, en desacato a un comentario de la cuestionada Sala de lo Constitucional, de la CSJ, que afirma que los legisladores suplentes no gozan de fuero parlamentario.
Además de Rivera, su esposa y su hijo también guardan prisión por el delito de “lavado de dinero y activos” y “enriquecimiento ilícito”, y ambos fueron arrestados meses después de que el mismo congreso aprobara una serie de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, que incluyeron investigaciones a funcionarios y sus parientes, así como a ex funcionarios, entre otros sectores.
Vinculado a asesinato
En su petición al congreso contra Rivera, Martínez solicitó también a la Asamblea Legislativa desafuero contra el parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Abilio Menjívar, por su supuesto vínculo en el asesinato de un joven en el oriental departamento de La Unión.
La acusación fiscal señala que el legislador habría sido el autor intelectual del crimen del joven en diciembre pasado, cuando éste salía de una velación en la ciudad de La Unión.
El pleito entre el diputado y la víctima habría iniciado en 2012, luego de que ésta y otro grupo de pobladores del municipio de Pasaquina, en el norte del departamento de La Unión, protestaran por la instalación en terrenos del legislador de cañerías para agua potable municipales por órdenes del alcalde de la localidad, Nelson Urías, de GANA.
En el incidente, Menjívar habría lesionado de bala al ahora occiso, quien luego denunció ante las autoridades haber recibido amenazas de muerte, según pobladores de Pasaquina consultadas por Diario Co Latino.
Aprueban nuevas leyes y reformas
Los 84 legisladores del congreso salvadoreño también aprobaron en 2014 importantes legislaciones, como la Ley contra la Trata de Personas, que impone penas de hasta 25 años a los infractores, así como la Ley de Estabilidad Jurídica a las Inversiones.
Además, realizaron una serie de reformas a la Ley de la Superintendencia del Sistema Financiero (SIGET), para transparentar el servicio de las compañías telefónicas y a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, requisito exigido por Estados Unidos para aprobar el FOMILENIO II.
Los legisladores también aprobaron en 2014 reformas fiscales para incrementar las acabadas arcas del Estado, el Presupuesto General de la Nación 2015, que asciende a más de $ 4, 823 millones y el FOMILENIO II, por $ 278 millones, donados por Estados Unidos.
El congreso eligió también en 2014 a nueve funcionarios de importantes instituciones, incluido el presidente de la CSJ, Oscar Pineda, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los de la Corte de Cuentas, que corrieron el riesgo de quedar acéfalas.
