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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, recalcó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debería inscribir al presidente de la República, Nayib Bukele, para un segundo período, porque es una candidatura que no cumple los requisitos constitucionales ni legales.
“El TSE tendría que negar esa inscripción, el principal reto que tiene el Tribunal es aplicar correctamente la ley, no aplicando interpretaciones acomodadas para beneficiar o perjudicar a alguien; igual no cumple ese rol de fiscalizador de partidos políticos, a lo mucho en algunos casos recibe la información de los partidos y hace algún chequeo de que está la información”, reveló.
Escobar sostiene que la ley prohíbe la reelección, aunque la Sala de lo Constitucional emitió una resolución a favor del presidente Bukele, pero esos magistrados no fueron legalmente electos, y no tienen fuerza jurídica. “Esa Sala es ilegítima, porque proviene de un golpe de Estado”, sostuvo.
“Hasta el momento no sabemos qué partidos han procedido con la inscripción de candidaturas, no sabemos cómo va ese proceso, el cual cierra a finales de noviembre; los partidos ya pueden solicitar la deuda política, es de estar pendientes de ver quiénes la solicitan, y qué respuesta tienen de Hacienda, si la entrega o por el contrario va a negarla como se dio en 2020”, indicó Escobar.
Se ha calculado que a los partidos les corresponden $34 millones de fondos públicos en concepto de deuda política para la propaganda y campaña electoral, en este momento pueden solicitar cerca de $24 millones; aunque, a ARENA y al FMLN, pese a solicitarla, no se les canceló para los comicios de 2021.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana externó que no se tiene información de los gastos en las candidaturas durante las campaña electorales. Han consultado al Ministerio de Hacienda sobre la deuda política a los partidos, pero no contesta, no da información, dice que es inexistente o reservada.
Desde 2014 hasta la fecha, los gastos de los institutos políticos en conjunto es de $145 millones, el nivel de gastos de los partidos refleja el nivel de apoyo económico que estos poseen, y según la disponibilidad de fondos, así será el nivel de promoción para sus candidaturas, atraer al electorado y asegurarse la supervivencia, ya que un partido político desaparece al no obtener como mínimo 50,000 votos en las últimas elecciones.
No existe claridad del uso que los partidos políticos hacen de la deuda política percibida del Estado, por ende, no se tiene certeza de que dichos fondos son utilizados de forma correcta y en manera equitativa durante las campañas electorales. Más allá de lo contable, los partidos deberían revelar los niveles de inversión en los distintos sectores que los conforman, como un ejercicio de rendición de cuentas a la militancia misma.
