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José M. Tojeira
Desde el fin de la guerra civil apenas habíamos usado el término terrorismo. No hacía falta. Ahora siguiendo la política de mano dura, drugstore advice que cree que aumentando penas se resuelven problemas de seguridad, la Sala de lo Constitucional ha decidido que las maras son organizaciones terroristas y ha animado a juzgar a los miembros de las mismas a partir de la ley especial contra actos de terrorismo, aprobada durante el gobierno del presidente Saca. Alguno de los magistrados de la Sala mencionada reconoce que el concepto de terrorismo, tal y como lo definen en su sentencia, no coincide plenamente con las definiciones internacionales del mismo. Pero que al hacer análisis de El Salvador, amerita hacer las correspondientes adaptaciones a la realidad de nuestro país. ¡Bravo! Dirán algunos. Siempre es bueno inventar algo en El Salvador, aunque sea jurisprudencia de mano dura. Hasta los bravucones que comentan anónimamente las noticias de delincuencia pidiendo más muerte y exterminio estarán contentos.
Sin embargo cuando se usan las palabras a la propia conveniencia, se acaba descubriendo el lado del que se mueven los intereses personales, la ideología propia e incluso la concepción de fondo que se tiene de El Salvador. Con la misma creatividad de los magistrados de la Sala otros podrían decir que la evasión de impuestos es una traición a la patria. Y por tanto que se debería juzgar a quienes los evaden como traidores a la patria. Y por supuesto hacer una ley especial contra actos de traición a la patria y que sean juzgados con la extrema dureza que un acto de esa especie merece.
En tiempo de guerra internacional la Constitución salvadoreña autoriza incluso la pena de muerte para militares traidores. Inspirados en esa dureza podríamos también poner leyes sumamente duras contra los evasores de impuestos, que ciertamente traicionan a la patria, si es cierto eso de que patria somos todos. Pero no parece que esta idea vaya a tener éxito ni entre los partidos políticos ni entre los honorables miembros de la Sala de lo Constitucional, que ya han tocado el tema impuestos sin hacer consideraciones tan creativas como las aplicadas a la petición de inconstitucionalidad de la ley de actos de terrorismo. No mencionemos, por supuesto, ni a ANEP ni a la famosa tanqueta de Fusades, que seguro que se les hiela la sangre en las venas si oyen hablar de esto.
La gente bien pensante podrá decir que la comparación hecha entre los terroristas de las maras y los traidores a la patria evasores de impuestos es una comparación caprichosa. Sin embargo tiene una relación no despreciable. Quienes evaden impuestos, e incluso quienes los desean regresivos e insisten en no subir para nada su baja relación con el PIB, favorecen el hecho de que un sesenta por ciento de nuestros jóvenes no alcancen el nivel de bachillerato. Y por supuesto, olvidan que la salud pública, especialmente la nuestra, tan deficiente y débil, tiene que ver también con los impuestos. Un país que no invierte en su gente no promueve ni la seguridad ni la cohesión social. Esa cohesión que lleva a mejorar la seguridad y el ambiente ciudadano de cordialidad y confianza en las instituciones. Se puede decir que no hay más impuestos porque no hay dinero. Y tal vez sea eso cierto para los impuestos regresivos, que dañan más a quienes tienen menor capacidad adquisitiva, dados los bajos salarios. Pero los impuestos progresivos son en el Salvador muy bajos. La proporción del impuesto progresivo sobre la renta con respecto al regresivo IVA es ridícula, si la comparamos con la de los países desarrollados. Y que nadie nos diga que nuestros ricos salvadoreños no ganan dinero, no exhiben lujos y no mandan dineros negros hacia las islas Caimán. Quien se tome esto a broma, puede consultar los cálculos del último informe de Global Financial Integrity sobre flujos de países en desarrollo hacia paraísos fiscales, que dice que entre el año 2003 y el 2012, El Salvador envió a ese tipo de bancos y países la nada despreciable cifra de 7875 millones de dólares. Un promedio anual durante diez años de un poco más de 787 millones. ¿No suena esto a traición a la patria?
El caso es que cuando la Sala de lo Constitucional ha analizado temas de impuestos, que lo ha hecho recientemente, no se le ha ocurrido hacer toda una reflexión extra sobre lo que significa la evasión de impuestos y sobre el modo de juzgar a quienes los evaden. Es evidente que disfrutar de situaciones de privilegio enturbia algo la imaginación. Y es más fácil alegrar el ojillo de la gente con suma y sigue a las políticas de mano dura, que fijarse en aquellos que tienen poder, dinero y buenos abogados, aunque usen sus recursos y poder para evadir impuestos y poner sus capitales injustos en lugares seguros. Que la extinción de dominio sea justa para quienes roban o trafican droga es indudablemente una medida justa. Pero olvidarse de los evasores de impuestos, o ponerles una penas y castigos tan comprensivos, sólo muestra una complicidad bastante escandalosa.
La penalidad, la mano dura, está en El salvador orientada especialmente hacia los más pobres. Con frecuencia decimos que a mayor libertad corresponde mayor responsabilidad, e incluso nos apoyamos en esta afirmación como base de jurisprudencia. Pero a la hora de redactar nuestras leyes protegemos a quienes desde el poder, el dinero o posiciones de privilegio tienen mayor libertad, mientras machacamos a quienes tienen menos recursos o incluso han sido empujados al crimen desde situaciones claras de injusticia, tanto familiar como social y estructural. Y esa dinámica ha entrado también la Sala de lo Constitucional con la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley especial contra actos de terrorismo. Su sentencia, además de afirmar que la ley es constitucional, hace una aplicación a las maras que se sale de lo pedido por los demandantes. La Sala da así la impresión de que legisla, o al menos impulsa un modo especial de entender la legislación desde criterios elaborados desde su visión e interpretación del contexto de El Salvador. Pero además de eso, se suma claramente a las políticas de mano dura que creen que endureciendo leyes, sin reformar injusticias sociales, se arreglan los problemas de un país. Un error craso en una Sala que debería pensar las cosas con mayor ecuanimidad.
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