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Por Leonel Herrera*
Las principales redes, foros, mesas y otros espacios del movimiento social salvadoreño piden unánimemente cerrar el proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES.
Todas coinciden en que la acusación carece de pruebas reales de los delitos imputados y de la participación de los acusados, el caso es una instrumentalización de la justicia para perseguir a defensores ambientales que se oponen a la minería metálica y el proceso penal es improcedente debido a la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Por tanto, respaldan la solicitud de sobreseimiento definitivo que la defensa legal de los activistas sociales presentó la semana pasada en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque. Varios de los pronunciamientos le han recordado al Estado salvadoreño la obligación de cumplir sus compromisos internacionales en materia de protección a defensores de derechos humanos.
También se han manifestado instancias académicas como la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO), la Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
En el editorial titulado “A prueba”, publicado en su página web y redes sociales, la UCA define el proceso judicial contra los líderes comunitarios como “una vitrina de arbitrariedades características del régimen de excepción” y señala que durante los casi ocho meses de prisión “los acusados sufrieron maltrato, hambre y hacinamiento”.
“Tan escandalosas y numerosas han sido las irregularidades que rodean al caso”, dice la UCA, que este “alcanzó trascendencia internacional”. “Así lo atestiguan dos pronunciamientos de la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, la carta de 17 congresistas estadounidenses solicitando al secretario de Estado de su país que abogara por los detenidos y el respaldo de 250 ONG del extranjero que han acompañado la lucha de Santa Marta por obtener justicia”, plantea la universidad jesuita.
La UCA recuerda que los ambientalistas criminalizados “han jugado un papel clave en la lucha contra la minería de metales que nuevamente busca instalarse en el país” y que, por tanto, “todo apunta a que ése ha sido en verdad su delito”.
Ojalá que la jueza María Elizabeth Amaya Rivera, quien tiene en sus manos la posibilidad de revertir este vergonzoso proceso penal contra los ambientalistas, atienda los llamados de liberar a los activistas anti mineros a quienes el país más bien debería premiarlos por defender el agua, el medioambiente y la vida.
Otra manera de hacerlo sería que la Fiscalía actuara con sensatez, respeto a la legalidad y sentido de rectificación, retirando la espuria acusación contra los líderes comunitarios. Eso ahorraría tiempo y recursos públicos que podrían utilizarse mejor en la investigación y judicialización de verdaderos crímenes.
Ojalá que así fuera.
*Periodista y activista social.
