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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“ El tema del medioambiente está en peligro”, dijo Rodolfo Calles, de la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM), al evaluar los resultados de las elecciones internas del partido ARENA, que designaron al empresario Carlos Calleja como el candidato para recuperar el Órgano Ejecutivo.
“La correlación de fuerzas que tendrá la derecha desde el 1º de mayo complica más el escenario ambiental en el país. La semana pasada la derecha legislativa presentó una reforma constitucional al artículo 105, para revertir el número de hectáreas, en la tenencia de la tierra a personas naturales o jurídicas. La derecha está creando su propio escenario de explotación y extractivismo”, afirmó Calles.
En el marco de la conmemoración mundial del “Día de la Tierra”, las diferentes organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería expusieron su planteamiento sobre la protección, rescate y sustentabilidad de la tierra, el agua y la soberanía alimentaria.
Vidalina Morales, presidenta de ADES Santa Marta, reiteró la preocupación de las comunidades y organizaciones pro medioambiente, por la persistente presencia en San Isidro, Cabañas, de Oceana Gold, bajo el nombre de Fundación El Dorado, que afecta al tejido social de la zona.
“Nosotros le exigimos al Estado salvadoreño implementar efectivamente, y con robustez la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, atendiendo a la población que vive de la minería artesanal (güiriceros) y suspendiendo la engañosa campaña de minería verde, de las transnacionales mineras en suelo salvadoreño”, indicó.
Para los ambientalistas, la consolidación de la derecha en el Estado salvadoreño es un atentado a los derechos colectivos de la población salvadoreña, ya que contarán con la mayoría en el Órgano Legislativo, quienes a su vez, elegirán magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Órgano Judicial) y sus aspiraciones de recuperar el Ejecutivo.
Luis González, representante de la UNES dentro de la MNFM, indicó como “alarmante” la aplicación de la ley, así como políticas públicas de forma laxa y retardada, que vulnera los derechos de la población.
“Tacuscalco es una urbanización. Pese a violentar la ley porque no tiene permisos de Secultura, ni del MARN. No le ha importado y ha seguido construyendo casas e irrespetando los patrimonios culturales y naturales de la zona. Ese es el temor que tenemos, puede que haya una ley que prohíbe la minería, pero hay empresas mineras que siguen en el país… bajo el nombre de fundaciones hacen campañas engañosas de minería verde”, puntualizó.
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