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Luis Arnoldo Colato Hernández
La elección del nuevo fiscal general ha implicado varios pormenores de interés para la ciudadanía en general, entre otros porque este ha sido producto de un consenso que ha incluido a la virtual totalidad de diputados, excepto uno.
Para considerar la personalidad de Raúl Melara, diremos que tiene en su haber, entre otros, el de fungir como asesor del actual candidato de la principal fuerza de derecha, así como ser uno de los financistas del partido representado por dicho candidato.
Tal precedente es también el argumento planteado por organizaciones civiles ante la Corte Suprema para descalificarle en el ejercicio de fiscal general, por el evidente conflicto de intereses que supone su nombramiento, así como atendiendo a los referentes que la anterior Sala de lo Constitucional supuso al negar en aquel momento el nombramiento de funcionarios de segundo grado, a varios profesionales, con el argumento de que los desacreditaba su supuesta filiación política.
Luego entonces la protesta expuesta en el amparo en cuestión, gira en torno al hecho de que aquellos profesionales eran rechazados por una relación política no comprobada, mientras el caso del señor Melara es una relación públicamente probada, con las implicaciones que ello implica y que la anterior sala siempre arguyó.
Ante estos cuestionamientos de la ciudadanía, varios diputados de las distintas fuerzas de derecha han descalificado a las tales, implicando que “…no lo hicieron en el momento en el que se discutió públicamente su elección…”, lo que es falso, pues incluso el actual director de FUNDE, y de cara al ya claro nombramiento del señor Melara, expresó en su momento: “…su papel es asegurar el continuismo de la impunidad de los sectores pudientes…”, recordando para el caso que varios diputados miembros de la comisión que le eligió tienen procesos pendientes ante la FGR por temas de corrupción, desvío de fondos públicos, etcétera, y sugiriendo que ha habido -como en el pasado- un arreglo para transar la resolución favorable de estas situaciones procesales pendientes en favor de estas personas, y otros para algunas instituciones de carácter privado y político.
Pasa además por que su nombramiento es un claro arreglo convenido entre el oficialismo y la oposición para convenir el nombramiento del señor Melara como fiscal general, a cambio de la aprobación del presupuesto general para el presente año.
Es decir, la descalificación del señor Melara no solo es una cuestión relativa a su relación y activa participación partidaria -que por sí sola no debía ser una causal de descalificación-, sino al hecho indiscutible de que él, el señor Raúl Melara, responde a la agenda de las derechas, que entre otros procurará en los meses venideros asegurar la privatización de bienes públicos fundamentales, como son el agua, educación, seguridad, etcétera, profundizando además las ya realizadas en las administraciones de su signo en el pasado (las pensiones, por ejemplo), por lo que claramente ¡no cumplirá con la función que como fiscal general tiene!, puntualmente la de defender los intereses del Estado y, en consecuencia, las del soberano.
