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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Ha transcurrido más de un mes desde que los exmagistrados electos en 2009 finalizaron su mandato y la Asamblea Legislativa aún no logra acuerdo para elegir a los cinco magistrados propietarios y a los cinco suplentes correspondientes a este período.
El marco constitucional está muy bien delimitado para realizar esa elección; la Asamblea recibe un listado de 30 candidatos y candidatas, debe verificar su competencia para el cargo y elegir de entre ellos. ¿Por qué entonces la complicación para elegir?
Lo que tiene la apariencia de simple no siempre lo es. El informe de la subcomisión que tuvo a su cargo el proceso de examinar a las y los candidatos concluyó que todos cumplen los requisitos constitucionales; y si todos cumplen pero solo una tercera parte puede ser seleccionada, solo se necesita ponerse de acuerdo.
Ocurre que el Órgano Judicial es la instancia en la cual particulares pueden defender sus intereses, pero son pocos los que regularmente hacen uso de él. Los bufetes que representan a empresas nacionales y transnacionales tienen mucho interés en que la conformación de la Sala de lo Constitucional les favorezca cuando acuden con demandas de amparo o de inconstitucionalidades.
De allí que las presiones a los diputados de derecha estén dirigidas a asegurar sus intereses. Cuando los particulares acuden a la Sala de lo Constitucional con recursos de amparo, los demandados son la Asamblea, las alcaldías o cualquier entidad estatal que ejerce autoridad según ley.
Demandas contra tributos cobrados por alcaldías, inconstitucionalidades sobre alguna ley emitida por la Asamblea, o por alguna disposición emitida por alguna instancia del Órgano Ejecutivo; este ángulo de la complicación tiende a ser opacado, siendo, en mi opinión, lo que mueve a los diputados que tienen deuda con esas empresas o personas, usuarias frecuentes de la CSJ.
Son contadas con los dedos de la mano aquellas demandas que reciben las instancias supremas del Órgano Judicial, de ciudadanos “de a pie” como se acostumbra decir de la mayoría de nosotros, de la ciudadanía; los grupos de interés, los bufetes apoderados de empresas, están detrás de ese bloqueo que por hoy nos tiene con una Corte Suprema de Justicia incompleta.
Las y los candidatos a magistrados propietarios y suplentes son profesionales que sin duda tienen además de sus capacidades su récord profesional abundantemente indagado por las fracciones políticas que integran la Asamblea; cada una le ha de evaluar de manera diferenciada y allí radica la dificultad de un acuerdo que satisfaga a todos o a la cantidad suficiente para elegir, como manda el artículo 131 de la Constitución.
Nunca fue fácil elegir. La primera vez, después de la reforma constitucional, la CSJ estuvo más de dos meses sin sus titulares; y la mayoría de diputados eran de derecha, el FMLN a penas tenía 14 escaños; en otras ocasiones se eligió anticipadamente para evitar que el FMLN que tendría capacidad de incidir por el número de diputados ganados; se evitó y se eligió sin sus votos en 2006.
La Sala de lo Constitucional saliente declaró inconstitucional esa elección.
Hoy parece que a Arena, que es el único partido que por sí mismo tiene capacidad de retardar la elección, está dispuesto a evitar que haya elección, a no ser que el resto haga lo que ellos quieren; vale decir, que aseguren a los influyentes despachos del gran capital, la corte que ellos desean.
Los criterios de la Constitución establecen que debe ser integrado cada tercio de la CSJ, con profesionales que representen las distintas corrientes del pensamiento jurídico y si esto se comprende se debe hacer el esfuerzo de evitar una Sala de lo Constitucional integrada con personas de corrientes idénticas.
El país necesita que sus instituciones estén debidamente integradas, que funcionen cumpliendo sus atribuciones y por eso es correcto demandarle a la Asamblea hacer los máximos esfuerzos por saldar esta deuda con la sociedad.
A la vez, es correcto demandar a quienes tienen la mayoría de diputados, respetar la pluralidad y las opiniones de las diferentes fracciones.
Está fresco el hecho de haber electo una directiva de la Asamblea irrespetando la diversidad y la proporcionalidad; ahora tienen la oportunidad de demostrar que pueden corregir esa conducta y además contribuir a la integración de una Sala en la cual profesionales de diferente criterio discutan con argumentos las demandas que reciban, en vez de actuar como un grupo de clones.
Una Sala que sepa valorar el interés público, los derechos humanos, sociales, culturales, ambientales y económicos, sin inclinarse a grupos de poder fáctico. Eso exigimos.
