Elección del Fiscal debería llevarse a la “agenda pública”: FUNDE

Gloria Silvia Orellana
Redacción Nacionales

Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia e Integridad de FUNDE manifestó que era importante llevar a la “agenda pública” la elección del Fiscal General de la República, dada la importancia que tiene este funcionario en la administración de la justicia en general.

“Consideramos que este es un tema de gran interés para toda la población, como el Fiscal General de la República. Todos lo sabemos, el cargo de Fiscal General no es sólo un cargo de gran responsabilidad, sino que requiere de independencia para fortalecer el Estado de Derecho, contribuir al combate de la corrupción, la impunidad y ser garante de la legalidad”, afirmó.

La Fundación Nacional para el Desarrollo realizará el Conversatorio: Elección del Fiscal General de la República. Importancia del Proceso de Elección y de la Participación Ciudadana”, con el objetivo de que la ciudadanía preste atención a estas elecciones de funcionarios de segundo grado, por su relevancia en el Estado de Derecho.

“Estos procesos eleccionarios deberían de llevarse a cabo a la luz de estándares internacionales, incorporando elementos de transparencia e integridad, asegurando que el proceso esté libre de influencias indebidas, y que la persona elegida cumpla con los principios de idoneidad, moralidad, independencia y un compromiso genuino con la justicia”, reiteró Estrada.

Sobre el régimen jurídico al que está sometido el Fiscal General de la República, el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, explicó las funciones esenciales del fiscal, su importancia y el estatuto jurídico como funcionario.

Así como las exigencias a su cargo que van desde la independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia. En el país, afirmó el abogado constitucionalista, hasta 1983 el Fiscal era elegido o removido por el presidente de la república.

Y aclaró, que luego del informe de la Comisión del Estudio del Proyecto de Constitución, en dos de sus capítulos se refirió a la figura del Fiscal en donde se insiste que debe contar con “autonomía” y por esso pasó la elección a la Asamblea Legislativa.

“Su nombramiento no puede depender del presidente de la república, cuyas actuaciones está el Fiscal obligado a vigilar, es es la importancia a la independencia que le da la Constitución al Fiscal. Y en otro apartado, dice que el fiscal debe dejar de ser un simple acusador para convertirse en un vigilante del respeto a los derechos ciudadanos”, manifestó.

El período del Fiscal General, Rodolfo Delgado, concluye el 5 de enero de 2025, por lo que la Asamblea Legislativa convocó públicamente a inscribirse desde el 9 de octubre del presente año. De esta convocatoria sólo hay dos candidatos inscritos: el actual fiscal Rodolfo Delgado y el abogado Gonzalo Octavio Ayala, que marca la baja participación de postulantes y la poca credibilidad sobre el proceso de otros y otras profesionales.

“Sabemos que las decisiones ya están tomadas, sí, lo sabemos, pero hay que ir dejando agotado todo esto de exigir los requisitos y responsabilidad de un Fiscal General, sobre todo, cuando alguien va a reelegirse en un cargo, entonces, tiene que existir la evaluación del desempeño”, argumentó.

“Se debería preguntar qué hizo sobre las violaciones y denuncias ¿cuáles investigaciones ha hecho sobre derechos humanos?, acciones que la gente casi lo ha olvidado, como las miles de denuncias por el uso de los datos personales para la Chivo Wallet, que creo que fue la última vez que llegué a la Fiscalía General de la República a denunciar”, comentó Anaya.

El abogado constitucionalista lamentó que la situación irregular en el Estado de Derecho que vive el país también es un signo a nivel regional, en donde estos funcionarios encargados de defender al pueblo de abusos del poder, están siendo cuestionados por faltar a sus responsabilidades.

“Vemoa la cuestionada fiscal de Guatemala, en Honduras, el exfiscal salió huyendo con el nuevo gobierno. Es como si el vecindario se está portando un poco extraño. Yo creo que lo que no podemos hacer es quedarnos callados y sencillamente aceptar estas cosas. No, nosotros debemos seguir cuestionando”, aludió Anaya.

Estándares internacionales para un Fiscal independiente

Sidney Blanco, ex magistrado de la Corte Suprema de justicia y ex fiscal específico, manifestó que estos estándares, guías o criterios, han sido emanados del sistema interamericano que los Estados deben tomar en cuenta al seleccionar a funcionarios de cargos públicos relevantes como el Fiscal General de la República.

“Estos criterios no son opcionales. Son vinculantes porque forman parte del ordenamiento jurídico interno. Y que estos estándares exigen mérito, idoneidad, honestidad, procesos de transparencia, participación ciudadana, evaluación objetiva y pública, entrevistas adecuadas y evitar cualquier reunión privada”, prosiguió Blanco.

El exmagistrado mencionó que las y los legisladores en el país deben evitar “criterios para excluir aspirantes”, así como no basar sus votos por favores políticos del seleccionado y que este funcionario demuestre su autonomía.

“Entre atribuciones o deberes del fiscal está la libertad de expresión sobre administración de justicia, aprobación de leyes y actuar sin intimidaciones, obstáculos ni hostigamientos. Y considerar la opinión de las víctimas u organizaciones que las representan, no iniciar o interrumpir acusaciones infundadas, y lo más importante no usar pruebas obtenidas mediante torturas o tratos degradantes”, destacó.

Denunciar o no denunciar en El Salvador

La abogada Jayme Magaña, defensora de derechos humanos e integrante del Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que es importante denunciar, aunque muchas veces, la ciudadanía perciba que sus casos no serán investigados ni recibirán la pronta y cumplida justicia.

“Denunciemos porque esto sirve como un antecedente, si denuncias das un término de gracia de 6 meses a la Fiscalía para que investigue, vas a preguntar y si no pasó nada, Para la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esto es suficiente para iniciar un proceso internacional en contra del Estado de El Salvador”, afirmó.

“El proceso se abre porque no están garantizando a las víctima sus derechos, otros dirán, que están llenando de denuncias a la Fiscalía General de la República, pero no van hacer nada, y aún otros opinan que te pueden llevar y podría ser, pero con la denuncia queda el registro y la acción, después, que vengan los procesos internacionales y en ese momento, el Estado y Fiscalía tendrán que explicar porque no investigaron”, reiteró Magaña.

Asimismo, refirió que casos que se han hecho públicos o notorios por su mismo impacto luego de ser denunciados de esto los organismos internacionales podrán cuestionar a la Fiscalía ¿Por qué no investigó de oficio?, sin importar que en aquél momento “siguiera instrucciones de Casa Presidencial”, por tanto, aconsejó la denuncia a la ciudadanía.

Al mismo tiempo compartió que están llevando algunos procesos en los Tribunales de Crimen Organizado, en donde aplican una ley penal, que aseveró no está dentro de las reformas y es la Ley de la Pandilla, en donde algunos jueces la están aplicando. “Los jueces me han dicho que hay dos formas de salir de la pandilla: muerto o aceptando a Dios en una iglesia evangélica. Y sólo tienen que llevar pruebas de un pastor que de una declaración jurada que la persona ya no es miembro de la pandilla para que la dejen en libertad y muchos fiscales están de acuerdo con ese criterio”, manifestó.

“Yo nunca he visto esa ley ni reforma a la ley en otros países del mundo.  Sin embargo, es parte de los criterios y estándares que tiene el Régimen de Excepción y algunos jueces de Crimen Organizado y algunos fiscales de Crimen Organizado están de acuerdo con esto”, agregó Magaña.

Mientras, el exmagistrado Sidney Blanco, consideró que también se hizo la pregunta “si vale la pena denunciar y exponerse“ de acudir a las instituciones porque tras la denuncia se deben dar posiciones, opiniones y luego enfrentar riesgos.

“Si analizamos esto en un contexto mucho más amplio estamos convencidos que cuando en los sistemas democráticos las instituciones fallan porque responden a unos lineamientos, la opción que se tiene es las instancias internacionales, aunque no nos hagamos ilusiones que encontremos una respuesta pronta como quisiéramos”, argumentó.

“Porque también las instancias internacionales no sólo la lentitud está amenazando la tutela efectiva de los derechos, sino también un peligroso fenómeno que se está observando que en estas instancias los propios Estados a través de los presidentes intentan trasladar esa manera de actuar hacia los mismos organismos internacionales”, indicó Blanco.

Poner en agenda la elección del Fiscal General

Henry Fino, coordinador de la ALAC -FUNDE, manifestó que aún cuando la elección del Fiscal General de la República entre la población no despertó mayor interés, luego de una encuesta realizada por FUNDE, agregó la relevancia de un funcionario que tiene entre sus atribucioines la defensa de la víctimas ante el poder.

“Es una triste realidad para la institucionalidad de El Salvador, porque el Fiscal no es cualquier funcionario. Nosotros lo identificamos como un actor indispensable en los procesos penales, como manda su ley orgánica, que es la defensa de las víctimas, una de las más importantes funciones”, puntualizó Fino.