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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Este domingo 4 de febrero se desarrollarán unas elecciones “históricas” en El Salvador, donde el actual presidente de la República, Nayib Bukele, volverá a competir por “un segundo mandato”, un hecho inédito que no sucedía desde que las fuerzas militares gobernaban el territorio salvadoreño entre 1930-1979.
A pesar de que la Constitución de la República prohíben la reelección presidencial en sus artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248, Bukele busca, a toda costa, perpetuarse en el poder amparándose en una resolución que la impuesta e ilegal Sala de lo Constitucional emitida en septiembre de 2021.
El Salvador está bajo un proceso electoral marcado por la significativa violación a las leyes electorales y la máxima autoridad de El Salvador, la Constitución de la República; a esto se suma, que el máximo organismo en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ha pasado desapercibido como árbitro. Los partidos de oposición han catalogado al TSE como “una vergüenza” y “sumisos” al Ejecutivo.
Fue la noche del 26 de octubre de 2023 que Nayib Bukele entró al Tribunal Supremo Electoral como presidente de la República y salió como candidato a la Presidencia; una muestra de que Bukele puede “hacer y deshacer” en El Salvador, sin ningún tipo de regularización.
La población votará este próximo domingo, pero “a ciegas”; al menos así se refleja los datos de la última encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde se dio a conocer que los próximos comicios se caracterizarán por la desinformación generalizada de los ciudadanos sobre aspectos fundamentales del proceso electoral.
A menos de un día de celebrarse el primer evento electoral del año, el 88.3 % de la población salvadoreña no conoce la cantidad de curules a elegirse en su departamento; 71 de cada 100 expresó que conocía de la reducción de municipios, pero la mayoría no pudo decir la cantidad de nuevos municipios a nivel nacional.
La población votará bajo un régimen de excepción activo desde hace casi dos años para supuestamente “combatir las pandillas”, pero que, a la vez, ha dejado a miles de inocentes tras las rejas sin tener vínculos con pandillas. A pesar de que el régimen suspende las garantías constitucionales como la libertad de reunión y asociación, derecho de defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones, según la encuesta de la UCA, 73 de cada 100 personas dijeron que no estaban preocupadas de votar en medio de un régimen de excepción.
Si bien, la población parece estar contenta con el presidente Bukele y su bancada, hay cosas que no pueden obviarse. Por ejemplo, en la última semana, la prensa nacional ha descubierto importantes hechos que ponen en tela de juicio a los funcionarios. El Gobierno negoció con un líder pandillero de la 18 para que, a través de un cartel mexicano, pudiese recapturar al líder pandillero de la MS, Elmer Canales alias “Crook”, quien fue liberado por las autoridades salvadoreñas en noviembre de 2021 como parte de la tregua que el Gobierno tenía con las principales pandillas del país.
También, se reveló que 27 funcionarios y tres primos de Nayib Bukele recibieron $4.9 millones en préstamos del Banco Hipotecario para adquirir propiedades, la mayoría en zonas exclusivas del país; préstamos desde los $50 mil hasta los $560 mil para casas de lujo, terrenos y apartamentos.
