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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En medio de la pandemia por el COVID-19, varios países han realizado elecciones presidenciales y de parlamentos, entre ellos, Eslovaquia, Guyana, Israel, Corea del Sur, Surinam, Serbia, República Dominicana y muchos otros. Y en lo que resta del año están pendientes otras, entre ellas, la elección presidencial de Estados Unidos; y aunque la OMS nos alerta que el virus causante de la pandemia permanecerá entre nosotros por mucho tiempo, los calendarios para renovar gobiernos locales, parlamentos y jefes de gobierno no se detienen.
Para nuestro país, las elecciones de Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Consejos Municipales está marcada para el 28 de febrero del próximo año, año del Bicentenario de nuestra Independencia de España. Las actividades precedentes están marcadas por el calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, y una de las más importantes para los partidos políticos es la definición de sus candidaturas.
Los plazos de ley para la elección interna coinciden con lo más álgido de contagio que vivimos en el país, lo que permite prever una limitada participación en las mismas.
En esta circunstancia, solo el partido creado a iniciativa del presidente Bukele aparece en público anunciando sus precandidaturas entre las que desfilan algunos funcionarios de primer nivel del gabinete de Gobierno; utilizan las acciones de distribución de paquetes de alimentos, de semillas para siembra y láminas para hacer propaganda adelantada, lo que constituye violación a la ley electoral.
Muchas fotografías y videos que circulan en redes sociales, muestran a los afiliados de este partido en reuniones, pese a la prédica gubernamental enfatizando la importancia de quedarse en casa y evitar concentraciones. También en ese partido se hacen evidente las disputas grupales, hasta el punto de que algunos llegan a renunciar haciendo quema simbólica de sus propias camisetas celestes.
Sin duda las reglas marcadas en la ley de partidos políticos serán poco vigiladas por la propia militancia de los partidos y por otras entidades que, en el pasado actuaron de hecho como veedores de los procesos internos, entre ellos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por otra parte los preparativos del TSE requerirán definiciones legales pedidas y no resueltas; entre las que figura la propuesta de eliminar el voto cruzado en el caso de la elección de diputaciones al Parlamento Centroamericano, lo que de aprobarse ayudaría a simplificar el escrutinio preliminar de una elección que no fue afectada por la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Aún está pendiente que la Sala de lo Constitucional resuelva la controversia generada por el veto presidencial sobre la participación de los ciudadanos en el exterior, de modo que se ignora a estas alturas si ese contingente cercano al medio millón de personas con DUI en el exterior, podrán empadronarse si deciden participar en las elecciones del 28 de marzo.
Los desafíos del distanciamiento social, la protección con mascarillas y la limpieza de manos le impone al TSE elementos nuevos para organizar la ubicación de Juntas Receptoras de Votos y la capacitación de los integrantes para su autoprotección y la de quienes asistan a ejercer el sufragio; pues es de prever que en el próximo año, la humanidad entera seguirá luchando contra ese enemigo silenciosos llamado COVID-19.
El reto de los partidos para proponer integrantes de los organismos electorales temporales en el nivel departamental, municipal y en JRV, está próximo a llegar en el mes de septiembre y octubre, un paso difícil para cualquier partido que por meses ha tenido la restricción de reunir a su membresía. La ley establece que en caso en que los partidos no propongan miembros para JRV, el TSE sorteará la asignación entre las y los ciudadanos que estén en el respectivo padrón municipal, lo cual representa serias dificultades para la capacitación.
Todos estos problemas lógicos de una situación inesperada podrían enfrentarse de buena manera si el ambiente de los actores políticos sujetos a competir, que son los partidos políticos, contribuyen con el TSE cumpliendo su deber de contribuir a la formación cívica de la ciudadanía para fortalecer la democracia. Desafortunadamente el ambiente político se ve alterado desde que el 9 de febrero el jefe de Gobierno, hiciera el ataque más brutal a la institucionalidad democrática del país tomando militarmente el palacio legislativo y amenazando a los diputados de oposición, lo que ha tenido continuidad en una campaña permanente del Gobierno contra los partidos representados en la Asamblea.
La pandemia postergó el abordaje de la crisis política iniciada el 9 de febrero por el presidente y miembros de su gabinete, pues ello representa el afán de control total y dictatorial del país cuya constitución crea un gobierno con poderes complementarios.
