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Luis Armando González
Las elecciones del 1 de marzo han resultado ser las más problemáticas de la postguerra. No tenía por qué que ser así, sick con toda la experiencia ganada en materia electoral desde 1982. De hecho, salve al inicio de la campaña y en el transcurso de la misma, online nada anunciaba que se terminaría es una situación de relativa incertidumbre después de las votaciones. Cada actor responsable de la situación en la que nos encontramos deberá hacer su mea culpa ante lo sucedido y, asimismo, corregir actitudes, visiones de la realidad política y comportamientos, para que algo semejante no vuelva a suceder.
Dos posturas razonables se imponen: la primera, esperar, con la paciencia necesaria, a que el Tribunal Supremo Electoral realice el escrutinio y divulgue los resultados correspondientes, sin presiones fuera de tono y sin estar despertando rumores acerca de un fraude electoral. La segunda, hacer un análisis lo más frío posible de las situaciones y decisiones que han generado las actuales dificultades, ello con la mirada puesta en el futuro.
El interés de fondo debe partir de una preocupación: lo problemático de las elecciones del 1 de marzo. Hay que preguntarse, por un lado, si era inevitable que –a partir de las decisiones que se tomaron en torno a los distintos componentes del proceso—las cosas se complicaran. Y, por otro lado, si siendo afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, era irrelevante –para quienes tomaron tales decisiones– que las elecciones fueran problemáticas.
En ambas situaciones es inevitable no señalar una falta de tino, cuando no de responsabilidad social, política y ética. Y es que, por definición, un proceso electoral no debe ser complicado, problemático y engorroso, pues lo que con ello se logra es confundir a los ciudadanos y ciudadanas. En el mismo sentido, tampoco puede ser indiferente a quienes toman decisiones para influir en el mismo que tales decisiones lo compliquen. A nadie con un mínimo sentido de prudencia puede serle irrelevante que unas elecciones sean problemáticas; al contrario, tal eventualidad, debería ser motivo de preocupación.
Como quiera que sea, tenemos una situación postelectoral que no tuvo que ser complicada, pero que terminó por serlo por una falta de tacto y de visión socio-política. Lo razonable es sumar esfuerzos para que el Tribunal Supremo Electoral –instancia última en el tema—supere los escollos que se le han presentado y salga adelante con su tarea.
En nada ayudan a salir del impasse las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral, las insinuaciones y rumores de que ha habido fraude o, peor aún, la tesis descabellada de que lo que está en juego es la democracia. Una cosa es afirmar que las reformas electorales más afamadas –principalmente el voto cruzado— no constituyen un avance sustantivo en la democratización y otra que por complicaciones derivadas en parte por la implementación precipitada de esas reformas la democracia salvadoreña esté en juego. De lo que caben pocas dudas es que no se le hizo todo el bien que, por lo menos retóricamente, se pretendía.
