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Jaime Edwin Martínez Ventura. Abogado
En artículos anteriores he sostenido que uno de los efectos positivos que dejarán las presentes elecciones presidenciales, look a definirse en 2ª vuelta el próximo 9 de marzo, cure será la mayor oportunidad que se abrirá para la construcción de un Plan de Nación, pills el cual requiere como pilar fundamental, la más amplia concertación política y social posible. Independientemente del partido que gane, por sí solo no será capaz de generar la suficiente gobernabilidad, crucial para poder desarrollar su respectivo programa de gobierno y para enfrentar los principales problemas del país. El mayor desafío de esta concertación para el partido ganador, será incorporar a su principal contendiente, es decir, al otro partido que participa en esta segundo ronda electoral. Al calor de la disputa electoral, tal concertación parece impensable, especialmente porque el partido de oposición y sus aliados enfocan su campaña en una falsa y maniquea disyuntiva, según la cual, si no ganan ellos, se impondrá un régimen dictatorial o autoritario similar a lo que ellos consideran es el actual gobierno de Venezuela. Sin embargo, paradójicamente, la misma campaña proselitista arroja indicios claros de que un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas del país es perfectamente posible, ya que, a raíz de la amplia aprobación que tuvieron las propuestas del FMLN mediante la contundente victoria del 2 de febrero, el partido ARENA no tuvo más opción que ofrecer propuestas similares en esta 2ª vuelta electoral, particularmente en dos de las áreas más sensibles para la población: en materia social, ARENA ofrece no solo continuar, sino ampliar y mejorar los programas sociales del gobierno actual que inicialmente proponía suprimir por considerarlos un despilfarro. En el área de seguridad pública, ahora ARENA ya no propone “hacer lo que tenga que hacer para acabar con las maras”; ofrece generar oportunidades paras los jóvenes, como parte de una políticas de seguridad pública integral, con énfasis en la prevención social de la delincuencia y la violencia, similar a la propuesta del partido de gobierno. En todo caso, un Plan de Nación va más allá de lo programas sociales y de la política de seguridad pública; debe incluir también, entre otros asuntos, un pacto fiscal y económico, que establezca acuerdos fundamentales para la generación de empleos, especialmente para las y los jóvenes; la potenciación de la inversión nacional y extranjera, particularmente con la reactivación de la agricultura y la industria; el equilibrio de las finanzas públicas, el combate a la evasión y la elusión de impuestos e incluso no se debe descartar la necesidad de nuevos impuestos a los sectores que puedan pagar más, a fin de asegurar el incremento de los ingresos estatales y garantizar así la inversión en políticas sociales, seguridad pública e infraestructura económica. Asimismo, un Plan de Nación debe incluir un pacto por la probidad en el manejo de las finanzas y recursos estatales, y un compromiso inter partidario de prevención, detección, procesamiento, enjuiciamiento y sanción de la corrupción pública y privada.
Por otra parte, además de los elementos que puede contener un Plan de Nación, debe también considerarse cuáles serán los fundamentos o las fuentes del referido plan. Al respecto, algo que debe ser indiscutible, aunque no absoluto, es que el programa de gobierno del partido que resulte ganador, deberá ser el eje principal de ese Plan de Nación, habida cuenta que será la propuesta que contará con el voto de la mayoría de la población y que “la oferta electoral de un partido político victorioso pierde su carácter partidario y se transforma en políticas públicas del Estado”, según lo dictado en la reciente sentencia de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo que regulaba el proselitismo electoral de los funcionarios y empleados públicos (V. Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Inconstitucionalidad 8-2014, p. 22). Es decir, sin que se convierta en normas pétreas, el programa de gobierno del partido ganador debe ser el eje alrededor del cual deberá analizarse, discutirse, observarse, mejorarse y ampliarse los aspectos necesarios que permitan la construcción del referido Plan de Nación, con la participación de los demás partidos políticos y otros actores sociales y políticos. Pretender desconocer o cambiar radicalmente dicho programa, equivaldría a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
Otro fundamento primordial para cualquier Plan de Nación, es el respeto a la Constitución de la República y a los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho que ella proclama. La Constitución de la República de El Salvador de 1983, adopta un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Esto puede ser increíble para algunos sectores sociales, políticos y culturales conservadores y reaccionarios que asocian mecánicamente el concepto de Estado Social a socialismo o comunismo. También puede resultar inaceptable y contradictorio para sectores progresistas y de izquierda, dado que esta Constitución fue sancionada por una Asamblea Constituyente integrada por partidos políticos de derecha, bajo la presidencia del fundador del principal partido de derecha, en el contexto de una estrategia política contrainsurgente.
Este no es el espacio para discutir y dirimir si efectivamente o no nuestra Constitución adopta una modalidad de Estado Social y Democrático de Derecho; en todo caso, se trataría de un modelo tímido e imperfecto. Pero lo que no puede ignorarse y, por el contario, debe tenerse muy presente al momento de discutir, proponer y acordar los fundamentos, principios, objetivos, metas y acciones de un Plan de Nación, son aquellas disposiciones constitucionales que ponen de relieve el contenido social de nuestra Carta Magna; siendo las más importantes las siguientes :
“PREÁMBULO:
NOSOTROS, REPRESENTANTES DEL PUEBLO SALVADOREÑO REUNIDOS EN ASAMBLEA CONSTITUYENTE, (…) ANIMADOS DEL FERVIENTE DESEO DE ESTABLECER LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA NACIONAL CON BASE EN EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, ESENCIA DE LA DEMOCRACIA Y AL ESPÍRITU DE LIBERTAD Y JUSTICIA, VALORES DE NUESTRA HERENCIA HUMANISTA, DECRETAMOS, SANCIONAMOS Y PROCLAMAMOS, la siguiente CONSTITUCIÓN”
Art. 1, inciso 1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
Art. 1, inciso 3.- En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
Art. 37.- El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio.
El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna.
TITULO V ORDEN ECONÓMICO
Art. 101.- El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano.
El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.
Art. 102.- Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social.
El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.
Art. 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.
Art. 119.- Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda.”
Puede observarse claramente que las citadas disposiciones establecen un régimen de libertades individuales y económicas, lo cual no es incompatible con la preeminencia que la Constitución señala para los valores y principios de dignidad humana, bien común, interés social, trabajo y propiedad privada en función social, vida digna de trabajadores y sus familias, que a mi juicio tienen como corolario y máxima expresión en la justicia social, fundamento indispensable para cualquier Plan de Nación.
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