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Según FESPAD el financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente una herramienta para propiciar la equidad en las contiendas electorales, permitiendo que diversas fuerzas políticas, independientemente de su capacidad económica, puedan participar en igualdad de condiciones.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) alertó que la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos afecta la participación ciudadana, esto tras la reforma constitucional que realizó Nuevas Ideas.
La reforma constitucional que elimina el artículo 210 de la Constitución de la República, suprimiendo así el financiamiento público a los partidos políticos, “forma parte de la tendencia a reducir la participación ciudadana en la conducción del Estado”, comentó FESPAD en un comunicado.
La Fundación plantea que la eliminación de la deuda política, si bien puede interpretarse como “una medida de austeridad”, plantea serias implicaciones para el sistema político salvadoreño. Y es que según planteó FESPAD, el financiamiento público a los partidos políticos ha sido históricamente una herramienta para propiciar la equidad en las contiendas electorales, permitiendo que diversas fuerzas políticas, independientemente de su capacidad económica, puedan participar en igualdad de condiciones.
Al eliminar dicho financiamiento, “se corre el riesgo de que solo aquellos partidos con acceso a recursos económicos privados significativos puedan competir efectivamente, lo que podría distorsionar aún más la representación política y favorecer intereses particulares sobre el bien común”.
Esa medida, además, ”desestimula la organización de la ciudadanía en partidos políticos para participar en asuntos públicos. La supresión del financiamiento público a los partidos políticos tiene un impacto directo en su capacidad para ejercer su función mediadora entre la ciudadanía y el Estado”.
Es de recordar que la deuda política era un mecanismo utilizado del fondo general para financiar las campañas electorales de partidos políticos con el fin de que la ciudadanía tenga representación en el sistema político.
En ese contexto, FESPAD argumentó que los partidos políticos, en una democracia representativa, no solo canalizan las demandas ciudadanas hacia las instituciones del Estado, sino que también estructuran el debate político, articulan programas de gobierno y facilitan la participación electoral de sectores diversos de la población. Además, promueven el pluralismo político e ideológico “que toda democracia debería conservar”.
Con la eliminación de la deuda política, “se limita el acceso equitativo a recursos que permiten a los partidos representar genuinamente a sus bases y desarrollar agendas políticas que respondan a intereses colectivos, no solo a los de sectores económicamente privilegiados”, consideró FESPAD, esto, ya que el partido oficial ignora demandas colectivas en diferentes aristas como agua, minería, derechos humanos, economía y son precisamente los partidos alternativos quienes acompañan las luchas sociales.
“Lo anterior es aún más cuestionable si se toma en cuenta el mecanismo expedito e inconsulto con que se ha hecho, excluyendo a la ciudadanía del debate de un aspecto tan crucial para la vida del país. La combinación de la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la utilización de mecanismos expeditos para reformar la Constitución sienta un precedente peligroso”, añadió FESPAD.
Dichas acciones se suman “a la concentración del poder que se viene experimentando desde 2021, debilitando los contrapesos institucionales y erosionando el sistema de representación democrática”.
FESPAD puntualizó que no se debe naturalizar procesos de este tipo para modificar la norma fundamental de El Salvador. Es de recordar que la Asamblea reformó el Art. 248 de la Cn. para que una sola legislatura pueda reformar la Carta Magna.
FESPAD concluyó que, con la reforma constitucional, el catálogo de derechos fundamentales de la población queda sujeto “al más imprevisible capricho o agenda política inmediatista, algo totalmente inaceptable para la vida digna de las personas”.
