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@arpassv
Según denuncia el ambientalista Ricardo Navarro, physician la Embajada de Estados Unidos presiona en favor de Monsanto, la mayor distribuidora de semillas transgénicas en el mundo. El presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA) señala que la embajadora Mari Carmen Aponte exige, como condición para firmar el FOMILENIO II, que el gobierno compre a la transnacional estadounidense las semillas de los paquete agrícolas.
Actualmente las semillas del Programa Agricultura Familiar son compradas a cooperativas agrícolas del Bajo Lempa. Y, de comprársela ahora a Monsanto, el gobierno dejaría de favorecer a los productores nacionales y pondría al país en riesgo de perder la soberanía alimentaria y sufrir los eventuales daños sociales, ambientales y económicos de las semillas transgénicas.
Antes de establecerla como condición para firmar el FOMILENIO II, la Embajada presionó por la compra de semillas a Monsanto a través del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). Este tratado permite a transnacionales estadounidenses acceder a las compras estatales y a ser tratadas como empresas nacionales. En este caso, el gobierno está obligado a tratar como iguales a Monsanto y a las asociaciones de pequeños productores agrícolas.
Entre sus absurdas disposiciones, el CAFTA también permite a las empresas transnacionales demandar al Estado cuando incumpla esas reglas leoninas. O sea, Monsanto podrá demandar al país en un tribunal internacional si el gobierno no le compra sus semillas transgénicas para los paquetes agrícolas. Son las “bondades” del libre comercio que nos impusieron los gobiernos de ARENA, FUSADES, ANEP y los grandes medios de comunicación.
¿Qué hacer frente a esta tragedia? Frente al FOMILENIO, el gobierno debe considerar en serio la opción de renunciar a dicha donación estadounidense si persisten el chantaje y las presiones inaceptables de la embajada norteamericana. La soberanía, autodeterminación y dignidad nacional no valen 280 millones de dólares. Estos fondos podrían obtenerse apretando un poco la tuerca de la evasión fiscal que ronda los mil millones de dólares anuales.
Y respecto al CAFTA, el país entero debe exigir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una pronta declaratoria de inconstitucionalidad del referido tratado comercial. La Sala lleva meses diciendo que pronto va a resolver, que ya está lista la sentencia; pero algo le impide hacerlo: ¿serán el lobby y las presiones de la Embajada de Monsanto?
