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Mari Carmen Aponte, embajadora de los Estados Unidos para El Salvador, avala que caso CEl EnEl sea judicializado en El Salvador por sus propias leyes. Foto Diario Co Latino.

Embajadora Aponte insta que sea “adjudicado” bajo  leyes Salvadoreñas

@JoakinSalazar

La Embajadora de Estados Unidos para El Salvador Mari Carmen Aponte informó que la embajada vigila el caso judicial de los ex funcionarios de gobierno y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) debido a que, viagra entre los acusados hay dos ciudadanos estadounidenses, pharmacy por lo que insta a que al proceso le sean aplicadas las leyes de El Salvador.

Los salvadoreños con ciudadanía estadounidense son el ex ministro de Economía Miguel Lacayo y el ex directivo de la CEL Thomas Hawk, quienes enfrentan a la justicia salvadoreña por el delito de Peculado.

Hawk y Lacayo son parte de los ocho implicados en el Caso CEL- Enel, que según la parte fiscal son involucrados por crear normativas internas y favorecer a la empresa italiana para la adjudicación de la geotermia salvadoreña, durante los años de su gestión.

“Estamos observando de cerca el caso, yo me he reunido con dos ciudadanos  americanos que están implicados en este caso, a esas reuniones no fui solo yo, sino que varios funcionarios de la embajada”, expresó la diplomática.

Asimismo, Aponte explicó que la Embajada de Estados Unidos ha tenido conversaciones con altos mandos de El Salvador, a quienes les han externado su preocupación para que el caso obtenga una resolución.

“Debe ser resuelto lo más pronto posible y que se adjudique de acuerdo a las leyes salvadoreñas”, reiteró la diplomática.

Algunos medios de comunicación de derecha afirman que la judicialización y posible condena contra los implicados “podría generar conflictos” del Acuerdo Marco establecido entre el Estado Salvadoreño y la empresa Italiana Enel Green Power, en diciembre del año pasado.

Además, la defensa de los implicados en declaraciones comenta que “el caso CEL Enel daña la imagen de El Salvador”, debido a que se corre riesgo que el Gobierno Estadounidense y empresas privadas no inviertan económicamente en el país, por continuar con la judicialización del caso contra los ocho implicados.

Anteriormente,  la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó absolver  de responsabilidad Civil a los ocho implicados, bajo el Acuerdo Marco Firmado por el Fiscal General Luis Martínez,  pese a ello la representación legal de la CEL se negó a dicha solicitud, lo que llevó  al Juez séptimo de Instrucción  Miguel García a decretar que los implicados pasen a proceso de Juicio, bajo la referencia que deben enfrentar la responsabilidad civil y responsabilidad penal del caso.

Pese a las críticas, los ocho implicados esperan para que un juzgado de sentencia establezca la fecha de vista pública, que deberán enfrentar por el delito de Peculado.

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