Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor de la Asamblea votó a favor del anteproyecto de la Ley de la Persona Adulta Mayor.
La novedad de la ley es que deja atrás el enfoque en el que se ve al adulto mayor con lástima o con infantilización de que es como un niño.
El enfoque es meramente de derechos humanos y de reconocer lo productivo que son las personas adultas mayores y, además, reconocer la experiencia y el aporte que le dieron a la vida económica y productiva de la sociedad salvadoreña, señaló David Reyes, presidente de la comisión de la familia.
Con esta ley se crearán multas cuando haya una violación a los derechos de las personas adultas mayores y discriminación entre otros. Las multas pueden ir de uno a nueve salarios mínimos.
Para ello será el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), el encargado de imponer estas sanciones, agregó Reyes.
La normativa también contempla que las municipalidades deberán desarrollar programas de atención para la persona adulta mayor, así como gestionar colaboración técnica y financiera para este fin.
Además, apoyar y facilitar dentro de sus capacidades todo programa que implemente cualquier institución pública o privada en favor de este sector de la población.
Toda persona adulta mayor que no tenga la forma de sobrevivir se le podría dar una compensación, dijo Reyes, pero esto dependerá del futuro del país, porque el Gobierno central tiene que trabajar de la mano con esta normativa si se llegase a concretar en ley.
En la comisión se leyó un artículo donde establece que se otorga progresivamente pensiones complementarias a quienes reciban un monto menor a la pensión básica universal. Una de las organizaciones dentro de la Mesa Nacional del Adulto Mayor de la PDDH acompañó y mencionó que hay adultos mayores con pensiones de tres dólares, ante esto, los diputados quieren que se aumente a 50 dólares, y que aún es insuficiente señalaron los legisladores: sin embargo, el Ministerio de Hacienda informó a la comisión que cuando exista disponibilidad de fondos estos serán entregados.
Por otra parte, se pretenderá a través del CONAIPAM que se proponga que se disminuya el costo de el Documento Único de Identidad (DUI), así como descuentos en la compra de medicamentos y atención médica.
El Estado a través de los registros del Estado familiar de cada municipio en coordinación con el Registro Nacional de las Personas Naturales y la Procuraduría General de la República Implementará medidas y programas enfocados a: crear las condiciones que permitan facilitar y promover el ejercicio del derecho de identidad e identificación de las personas adultas mayores. Establecer procedimientos ágiles y sencillos para el registro de los asientos de los nacimientos de las personas adultas mayores que carecen del mismo.
“Van a tener accesibilidad del derecho a ser insertados en la sociedad porque aíslan a los adultos mayores. Las alcaldías deberán tener programas y ayuda para las personas mayores”, dijo Eileen Romero, diputada miembro de la comisión de la familia.
Yolanda Fabián, de la Mesa del Adulto Mayor, expresó que hay 1.2 millones de adultos mayores en el país, de los cuales alrededor de 300,000 reciben algún tipo de ingreso, ya sea pensión, seguro social o familia que los apoya, pero el resto, los 900,000 adultos mayores no cuentan con algún ingreso. “Los adultos mayores son poblaciones que son maltratadas por una cultura que no está acostumbrada a honrar”, señaló