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Redacción Nacionales
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A través de un memorándum, la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Julia del Cid, notificó a los magistrados de Segunda Instancia, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz, que el presidente del órgano Judicial, Óscar Jerez, pidió un informe con el nombre, cargo y edad de los empleados de sedes judiciales.
Los empleados del órgano Judicial, CSJ, y Medicina Legal, temen una ola de despedidos enfocada a los de mayor antigüedad, a quienes se les está haciendo creer que el próximo año serán cesados de sus puestos si no renuncian o no se acogen a la compensación económica existente en dicha institución del Estado.
“El informe requerido deberá ser rendido a más tardar el próximo viernes 19 de los corrientes, deberá ser enviado en formato digital al correo electrónico: [email protected]; la información que se proporcione estará sujeta a poder ser verificada con un levantamiento de gestión, según lo considere oportuno la presidencia de esta Corte”, se lee en el documento.
También se solicitó a magistrados y jueces información sobre la carga laboral en las sedes, así como la cantidad de procesos iniciados antes del 1 de mayo de 2021, los recibidos después, los que ya les dieron salida y los cuales están sin resolver.
Según los empleados, a través de sus emisarios los sindicatos oficialistas están intimidando a la clase trabajadora favoreciendo así la patronal, por lo cual, han dicho que no firmarán ningún documento sin antes estar seguros del contenido.
Mientras tanto, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) señaló que en algunos Ministerios y autónomas del Estado se ha obligado a renunciar a personal técnico que ha desempeñado con responsabilidad y eficiencia sus funciones.
Asimismo, externó que hace unas semanas el ministro de Hacienda presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de modificación a la Ley de Salarios del actual Presupuesto General de la Nación, donde solicitó cerrar las plazas adscritas a cinco secretarias del gobierno, sin el cumplimiento de todos los procedimientos legales.
PROES reiteró que ese proyecto no debe ser aprobado porque no se sustenta en una evaluación organizativa ni un estudio financiero que justifique el cierre de plazas, tal como lo exige el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil.
